Gremios endurecen tono por sitios prioritarios: “Genera incertidumbre”

La ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), abrió un proceso histórico para definir qué territorios contarán con mayores resguardos legales. Se trata de los denominados “sitios prioritarios” y, hasta ahora, el listado preliminar de estos espacios elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente reconoce, bajo esta categoría, a 99 a nivel nacional.

En la actualidad, se encuentran abiertos distintos procesos de consulta ciudadana para poder determinar cuáles podrían ser estos sitios prioritarios, aunque también se pueden formular consultas o reparos a dichas ubicaciones. 

En la Región de Coquimbo figuran como “sitios prioritarios” la red de humedales costeros de Coquimbo y La Serena, como El Culebrón y la desembocadura del río Elqui, Punta Teatinos y Caleta Hornos, en el sector costero al norte de La Serena, la desembocadura del río Limarí, el humedal de la desmbocadura del río Quilimarí, el cerro Santa Inés y la costa de Pichidangui y la quebrada de Culimo, entre otros. 

Al respecto, Leonardo Gros, seremi de Medio Ambiente, explicó en su momento que “el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas corresponde a una necesidad que tiene el país de contar con un órgano institucional que se preocupe por el resguardo de nuestro patrimonio en biodiversidad. Es una ley que se discutió largamente, durante 12 años en el Parlamento, y donde todos los sectores políticos y las distintas miradas del país tuvieron la oportunidad de contribuir para su desarrollo. Hoy esta ley está vigente, y lo que a nosotros nos corresponde como funcionarios públicos es su implementación y aplicación”.

En esa línea, indicó que “como ministerio, estamos en pleno proceso de elaboración de los reglamentos, de consulta ciudadana e indígena, y de incorporación de todas las miradas, para que en las próximas etapas de implementación de este nuevo Servicio de Biodiversidad, todos y todas puedan ser considerados y sus opiniones integradas”.

SOFOFA: SE PONE EN RIESGO LA CERTEZA JURÍDICA

Desde la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), en tanto, se presentaron cinco ejes de observaciones para agrupar sus críticas al proceso de declaración de sitios prioritarios. 

En este contexto, según recoge el medio digital, Ex-Ante, la federación gremial presentó sus observaciones al proceso que propone que 99 polígonos sean declarados como “sitios prioritarios”, impulsada por el Ministerio del Medio Ambiente.

En efecto, los principales gremios empresariales del país se unieron hace una semana para manifestar su rechazo ante la implementación de la ley. Uno de los principales reparos expuesto por los gremios es que el proceso se está impulsando sin contar aún con los reglamentos que mandata la propia ley.

“Avanzar sin el reglamento y sin un análisis técnico adecuado pone en riesgo la certeza jurídica, la inversión y la legitimidad de la propia ley”, advierten.

Los gremios también lo han catalogado como un “congelamiento productivo” y una posible “expropiación regulatoria”. 

Una de las principales críticas de la SOFOFA es la ausencia de un marco normativo que regule el proceso. “El proceso avanza sin el reglamento dispuesto por la ley, lo que vulnera el principio de legalidad y debilita la base científica y participativa del procedimiento”, dice el documento al cual tuvo acceso Ex-Ante.

Agregaron que “al no existir criterios técnico-científicos definidos, se han aplicado metodologías insuficientes —basadas fundamentalmente en imágenes satelitales y sin que exista constancia de validación de campo ni consulta a expertos independientes—, generando incertidumbre jurídica y técnica sobre los resultados”.

El gremio también apuntó contra la afectación injustificada de la propiedad privada y de la libre iniciativa económica. “Las nuevas delimitaciones incluirían amplias extensiones de propiedad privada, generando restricciones sobre su uso sin compensación ni mecanismos de participación efectivos”, detallan.

Además, criticaron la extensión de los polígonos sin base legal, porque señalaron que el Ministerio de Medio Ambiente no cuenta con facultades legales para ampliar la superficie de los sitios existentes. “El mandato legal es homologar, no expandir”, indicaron.

También advirtieron que hay decisiones sin fundamentación técnica suficiente y deficiencias metodológicas en el levantamiento de información, donde no se exponen las razones por las cuales se seleccionan o excluyen ciertos sitios.

Sostuvieron además. que la metodología utilizada carece de validación científica independiente, indicadores claros y revisión técnica, lo que genera incertidumbre sobre la calidad de los datos y la representatividad de las zonas propuestas.

Asimismo, para SOFOFA, el proceso no pondera adecuadamente el principio de desarrollo sustentable, al no evaluar los impactos sociales y económicos que implica la nueva delimitación sobre la actividad productiva, el empleo y las comunidades locales.

GREMIOS LOCALES RESPALDA POSTURA DE SOFOFA

Al respecto, Ricardo Guerrero, gerente de la Corporación Industiral para el Desarrollo Regional de Coquimbo (CIDERE), comparte “las aprehensiones de SOFOFA con respecto a la declaración de 99 sitios prioritarios por parte del Ministerio del Medio Ambiente. Coincidimos en señalar que este acto se hizo sin que antes se haya terminado el reglamento que la propia ley 21.600 ordena crear para definir el procedimiento y los criterios necesarios declarar un sitio prioritario. También que no se ha considerado los derechos previamente constituidos de los propietarios de terrenos que aparecen comprendidos dentro de estos sitios prioritarios, a quienes se les impondrán obligaciones y limitaciones de uso en forma inconsulta”, puntualizó.

Según Guerrero, “estamos ante la amenaza de que se imponga una visión ambientalista extrema que limite las opciones que tenemos como país de desarrollarnos, crecer y así brindar una mejor calidad de vida a nuestros ciudadanos. Todo de un modo apresurado y sin considerar las opiniones de los afectados”.

INDUSTRIALES DE IQUIQUE Y EL TAMARUGAL COMPARTEN OBSERVACIONES 

Por su parte, la Asociación de Industriales de Iquique y El Tamarugal (AII) también presentó observaciones técnicas al Ministerio del Medio Ambiente en el marco de la consulta pública realizada sobre la lista de sitios priorizados de la Macrozona Norte vinculados a la implementación de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), vigente desde octubre de 2023.

El gremio destacó que, paralelamente, ha sostenido un trabajo coordinado con empresas socias, actores sectoriales y especialistas ambientales para evaluar el alcance de la nueva normativa y sus efectos en el desarrollo productivo regional, además de realizar reuniones informativas con las empresas de la región sobre los alcances de esta medida. Esto, en conjunto con las reuniones sostenidas hasta hoy con los ministerios de Medio Ambiente, Minería y Hacienda, además de la coordinación con los demás gremios nacionales y de la Macrozona Norte.

“Hemos manifestado nuestra preocupación por los posibles impactos de esta ley sobre la certeza regulatoria, la continuidad operacional de proyectos estratégicos y la atracción de nuevas inversiones en Tarapacá, especialmente en rubros clave como minería, logística, puertos y energías renovables”, señaló el gerente de la AII, Marcos Gómez.

El gremio reiteró su compromiso con la sustentabilidad y la protección de la biodiversidad, pero llamó a las autoridades a avanzar en un marco equilibrado que permita resguardar el empleo, la competitividad y el crecimiento económico de la región, fomentando procesos participativos, criterios técnicos claros y coordinación permanente entre Estado, sector privado y comunidades.

Quien también fue consultado por este tema fue Juan José Ronsecco, residente de la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (CORPORA) quien, sostuvo que “hemos dicho en distintos momentos y ocasiones, que las nuevas regulaciones medioambientales, entre ellas la Ley 21.600, tienen el potencial de afectar la inversión y el desarrollo de nuevos proyectos. Al igual que otras voces de la alianza público-privada, pedimos que se escuche a las regiones antes de tomar decisiones que nos afectan directamente. Nadie puede oponerse al debido resguardo del medio ambiente, pero tampoco podemos afectar las justas aspiraciones de quienes viven en estos territorios. Queremos avanzar en equilibrio y que se escuche la voz regional”, afirmó.