Menos recorte, mismas dudas: la salud pública bajo presión

El anuncio del Ministerio de Salud sobre la reducción del ajuste presupuestario para el sector —que finalmente será de un 2,5% y no del 3% inicialmente considerado— reactivó el debate sobre el financiamiento de la red pública y sus eventuales efectos en la atención de pacientes y el funcionamiento de los hospitales.

El ministro de Salud, May Chomalí, informó que, tras conversaciones con la Dirección de Presupuestos (DIPRES), se logró rebajar el porcentaje del recorte impulsado originalmente por Hacienda, con el objetivo de disminuir el impacto sobre el sistema sanitario.

En la Región de Coquimbo, el director del Servicio de Salud, Ernesto Jorquera, aseguró que las medidas de eficiencia en curso no afectarán las prestaciones ni el acceso de los usuarios a la red asistencial. Según explicó, el trabajo apunta a optimizar recursos en un escenario de estrechez fiscal que afecta a todo el aparato público.

“El mandato permanente es buscar espacios de eficiencia. Ser más eficientes es incluso un deber ético dentro de la gestión”, señaló, agregando que se están revisando procesos internos para identificar ahorros sin comprometer la atención clínica.

Jorquera enfatizó además que uno de los focos es entregar tranquilidad a la población respecto al funcionamiento de la red hospitalaria. En paralelo, indicó que el sistema regional está recibiendo recursos adicionales para enfrentar áreas críticas, como las listas de espera oncológicas.

“Existía un nivel de retraso importante y estamos trabajando dentro de un plan de 90 días para contactar a cada persona en lista de espera”, explicó.

Preocupación gremial

Pese a este escenario, desde el mundo gremial surgen reparos. El presidente regional del Colegio Médico, Fernando Carvajal, advirtió que el sistema arrastra un déficit estructural de financiamiento que se repite año a año y que dificulta cubrir la demanda asistencial.

“El sector salud tiene un déficit estructural que hace que los recursos no alcancen para todas las necesidades”, afirmó, recordando que durante 2025 varios hospitales agotaron sus presupuestos hacia septiembre, generando deudas que se arrastraron al año siguiente.

Carvajal agregó que el presupuesto 2026 contemplaba originalmente un aumento destinado a hospitales de mayor complejidad, por lo que cualquier ajuste genera preocupación. A su juicio, el impacto no es inmediato en los pacientes, pero sí se expresa en la relación con proveedores y en la capacidad operativa del sistema.

“Decir que el recorte no afecta es complejo, porque la falta de recursos termina repercutiendo en la atención”, sostuvo.

Alerta entre los trabajadores de la salud 

Desde la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS) regional también manifestaron inquietud. Su presidente, Mauricio Ugarte, explicó que el ajuste contempla modificaciones en los subtítulos 21 y 22 del presupuesto, vinculados a recursos humanos y compra de servicios.

Aunque aclaró que las medidas no apuntan directamente a áreas clínicas, advirtió efectos indirectos en el funcionamiento hospitalario. Uno de los puntos más sensibles es la revisión de la continuidad de cerca de 200 funcionarios a honorarios en la región.

A ello se suma la suspensión de reemplazos por licencias médicas y la reducción de pagos asociados a horas extraordinarias y viáticos, lo que —según el dirigente— incrementa la presión sobre los equipos de salud.

“Esto genera complicaciones en la operación de los establecimientos”, indicó.

Críticas desde la atención primaria

En tanto, el abogado de la atención primaria de salud, Oscar Olivares Jatib, cuestionó el ajuste fiscal y advirtió que algunas medidas podrían afectar directamente a programas territoriales.

Según explicó, existe riesgo en la continuidad de estrategias de atención domiciliaria para pacientes con dependencia severa y en programas de salud mental. Además, planteó que los recortes trasladan una mayor carga a los municipios.

“Estas decisiones obligan a los gobiernos locales a asumir costos sin respaldo suficiente, debilitando la red en el territorio, donde más se necesita”, señaló.