Auditoría de Gobierno: USD 140 millones y 2.500 contratos bajo lupa

Una auditoría gubernamental sin precedentes reveló una serie de alertas de riesgo en el uso de recursos fiscales, tras analizar más de 500 servicios públicos en el período comprendido entre 2025 y marzo de 2026. El informe, elaborado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), fue presentado en la segunda sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, generando preocupación por la gestión de fondos públicos.

La subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, quien lidera la instancia, enfatizó que si bien las situaciones identificadas “no constituyen por sí mismas irregularidades concluidas”, sí ameritan una revisión exhaustiva para determinar su correcta aplicación y justificación.

Entre los hallazgos más relevantes, el documento advierte sobre transferencias y convenios por más de USD 140 millones asignados a entidades que tenían menos de un año de antigüedad al momento de recibir los recursos. Asimismo, se detectaron patrones de contratación que podrían indicar una fragmentación en las compras, como la realización de más de 65 mil adquisiciones mediante la modalidad de “Compra Ágil”, donde un mismo proveedor fue contratado de manera reiterada en una misma jornada por servicios similares.

A lo anterior se suman más de mil contratos firmados entre julio de 2025 y febrero de 2026 con compromisos fiscales a mediano y largo plazo. También se identificaron más de mil convenios ya terminados y pagados íntegramente, pero que aún registran montos no rendidos que superan los USD 50 millones.

En materia de personal, el informe del CAIGG detectó la incorporación de más de 2.500 funcionarios a plantas durante los últimos meses de 2025. A esto se agregan traspasos masivos desde el régimen de honorarios a contrata al cierre del periodo anterior. Otro punto de atención es la situación de cerca de 100 mil trabajadores con licencias médicas superiores a un mes, incluyendo más de mil casos que se extendieron por más de un año.

La subsecretaria Castillo calificó este proceso como “un hecho inédito”, resaltando que en “tiempo récord” se logró recopilar información gracias al trabajo de más de mil auditores internos del Estado. La autoridad aseguró que se está “cumpliendo con el compromiso del Gobierno del presidente Kast de avanzar con la mayor rigurosidad y asegurar el cuidado de los recursos públicos”. En total, la auditoría analizó más de 213 millones de registros, cruzando datos de diversos sistemas administrativos y fuentes de transparencia.

El proceso de auditoría se mantiene en desarrollo. Se espera que los servicios públicos remitan información adicional correspondiente a los años 2024, 2023 y 2022 durante abril y comienzos de mayo. Posteriormente, se consolidarán los hallazgos y se evaluarán eventuales derivaciones a otros organismos fiscalizadores.

En paralelo, el Ejecutivo anunció modificaciones en la institucionalidad a cargo de este proceso. El presidente designó a Cristián Muñoz como el nuevo auditor general de Gobierno. Además, el Consejo de Auditoría Interna incorporó a figuras de vasta experiencia en control fiscal, como el excontralor general de la República, Ramiro Mendoza, y la exdirectora de Presupuestos, Cristina Torres, buscando fortalecer la revisión técnica y asegurar estándares más exigentes en el control del gasto público.