Creen “complejo” tipificar delito que busca erradicar a cuidadores ilegales de autos

Producto de una serie de  denuncias por cobros indebidos y situaciones de violencia en espacios públicos que se han conocido en el último tiempo, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados inició la discusión de un proyecto de ley que busca sancionar el ejercicio ilegal del cuidado de vehículos en las calles del país.

La iniciativa propone multas y penas de cárcel de hasta 540 días para quienes ejerzan esta actividad sin autorización. Según los parlamentarios que impulsan el proyecto, muchos de estos cuidadores operan en zonas controladas por mafias, donde se exige dinero a los automovilistas sin prestar un servicio real. En algunos casos, los conductores pagan por temor a represalias.

En efecto, el 12 de mayo ingresó la moción que es de autoría del diputado Cristian Araya y busca agregar un nuevo artículo al Código Penal, en donde se tipifique “ilegalmente la actividad de estacionar o acomodar automóviles”.
En ese sentido, el 14 de julio, la moción fue revisada por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, que es donde se está analizando la procedencia de este proyecto, y dicha instancia resolvió solicitar el acuerdo de la Sala para refundir este proyecto con otro anterior que había ingresado como moción parlamentaria. La diferencia es que dicho proyecto indicaba que tanto los cuidadores como limpiaparabrisas debían registrarse en las municipalidades respectivas y también establecía un castigo penal en menor grado.

APOYO PARLAMENTARIO 

Al respecto, la diputada Carolina Tello sostuvo que “regular la actividad de los cuidadores informales de vehículos va en la dirección correcta. Es una medida necesaria para reforzar la seguridad en el espacio público y abordar situaciones que generan tensión en distintas ciudades del país, incluida nuestra región. Pero esta regulación también debe ser una oportunidad para avanzar en la formalización y en el acceso a trabajo digno, sin criminalizar la pobreza. Los municipios deben tener un rol protagónico, con herramientas para ordenar, fiscalizar y acompañar con enfoque social a quienes hoy realizan estas labores por necesidad”, indicó.

Por su parte, el diputado Marco Antonio Sultantay, comentó que “este, como prácticamente todos los proyectos de seguridad, no tiene urgencia de tramitación por parte del gobierno. La crisis de seguridad es tan profunda y evidente, que todas las iniciativas destinadas a corregir o erradicar situaciones que se traducen en faltas o derechamente delitos, son valiosas”. 
En este caso, aseveró que “sabemos que muchos delincuentes se escudan en este ‘oficio’ de limpiaparabrisas. Como lo señalé, se necesita el compromiso del gobierno para enfrentar esta problemática”.

En tanto, el diputado Juan Manuel Fuenzalida, dijo que “hemos escuchado a las distintas asociaciones de municipios que nos plantean la necesidad de poder terminar con estas situaciones irregulares sin perjuicio que hoy, tienen a través de las ordenanzas, las herramientas para poder sacarlos de esta situación en las calles. Sin embargo, queremos reforzar eso con el proyecto de ley que ya está instalado en lo que es la Ley de Seguridad Municipal que se está discutiendo en el Senado”, complementó.

NORMA CON DUDOSA EFICACIA 

Sin embargo, para Rodolfo Bórquez, abogado penalista y socio de DBa Abogados, “este tipo de normas tienen una dudosa eficacia. Yo creo que hay muchas conductas que no pueden solucionarse mediante la dictación de leyes. De este modo se puede penalizar el aborto y la gente seguía realizando abortos igual. Se puede penalizar el tráfico y el consumo de droga y la gente sigue consumiendo drogas igual”.

El profesional explica que “Estados Unidos es uno de los ejemplos más claros con la ley de prohibición de alcoholes en la década el de los años 20. Lo único que sabemos es que no dio resultado y lo que vino a generar fueron más daños a la sociedad porque provocaron el surgimiento de verdaderas mafias de tráfico ilegal de alcohol en esa época”, explicó.

En esa línea, enfatizó en que “la ley de la prohibición de alcohol en Estados Unidos es el ejemplo más claro de que no siempre vas a cambiar las conductas sociales a través de leyes”.

Respecto a la ley que busca sancionar a los acomodadores informales, advirtió que “no sé cómo van a intentar poner en práctica esta norma, toda vez que a a ser muy difícil identificar quién es cuidador o no. En la práctica gran parte de estos acomodadores y cuidadores se ponen un chaleco reflectante y con eso creen que tienen una especie de autorización social para ayudar a la gente a estacionarse lo que no es así. Pero basta con que se saquen el chaleco y digan que no están realizando esa actividad, por  lo que va a ser un delito de muy difícil persecución práctica”.

Otro problema al cual se podrían enfrentar las autoridades es “cuál va a ser la relevancia que este tipo de delitos va a tener para la persecución penal del Ministerio Público, teniendo en cuenta que estas personas si son formalizadas por este tipo de delito, van a tener derecho a defensa y claramente va a ejercer las acciones que los abogados defensores solemos realizar, y eso va a alargar los procesos y va a generar una sobrecarga importante en el Ministerio Público que es una institución que ya viene señalando hace mucho tiempo que están con una sobrecarga de trabajo”, remarcó.

Asimismo, sostuvo que “es importante tener en cuenta que estas personas efectivamente, en muchas oportunidades, sí son violentas y están relacionadas también en gran cantidad de casos con otro tipo de delitos, que dicen en relación con amenazas, daños a la propiedad y a los propios vehículos. Incluso pueden llegar a tener delitos de mayor gravedad como son las lesiones cuando agreden a las personas que se están estacionando. Entonces, tipificar un nuevo delito por el hecho de la mera actividad de acomodar un vehículo, no sé si sea la solución al establecimiento de estas verdaderas mafias que se apropian de los espacios públicos”.

En esa línea, puntualizó que “estas verdaderas mafias que se apropian de los espacios públicos, no están relacionadas directamente con estacionar o acomodar ilegalmente o no vehículo. Es un tema mucho más de fondo que está relacionado con el ámbito de la disminución en la seguridad que el Estado está entregando a sus ciudadanos. Hoy en día, si me preguntan a mí como abogado, yo creo que la contraprestación de los márgenes de seguridad que el Estado me está entregando a cambio de los impuestos que yo estoy pagando como ciudadano no es equivalente ni aceptable, por cuanto los ciudadanos estamos pagando más impuestos en sostener a un gran número de funcionarios públicos que no ganan malos sueldos, a costa de un servicio de seguridad que el Estado nos ofrece con el manejo del monopolio de la fuerza para entregarnos seguridad y que hoy día no nos está entregando”, reflexionó.

En efecto, agregó que “esto no se da solamente con los acomodadores de vehículos; se da con una serie de delitos, algunos muy violentos que hoy en día se encuentran sin ningún control y con muy bajo ámbito de acción para los agentes del Estado”.