Republicanos impulsan Registro de Vándalos con duras sanciones económicas

Diputados del Partido Republicano han anunciado una serie de propuestas dirigidas a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, con el fin de avanzar en la creación de un “Registro de Vándalos”. Esta iniciativa, comprometida durante la campaña del presidente José Antonio Kast, se denomina “Rol Único de Vándalos” y busca establecer un sistema para identificar y sancionar a quienes participen en actos de violencia que alteren el orden público.

El plan incorpora medidas punitivas severas, tales como la restricción de beneficios estatales, limitaciones para obtener licencias de conducir y la prohibición de ingreso a eventos públicos. Según explicó el diputado Sebastián Zamora, la idea surgió de reuniones previas con la secretaria de Estado, en el marco del compromiso presidencial.

“Como bancada vamos a aportar la mayor cantidad de propuestas e insumos al ministerio, a fin de concretar la aprobación e implementación de un “Registro de Vándalos” y así fortalecer el resguardo del orden público y la protección, tanto del mobiliario público como de la propiedad privada. Lo que buscamos es que se genere un sistema que identifique y sancione a quienes participen en actos vandálicos”, afirmó Zamora.

El parlamentario enfatizó que “estas acciones no pueden seguir quedando impunes, porque terminan vulnerando derechos fundamentales de ciudadanos que sí cumplen la ley”.

Entre las propuestas más polémicas presentadas por los legisladores, se destaca la exigencia de que los padres de adolescentes detenidos por actos vandálicos asuman la responsabilidad económica por los daños causados al Estado. Esta medida incluso contempla la posibilidad de recurrir a sus fondos de pensiones en caso de no disponer de otros recursos suficientes.

Zamora también detalló que se están evaluando sanciones para los mayores de edad, que incluyen la suspensión de beneficios estatales y la incorporación de anotaciones en el certificado de antecedentes, siempre “resguardando el debido proceso”.

“Nuestras sugerencias consideran medidas como la suspensión de beneficios estatales, limitaciones en permisos de circulación o licencias de conducir. También estamos evaluando incorporar anotaciones en el certificado de antecedentes, siempre resguardando el debido proceso”, indicó.

La diputada Javiera Rodríguez, por su parte, aseguró que la bancada está colaborando activamente en la elaboración de estas propuestas. “Estamos colaborando con toda la información posible y sobre todo con propuestas sobre dos cosas: saber cuánto le ahorramos al Estado al quitar beneficios sociales a estos delincuentes y pidiendo que paguen por sus destrozos”, sostuvo.

Desde la Comisión de Seguridad, la diputada Chiara Barchiesi subrayó la relevancia de la iniciativa para la convivencia social. “El respeto al orden público no puede seguir siendo opcional. Quienes participan en actos vandálicos no solo destruyen infraestructura, sino que también vulneran los derechos de miles de personas que quieren vivir y desplazarse con tranquilidad”, afirmó.

A su vez, la diputada Valentina Becerra destacó el impacto del vandalismo en la vida diaria. “No se trata solo de infraestructura, sino de trabajadores que no pueden llegar a sus empleos, emprendedores que ven destruidos sus negocios y familias que viven con temor. El Estado no puede seguir asumiendo esos costos mientras quienes cometen estos actos no enfrentan consecuencias reales”, señaló.

Finalmente, Becerra recalcó la importancia de que la futura legislación establezca mecanismos claros para identificar a los responsables y asegurar que respondan por los daños generados. “La señal debe ser firme: en Chile, la violencia y el vandalismo no pueden tener cabida”, concluyó la parlamentaria, dejando en evidencia la determinación del sector en avanzar con estas propuestas.