POLÍTICA
Sala cuna universal al TC: Gobierno impugnará norma aprobada
En una jornada marcada por intensas discrepancias políticas, la Cámara de Diputadas y Diputados dio luz verde al polémico artículo 9 bis del proyecto de ley de sala cuna universal. La iniciativa busca terminar con la desigualdad en el acceso al beneficio, permitiendo que trabajadores independientes y dependientes accedan al derecho por igual. Sin embargo, la votación, que culminó con 82 votos a favor, 48 en contra y 24 abstenciones, abrió una nueva batalla legal.
Tras el resultado, representantes del oficialismo y la parlamentaria de la UDI Constanza Hube ingresaron una reserva de constitucionalidad. Esto faculta formalmente al Tribunal Constitucional (TC) para revisar la legalidad del texto legislativo aprobado.
El encargado de liderar la ofensiva del Ejecutivo fue el titular de Hacienda, Jorge Quiroz. El secretario de Estado argumentó que la propuesta parlamentaria vulnera las facultades exclusivas de la presidencia en materia de administración y gasto fiscal:
"El Gobierno, el ministro de Hacienda, hace reserva de constitucionalidad por afectar las finanzas públicas. Contraviene nuestra Constitución y la potestad del Ejecutivo en materia de administración del Estado y responsabilidad por las finanzas públicas", fustigó Quiroz.
La reforma modifica la normativa vigente al eliminar el límite que obliga a otorgar el beneficio solo a compañías con 20 o más trabajadoras. De este modo, la cobertura abarcaría a todas las personas contratadas con menores de dos años a su cargo, extendiéndose también a quienes ejerzan la custodia de forma judicial por resolución respectiva.
El engranaje financiero de la medida dependería de un Fondo de Sala Cuna, gestionado por el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Servicio de Tesorerías. Este pozo se financiaría con un gravamen patronal de 0,3% de las remuneraciones imponibles, intereses de multas, retornos de inversión y una transferencia del fisco cada 12 meses que la cartera de Hacienda fijará cada un lustro.
La entrega de los aportes se transferirá directo a salas cunas autorizadas con reconocimiento oficial del Estado, las cuales deberán inscribirse en un registro especial. El cronograma de vigencia plantea un debut paulatino: el primer año cubrirá a trabajadoras y cuidadores exclusivos, mientras que desde el segundo año operará para la totalidad del padrón laboral chileno.
El proyecto establece un severo control sobre los fraudes. Quienes falsifiquen antecedentes para cobrar el dinero arriesgan las sanciones del artículo 467 del Código Penal y deberán restituir los montos reajustados según la variación del Índice de Precios al Consumidor.
