Secuestros extorsivos en Chile superan los 800 casos anuales

El escenario delictual en el país enfrenta una transformación preocupante tras la consolidación del secuestro extorsivo como la tipología más recurrente durante el 2024. Según datos revelados por el Ministerio Público, este fenómeno ha experimentado una expansión notoria, superando la barrera de los 800 episodios anuales desde el año 2022, lo que ha encendido las alarmas en el sistema de persecución penal.

Durante la entrega de su cuarta cuenta pública, el fiscal nacional, Ángel Valencia, reconoció que este incremento obligó a una redefinición estratégica institucional. Al respecto, la autoridad fue enfática en señalar la postura del organismo persecutor:

“No nos hemos mantenido pasivos frente a ese fenómeno, hemos respondido con energía, hemos aumentado la cantidad de sujetos detenidos y encarcelados por esos delitos”.

Como respuesta operativa, el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, cuya función original se centraba exclusivamente en asesinatos, ha debido volcar gran parte de su capacidad logística y recursos humanos para abordar secuestros en contextos de criminalidad organizada.

En términos jurídicos, el artículo 141 del Código Penal define el secuestro como la acción de quien encierra o detiene a otro privándolo de su libertad sin derecho. No obstante, la variante “extorsiva” ocurre específicamente cuando dicha privación de libertad tiene por objetivo obtener un rescate o imponer exigencias directas. Un reporte de 2024 elaborado por diversas unidades del Ministerio Público advierte que esta práctica es un motor financiero para las mafias.

El informe detalla que los recursos obtenidos mediante estas capturas no son fines en sí mismos, sino que se inyectan en un engranaje mayor. “Los ingresos obtenidos mediante el secuestro suelen destinarse a financiar otras actividades criminales como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas o el lavado de activos”, sostiene el documento, subrayando que el delito opera dentro de un ecosistema funcional y articulado.

La evolución estadística es reveladora. Mientras que en 2023 el secuestro extorsivo ocupaba el tercer lugar en tipologías, en 2024 escaló hasta el primer puesto, representando el 21,1% del total de los casos. Este avance territorial y cuantitativo es interpretado por los expertos como una disputa directa de poder hacia el Estado por parte de estructuras que buscan establecer autoridades paralelas en las zonas donde operan.

Respecto a las sanciones legales, el abogado penalista y académico de la Universidad de los Andes, Rodrigo Guerra, explicó que la figura base contempla penas de tres años y un día a cinco años de presidio. Sin embargo, si el encierro supera las 24 horas o se realiza bajo exigencia de rescate, las penas se endurecen significativamente, pudiendo alcanzar los 15 años de cárcel, dependiendo de la gravedad y las circunstancias del hecho.