Giro en la estrategia de seguridad del gobierno abre fuerte debate político

La decisión del actual ejecutivo de mantener el plan de seguridad del gobierno anterior ha abierto un complejo debate entre el oficialismo y la oposición, oscilando las reacciones entre la validación técnica, la crítica por la incoherencia electoral e incluso la ironía política.

La determinación del Palacio de La Moneda de respaldar la estructura heredada y diseñada bajo la gestión del exPresidente Gabriel Boric, busca, según fuentes ministeriales, garantizar la estabilidad institucional en medio de la crisis de seguridad que afecta al país. Sin embargo, para los parlamentarios de la zona, el mensaje detrás de este anuncio es complejo y deja al descubierto las tensiones doctrinales e institucionales.

Desde las filas de la oposición local la lectura del anuncio se tomó como un triunfo técnico y una validación de la gestión previa. La diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, fue categórica al señalar que el anuncio del ministro Martín Arrau no hace más que confirmar una realidad evidente en el ejercicio del poder.

“Cuando se gobierna, la realidad se impone sobre la ideología. Si el actual gobierno decidió mantener el plan de seguridad impulsado durante la administración del Presidente Boric, es porque reconoce que ahí había una política pública seria, con institucionalidad, coordinación y herramientas concretas para enfrentar una crisis compleja”, afirmó la legisladora.

Para Tello, el núcleo del problema no radica en que la actual administración dé continuidad a los programas que muestran un diseño robusto, sino en el giro discursivo tras meses de cuestionamientos en campaña. “El problema es haber pasado meses descalificándolo para luego terminar aplicándolo. En seguridad no caben improvisaciones ni marketing político. Chile necesita resultados, coherencia y fortalecer políticas de Estado por sobre las trincheras partidistas”, fustigó la parlamentaria freteamplista.

Asimismo, la diputada por el Distrito 5 enfatizó que sostener estructuras estratégicas desarrolladas recientemente, como el Ministerio de Seguridad Pública y los lineamientos clave de la Política Nacional de Seguridad impulsada en 2025, resulta un paso fundamental para no truncar la eficiencia en el combate directo contra la delincuencia y el crimen organizado en regiones como Coquimbo.

Por su parte, la diputada del PC, Nathalie Castillo, señaló que el "plan de seguridad del exPresidente Boric fue valorado por las propias policías. El punto en cuestión es por qué Kast en campaña dijo una propuesta que en el papel ni en los hechos se ha logrado materializar en estos tres meses de gobierno. Nunca estuvo entre sus prioridades". 

Resultados por sobre la disputa

Una mirada con matices pero enfocada en la estabilidad provino desde Chile Vamos.

El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Sergio Gahona, matizó la discusión e instó a los sectores políticos a dejar de lado las recriminaciones cruzadas para concentrarse en la urgencia de la crisis.

A juicio de Gahona, el foco de la discusión pública debe estar puesto en las certezas que se entregan a los hogares de la región y del país, minimizando los roces partidarios.

“Si el gobierno ha decidido mantener herramientas, planes o estructuras que fueron impulsadas durante la administración del Presidente Gabriel Boric, eso demuestra que en materia de seguridad debe existir una política de Estado y no improvisación permanente”, argumentó el senador gremialista.

No obstante, Gahona argumentó que esta decisión debe complementarse con una agenda de modernización y optimización de recursos. En esa línea, exigió mejoras sustantivas en la coordinación operativa con las policías (Carabineros y PDI), un fortalecimiento real en la persecución penal del crimen organizado y una agenda clara, territorial y agresiva para recuperar la tranquilidad de los barrios y espacios públicos. “La ciudadanía exige y espera menos peleas políticas y más eficacia contra la delincuencia, y eso es lo que todos esperamos”, sentenció.

Desde el Partido Socialista, sin embargo, el diputado Daniel Manouchehri utilizó la ironía para apuntar directamente a la figura del Presidente de la República, sugiriendo un vacío programático severo en el actual diseño del ejecutivo.

“El Presidente Kast debería invitar a Boric a la Cuenta Pública para que explique el plan de seguridad”, lanzó de forma ácida el parlamentario del PS.

Manouchehri acusó una “improvisación total” por parte de las nuevas autoridades de seguridad y recordó que la plataforma electoral que instaló al actual gobierno en el poder estuvo colmada de promesas y diseños que, bajo su mirada, carecían de sustento técnico real.

“La campaña electoral que llevaba el actual oficialismo tenía una serie de supuestos planes que no eran más que minutas comunicacionales y eslóganes. Está claro que el único propósito de este gobierno es bajarle los impuestos a los ricos. El resto son metáforas”, fustigó Manouchehri.

Sentido de urgencia

Por otra parte, la presión al ministro Arrau también llegó desde sectores que habitualmente sintonizan con las posturas del ejecutivo, pero que hoy exigen mayor radicalidad y velocidad en las acciones de resguardo público. En ese sentido, el diputado del Partido Nacional Libertario, Erich Grohs, manifestó su preocupación ante el riesgo de que la seguridad se transforme en un mero ejercicio de retórica.

En declaraciones emitidas a Diario El Día, Grohs fue enfático en señalar que el tiempo de los diagnósticos y las transiciones ya se agotó de cara a las demandas de los chilenos. “Exigimos al gobierno del Presidente Kast que actúe con máxima rigurosidad y un sentido de urgencia real. La ciudadanía no quiere ver más puestas en escena ni estrategias que cambian mes a mes según la contingencia delictual”, manifestó el legislador libertario.

De acuerdo con lo expuesto por Grohs, la realidad delictiva del territorio nacional y, de forma particular, de la Región de Coquimbo, requiere de un giro hacia la eficacia.

Al respecto, el diputado planteó que la única vía para salir del actual escenario de vulnerabilidad es el establecimiento de un plan de seguridad unificado y sin fisuras políticas, el cual debe contemplar un respaldo total, político y legal a las fuerzas de orden y seguridad, complementado con un control fronterizo riguroso y tecnificado que funcione de manera efectiva.