POLÍTICA

Defensa de Cathy Barriga sufre baja clave antes del juicio

La defensa de Cathy Barriga enfrenta un duro revés tras la renuncia de su abogado clave, Cristóbal Bonacic, a semanas del inicio del juicio oral. Esto complica la estrategia.
lunes 30 de marzo de 2026

Un importante revés enfrenta la defensa de Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, a pocas semanas de la crucial audiencia de preparación de juicio oral en su contra. El abogado Cristóbal Bonacic, figura clave en su equipo legal, renunció a su patrocinio y poder, un movimiento que ha sido confirmado mediante una resolución oficial ante el 9.° Juzgado de Garantía de Santiago.

La dimisión de Bonacic se produce luego de haber logrado, recientemente, la postergación de la propia audiencia de preparación de juicio oral para el próximo 4 de agosto. En aquella ocasión, la defensa argumentó que no se les habían facilitado oportunamente todos los antecedentes del caso por parte de la Fiscalía Oriente, petición que fue acogida por el tribunal.

Es importante señalar que la resolución judicial establece que Cathy Barriga ya cuenta con otros defensores penales privados con poder vigente. Por esta razón, no fue necesario oficiar a la Defensoría Penal Pública (DPP) para que asumiera su representación. No obstante, desde la DPP habían indicado a La Tercera que, de llegarles un caso de esta envergadura, “mínimo necesitaríamos un año para estudiar una causa como esa y otorgar el derecho a defensa”.

Paralelamente a este desarrollo, cabe recordar que Cristóbal Bonacic también lidera la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León, pareja de Cathy Barriga. Para Lavín León, la formalización por cargos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado mercantil fue fijada para el 4 de mayo, a solicitud de la fiscal Lorena Parra, siendo acogida por el 7.° Juzgado de Garantía.

En cuanto a las acusaciones que enfrenta la exalcaldesa, la Fiscalía solicita una condena de hasta 23 años de cárcel por delitos como fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible. Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en su rol de querellante, ha pedido una pena aún mayor, de 37 años. El desarrollo de este caso sigue siendo de alta expectación pública mientras se aproxima la fecha clave del juicio.