Norambuena tras ampliar querella por pagos irregulares en la CGGV: “Se jugó con la salud y la educación”

Durante la mañana de ayer, en una sesión a puertas cerradas, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, comunicó al concejo municipal la decisión de ampliar la querella en el denominado “Caso Corporación Gabriel González Videla”. Más tarde, en una sesión abierta, la autoridad entregó detalles públicamente sobre las nuevas acciones judiciales que impulsa el municipio.

Norambuena explicó que esta medida responde a la exigencia de transparencia que la comunidad ha manifestado desde que estallaron las denuncias. “Seguimos investigando, y de acuerdo con todos los antecedentes entregados a la justicia, habrían existido órdenes de pago sin respaldo, contratos a honorarios inexistentes y personas fantasma”, señaló.

La alcaldesa agregó que también se detectaron conformidades de servicios sin verificación de materiales, lo que, según dijo, contribuyó directamente al deterioro financiero de la corporación. Por ello, reiteró su intención de ampliar la querella criminal interpuesta el pasado 7 de agosto, que ahora incluye a la exdirectora de Salud, Lorena Casarín, por hechos que configuran una posible administración desleal en dicha repartición durante el período anterior.

Asimismo, precisó que los nuevos antecedentes apuntan a pagos improcedentes y a graves fallas de control interno entre los años 2013 y 2024. “Estamos efectuando todas las diligencias para que esto no quede impune ante la ley”, afirmó la jefa comunal.
Norambuena añadió que el municipio está respaldando su acción judicial en los hallazgos del informe final N° 809 de la Contraloría General de la República, que acreditó pagos sin justificación por más de 700 millones de pesos.

“Este caso se transformará en una gran querella, porque se siguen sumando antecedentes y otras acciones de investigación. El déficit de la corporación es público: asciende a cerca de 86 mil millones de pesos, lo que la convierte en la más endeudada del país. Jamás hubo control, y los mismos que debían fiscalizar fueron quienes autorizaron ciertas situaciones internamente. Cuando no hay supervisión ni sistemas de control, ocurre lo que vemos hoy”, subrayó.

Finalmente, la alcaldesa lamentó la magnitud del daño provocado. “Aquí se jugó con la salud y la educación. Es doloroso, porque hay muchas personas afectadas, no hay recursos para comprar medicamentos ni para haber traspasado de forma digna al SLEP las escuelas que hoy están en grave deterioro”, puntualizó.