Más de $149 millones: Detectan a 29 funcionarios públicos de la región apostando en casinos

Un total de 29 funcionarios en cargos directivos de diversas instituciones de la Región de Coquimbo fueron detectados por la Contraloría General de la República efectuando apuestas en casinos de juego, pese a existir una prohibición legal para ello, según antecedentes a los que accedió El Día en exclusiva.

Esto, en el contexto de un informe elaborado por la Contraloría General de la República (CGR), a través del cual se reveló que 910 funcionarios de instituciones estatales y municipales realizaron apuestas en casinos por más de $11.490 millones, pese a tener una prohibición legal expresa para hacerlo.

El documento detalla que las transacciones se efectuaron entre enero de 2024 y junio de 2025. La situación reviste especial gravedad, ya que la normativa vigente —en particular la Ley N° 19.995— prohíbe explícitamente que determinados funcionarios participen en este tipo de actividades, atendiendo a los eventuales conflictos de interés y riesgos a la probidad administrativa.

A nivel nacional, funcionarios pertenecientes a instituciones como Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, la Fuerza Aérea de Chile y la Tesorería General de la República aparecen entre quienes más dinero apostaron en casinos, además de trabajadores de diversas municipalidades y servicios públicos. En algunos casos, las cifras individuales superan los mil millones de pesos.

El panorama local

En la Región de Coquimbo, el informe también identifica casos relevantes, aunque con montos menores en comparación con el total nacional. La Municipalidad de Coquimbo encabeza la lista regional con cinco funcionarios, quienes en conjunto transaron $81.230.555. Le siguen dos funcionarios de la Municipalidad de La Higuera, con un total de $37.302.785, y un funcionario del Servicio de Salud Coquimbo, con $31.127.000.

También aparecen trabajadores de otros municipios como Ovalle, La Serena, Combarbalá y Río Hurtado, con cifras que, si bien son menores, evidencian una práctica extendida en distintos niveles de la administración pública.

Desde la Contraloría señalaron que estos antecedentes serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes para la eventual instrucción de sumarios administrativos y otras acciones que pudieran derivarse, tanto en el ámbito disciplinario como judicial.

Consultado por El Día, desde el municipio de Coquimbo indicaron que, con los antecedentes dados a conocer por el ente contralor, se instruyó de manera inmediata la tramitación de los respectivos decretos que ordenan el inicio de sumarios administrativos, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades conforme a la normativa vigente.

“Además, se adoptaron medidas preventivas en los casos más relevantes, tales como el alejamiento de funciones relacionadas con el manejo de dinero. La Municipalidad de Coquimbo reafirma su compromiso irrestricto con los principios de probidad, transparencia y correcto uso de los recursos públicos, valores fundamentales que deben guiar el actuar de todos los funcionarios municipales y del Estado”, indicaron desde el municipio porteño.

Desde el municipio de La Higuera sostuvieron que este lunes 23 de marzo recibieron un oficio de carácter reservado que informa sobre funcionarios involucrados en posibles apuestas en casinos.

“Frente a estos antecedentes, se iniciará el proceso de sumario administrativo correspondiente dentro de los plazos que establece la ley”, aclararon desde la administración municipal.

Mientras que desde el Servicio de Salud Coquimbo, su director, Ernesto Jorquera, señaló que ya tomaron conocimiento de la situación de un funcionario.

“Nosotros ya ordenamos un sumario al respecto. Estamos dentro de ese plazo y, evidentemente, como toda información es reservada, se maneja en esas condiciones”, sostuvo Jorquera.

Según la Ley de Casinos, las personas que infrinjan esta prohibición serán sancionadas con multas de 3 a 15 unidades tributarias mensuales, “sin perjuicio de que la infracción constituya, además, causal de término del contrato de trabajo o de destitución, según corresponda”.

Dato: Según el informe de la Contraloría, a nivel nacional más de 900 funcionarios públicos realizaron apuestas por sobre los $11 mil millones, pese a tener prohibición legal expresa, lo que podría derivar no solo en multas, sino también en la destitución de los cargos involucrados.