Corporación GGV no traspasará deudas directo al municipio: “Se revisará caso a caso con criterios legales”

Luego que el concejo municipal de La Serena aprobara la creación de la nueva Dirección de Salud y Cementerios, instancia que permitirá iniciar el traspaso formal de ambas áreas desde la Corporación Municipal Gabriel González Videla hacia el municipio, han surgido una serie de dudas, principalmente respecto al futuro de los funcionarios y sobre quién se hará cargo de las millonarias deudas del organismo. 

Claro, porque pese al avance administrativo, el punto que generó mayor inquietud durante la sesión fue la ausencia de un plan financiero claro que explique cómo se abordarán estos temas.

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NO HABRÁ TRASPASO AUTOMÁTICO DE OBLIGACIONES

Al respecto, el secretario general de la corporación, Marcelo Gutiérrez, destacó que el proceso de cierre y traspaso se está ejecutando “de manera seria, ordenada y absolutamente transparente”. Subrayó, además, que el objetivo central es regularizar la situación de la corporación sin afectar el funcionamiento de los servicios. 

“La alcaldesa Daniela Norambuena ha sido muy clara. Nuestro propósito es garantizar que los servicios de salud y cementerios sigan operando con normalidad y que el traspaso al municipio se realice en los plazos que determinen los órganos competentes, sin poner en riesgo a las familias serenenses”, agregó.

El funcionario recalcó, eso sí, que aún no corresponde anticipar la fórmula jurídica definitiva del proceso. “Debemos avanzar conforme a la ley, evaluando las alternativas y actuando con responsabilidad. La diferencia entre los mecanismos existentes es un asunto técnico que se resolverá en su momento. Lo relevante hoy es que el proceso está en curso y que la decisión ya está tomada: la corporación será cerrada”, afirmó.

En materia financiera, Gutiérrez fue enfático en precisar que las deudas no se traspasarán automáticamente al municipio. “Todo se revisa caso a caso, con criterios legales y financieros. La corporación está cumpliendo sus obligaciones dentro del marco normativo. Entendemos la inquietud de algunos proveedores, pero hemos mantenido un diálogo permanente y estamos enfrentando este escenario con orden y transparencia”, aseguró.

Respecto a posibles desvinculaciones, indicó que la prioridad es proteger la continuidad de los servicios y asegurar un proceso responsable. También respondió a algunas críticas surgidas en el concejo, aclarando que ningún concejal votó en contra de la creación de la nueva Dirección de Salud y Cementerios. “Optaron por la abstención y respetamos plenamente su postura. Este es un proceso complejo, heredado, y entendemos que existan dudas”, señaló.

No obstante, Gutiérrez recordó que la actual administración ha sido la primera en hacerse cargo de las irregularidades del pasado. “Hemos presentado querellas, existen investigaciones en curso y hoy hay personas privadas de libertad por hechos ocurridos antes de nuestra gestión. Esa es la diferencia: hoy hay una administración que enfrenta los problemas y no que los oculta”, subrayó.

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SIN EXPLICACIÓN DETALLADA

Uno de los ediles que optó por abstenerse, Cristian Marín, centró su postura justamente en la falta de información financiera. A su juicio, el concejo no recibió respuestas satisfactorias sobre la magnitud exacta de las deudas, los mecanismos para resolverlas ni el impacto proyectado por el proceso de transición.

“Necesitaba mayor precisión del proceso completo del traspaso, y eso incluye conocer cómo se van a asumir las deudas. No hubo un plan financiero claro ni garantías que permitan saber quién será responsable, cuáles son los plazos o cómo se asegurará que los servicios no se vean afectados”, afirmó.

Marín añadió que no está dispuesto a votar “un cheque en blanco” mientras persista la falta de transparencia en aspectos clave para la estabilidad presupuestaria del municipio y la continuidad de los servicios.

Por su parte, la concejala Rayen Pojomovoski coincidió en que la información entregada por la corporación no permite entender con claridad cómo se resolverán los compromisos financieros.

“Según lo informado, las deudas se están revisando caso a caso. Eso significa que el pago, los convenios o acuerdos dependerán de criterios que no fueron explicados con detalle. Hoy día no sabemos cuáles son esos criterios ni cómo se aplicarán”, indicó.

A su juicio, la incertidumbre afecta no solo a los proveedores, sino también a los propios trabajadores, quienes temen que una eventual falta de recursos derive en retrasos operativos o dificultades para mantener los servicios en funcionamiento.

En ese contexto, el concejal Camilo Araya, aunque aprobó la medida, reconoció que el traspaso se desarrolla en un contexto financiero difícil, producto —según dijo— de la deficiente gestión de administraciones anteriores.

“Este es un proceso complejo que exige responsabilidad. La continuidad de los servicios depende en gran medida de ordenar esta situación financiera heredada. Por eso debemos avanzar con transparencia y en diálogo permanente con los trabajadores y con los propios proveedores”, señaló.

Araya sostuvo que uno de los principales objetivos del traspaso es precisamente permitir que el municipio asuma el control directo y pueda ordenar la administración, incluida la gestión de pagos y obligaciones pendientes.