Autor de crimen en Tierras Blancas será trasladado de cárcel tras amenazas

La Fiscalía de Coquimbo formalizó a E.N.G., chileno de 28 años, por su presunta responsabilidad en el homicidio de un hombre conocido como “El Chavito”, ocurrido la noche del 20 de abril en el sector de Tierras Blancas. En la audiencia, la defensa solicitó medidas especiales de resguardo para el imputado, tras revelarse amenazas en su contra tanto en redes sociales como desde internos del penal de Huachalalume.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el equipo SAC ECO de la Fiscalía, junto a la Brigada de Homicidios de la PDI y el Laboratorio de Criminalística, el hecho se registró cerca de las 20:30 horas en la intersección de las calles Carlos Rosas con Marta Elba Miranda, en la población Cital.

Según la investigación, el imputado portaba un arma de fuego y munición sin autorización. La víctima se encontraba sola cuando fue abordada por el agresor y un segundo sujeto, aún no identificado. Este último inició una agresión con golpes de pies y puños, mientras que el imputado, de acuerdo con la formalización, se posicionó frente a la víctima, a corta distancia, y le disparó en el tórax, causándole la muerte en el lugar.

El fiscal Nicolás Nicoreanu sostuvo que la imputación se sustenta en diversos medios de prueba, entre ellos testimonios y un registro audiovisual exhibido en la audiencia, que permitió establecer la dinámica de los hechos y fundamentar la prisión preventiva.

El Juzgado de Garantía fijó un plazo de 150 días para el cierre de la investigación, periodo en el que se esperan resultados de pericias balísticas, químicas, fotográficas y la autopsia, además de otras diligencias en curso.

Según los antecedentes, el imputado mantiene condenas vigentes por delitos contra la fe pública y receptación, en una causa de marzo de 2022, donde fue sancionado con penas de presidio y multas, además de condenas de 541 días por receptación de vehículo y uso de placa patente falsa.

Durante la formalización, la defensa solicitó el aislamiento del acusado y su eventual traslado a otro recinto penitenciario, argumentando riesgos para su integridad física.

El tribunal acogió parcialmente la solicitud y ordenó cinco días de aislamiento o separación del resto de los internos, plazo considerado suficiente para gestionar su eventual traslado a otro centro penal.