Desvinculan a más de 70 funcionarios en municipio de Coquimbo: anuncian demanda

A un total de 74 funcionarios de la municipalidad de Coquimbo no se les renovaron sus contratos a honorarios, lo que ha provocado que éstos reclamen que se trata de despidos y anuncian acciones legales en los tribunales laborales.

De hecho, algunos de ellos ya han recurrido a asesoría legal y en los próximos días estarían ingresando las causas para exigir indemnizaciones, pago de cotizaciones y otros beneficios que dicen les corresponde.

En esa línea, el abogado Joseph Rivera, señaló que tienen lista la demanda para ingresarla al Juzgado del Trabajo de La Serena, explicando que la acción sería por “el reconocimiento de la relación laboral, el despido injustificado e improcedente y además del cobro de las prestaciones legales, o sea, laborales de los trabajadores. Junto con las indemnizaciones también”, indicó el profesional.

En esa línea, el abogado Rivera sostiene que la gran mayoría de las personas que representa (15) se encuentran sujetos a los contratos de honorarios. “Sin embargo, como nosotros vamos a probar en el Juzgado del Trabajo estos contratos honorarios como lo dice la ley, específicamente el artículo 4 de la ley 18.883, que es la ley del Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, la ley permite que se pueda contratar honorarios, pero siempre y cuando sean labores accidentales y que no sean habituales. Pero en el caso de  las personas que yo represento, hay una habitualidad, por lo tanto, aquí se hacen contratos honorarios, pero se disfrazan y, en definitiva, son contratos de trabajo”, asegura Joseph Rivera.

Asimismo, dice que prueba de ello es que muchos de los trabajadores que representa llevaban 10 años, 15 y otros 24 años laborando. “Entonces de qué estamos hablando, ¿no hay habitualidad en eso? Además, les hacían cumplir horario de lunes a viernes, obedecían órdenes, por lo tanto, estaban bajo condiciones de subordinación y dependencia, porque tenían una jurisdicción, tenían funciones que cumplir”, indica.

PAGO DE INDEMNIZACIONES

Consultado qué buscaban con las acciones legales que iniciarán, el abogado Joseph Rivera indicó que perseguían la cancelación de los años de servicio, las imposiciones, las vacaciones proporcionales, los días administrativos y el mes de garantía o indemnización. 

“También buscamos que se le pague el interés del 50%, porque el despido fue mal ejecutado. En definitiva, el grupo que yo represento estamos hablando de más de 100 millones de pesos”, dijo.

El profesional plantea que todos esos pagos corresponden, luego que en la práctica es un despido y no la renovación del contrato, como argumentaría el municipio, después que cada tres meses los estaban haciendo firmar un contrato . “Incluso, a uno de mis representados hace unos días le habían hecho firmar el contrato por un aumento a 550 mil pesos, y después lo despidieron. Entonces, ellos están muy afectados, porque sienten que jugaron con sus ilusiones, con sus proyectos y, sobre todo, las personas que represento hay muchas con diversos problemas de salud, con problemas de audición, otro trabajador que se dializa, entonces ellos de verdad quedaron muy afectados”, afirma.

RESPUESTA MUNICIPAL

En tanto, desde el municipio de Coquimbo, tras hacer las consultas pertinentes, señalaron que se habían hecho las evaluaciones pertinentes antes de decidir no hacer la renovación de contratos que vencían en junio.

“Los casos corresponden a prestadores de servicios que tenían contrato vigente hasta el 30 de junio del 2025, a quienes considerando los informes fundados de sus jefaturas no se les suscribió un nuevo contrato para julio.  Las decisiones obedecieron a criterios objetivos, evaluados por cada jefatura”, señalaron mediante un escrito.

Por otra parte, algunos de los funcionarios a los que no se les renovó el contrato, dieron cuenta de los sorpresivo que fue esta determinación para ellos.

Es el caso de Cecilia Cortés, quien trabajó 27 años en el municipio, por lo que la medida la pilló de sorpresa, porque señala que la llamaron y le entregaron una carta donde no se explicaba mucho y perdió su empleo.
“Me considero una buena funcionaria y no encontré ningún motivo por el cual me habían despedido. No me pagaron imposiciones desde el año 2006, solamente el sueldo, nada más”, dice.

No obstante explica que si bien trabajó desde el año 1998 en el municipio, el  2006 la despidieron y le pagaron todo, pero a partir de ahí le cambiaron las condiciones a honorario y dejaron de pagarle los otros beneficios, como imposiciones, a pesar que cumplía horario. “Yo tenía un horario de 8:30 a 17:30 horas de lunes a jueves y el día viernes de 08:30 a 16:30. Marcábamos ingreso y salida con la huella digital”, señaló, lamentando que como adulta mayor se le haría imposible encontrar un nuevo trabajo, por lo que quedaba en la indefensión.

Lo propio señaló Fernando Jofré, quien prestó servicios desde el 2018 como operario en las cámaras de vigilancia. “En mi caso, de la noche a la mañana me avisaron que estaba despedido, lo más raro que me parece es que me hayan despedido y ahora siguen contratando gente. Nunca tuve una amonestación, nunca fallaba”, dice.

Jofré también está demandando el pago su previsión y otros beneficios, además de despido injustificado.