Condenan a agresor sexual en Monte Patria tras crucial denuncia de escuela

Por:  Martha Hecherdorsf    

El Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle condenó a un hombre a 11 años de cárcel por violación y abuso sexual continuado de una menor de 11 años en Monte Patria. Los hechos ocurrieron entre 2020 y 2022 y la sentencia reflejó la gravedad de los delitos y la certeza con que fueron probados en el juicio.

Según la Fiscalía, el imputado cometió reiterados abusos sexuales con contacto físico desde 2020 hasta principios de 2021 y posteriormente violaciones entre enero de 2021 y febrero de 2022, al interior del domicilio de la víctima, aprovechando la confianza depositada en él por la familia. Tras la audiencia de juicio, el tribunal determinó 4 años de presidio por abuso sexual continuado y 7 años por violación continuada, todos con cumplimiento efectivo.

La fiscal de delitos sexuales de ovalle, rocío valdivia, destacó que  “Resultó absolutamente relevante el testimonio de la víctima, así como el de los funcionarios de la escuela que son parte del equipo de convivencia, quienes recibieron la develación del hecho, activaron el protocolo, denunciaron y derivaron el caso a la Fiscalía, así como también declararon en el juicio. Fue absolutamente relevante además el testimonio de una asistente social y un psicólogo, funcionarios de Monte Patria, a cargo de la recuperación emocional de la víctima”, explicó.

Protocolos escolares

La Secretaría Regional Ministerial de Educación de Coquimbo indicó que: “Los establecimientos educacionales cuentan con protocolos específicos para la identificación y actuación frente a distintos tipos de situaciones. Estos están diseñados para ser aplicados por equipos directivos, encargados de convivencia escolar y profesionales del área, quienes reciben capacitación para actuar de manera oportuna y respetuosa ante cualquier tipo de sospecha o denuncia”, explicó. 

En este sentido, “impulsamos acciones preventivas en los establecimientos educacionales de la región, orientadas a fortalecer ambientes seguros con el fin de garantizar que cada estudiante pueda ejercer su derecho a educarse en un entorno protegido, libre de cualquier tipo de violencia”, señaló la Secretaría Regional Ministerial.

Este caso evidencia la efectividad de los protocolos escolares y del trabajo coordinado entre colegios y autoridades, subrayando la relevancia de que los niños y niñas tengan espacios seguros para comunicar situaciones de abuso, lo que permite que la justicia actúe con rapidez y eficacia.

De igual forma destaca la importancia del acompañamiento profesional y la aplicación de los protocolos en la protección de los niños.