Cuestionan millonaria licitación de 19 ambulancias destinadas a la región

Una licitación destinada a fortalecer la red de urgencia de la Región de Coquimbo terminó escalando al Tribunal de Contratación Pública, luego que una de las empresas participantes denunciara presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de 19 ambulancias financiadas con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

La acción fue presentada por la empresa Bertonati Vehículos, firma que sostiene que el Servicio de Salud Coquimbo adjudicó el contrato a la oferta más costosa entre las propuestas declaradas admisibles, generando un eventual sobrecosto para el Estado de $426.795.110.

Según los antecedentes entregados por la empresa, la diferencia económica equivale al valor aproximado de cinco ambulancias adicionales que podrían haberse incorporado a la red asistencial regional.

En concreto, el principal cuestionamiento apunta a la evaluación técnica realizada por la comisión encargada de analizar las ofertas. De acuerdo con la empresa reclamante, uno de los criterios otorgaba puntaje adicional a los oferentes que incorporaran un inversor de corriente de procedencia estadounidense, componente fundamental para alimentar equipos electromédicos que funcionan a 220 volts, como monitores multiparámetros, incubadoras y equipos de reanimación.

Al respecto, Gianfranco Bertonati, representante de la firma, explicó que tanto su oferta como la de la empresa finalmente adjudicada declararon contar con inversores de procedencia norteamericana. Sin embargo, asegura que la comisión evaluadora sólo reconoció esa condición al adjudicatario.

“Nosotros indicamos expresamente en los anexos técnicos que el inversor era de procedencia norteamericana. Si existía alguna duda, las bases contemplan el mecanismo del foro inverso para solicitar antecedentes complementarios, pero nunca se nos consultó”, afirmó el empresario.

Según sostiene Bertonati esa diferencia significó una pérdida de cinco puntos en la evaluación técnica, margen que habría sido determinante en el resultado final.

“Si se corrige ese puntaje, el orden de prelación cambia y la adjudicación debió recaer en nuestra oferta”, aseguró el denunciante.

No se cumplió con exigencia 

Pero ese no es el único cuestionamiento planteado ante el tribunal.

La empresa también acusa que la firma adjudicataria habría presentado antecedentes incompletos en uno de los formularios exigidos por las bases administrativas.

En particular, señalan que quedó sin responder un ítem relacionado con la señalética reflectante exigida para los vehículos de emergencia. A juicio de la reclamante, esa omisión debió haber derivado en la declaración de inadmisibilidad de la oferta.

“Las bases eran claras respecto a que los campos obligatorios debían completarse. Incluso hubo otros oferentes que fueron declarados inadmisibles por situaciones similares. Lo que observamos es que no se aplicó el mismo criterio para todos los participantes”, indicó el ejecutivo.

Desde la empresa sostienen que antes de recurrir a la vía judicial intentaron plantear sus observaciones directamente al Servicio de Salud Coquimbo.

Según relatan, solicitaron reuniones por Ley de Lobby y enviaron antecedentes para que la situación fuera revisada administrativamente, instancia que finalmente no prosperó.

“Entendimos inicialmente que podía tratarse de errores corregibles. Sin embargo, nuestros planteamientos fueron descartados, por lo que decidimos acudir al Tribunal de Contratación Pública para que exista un tercero imparcial que analice los antecedentes”, señaló Bertonati.

La compañía también enfatizó que su reclamación no sólo busca revertir el resultado de la licitación, sino que además apunta al uso eficiente de los recursos públicos.

En ese sentido, argumentan que el sistema de salud enfrenta importantes déficits de vehículos de emergencia y que diferencias de precio como las observadas podrían impactar directamente en la capacidad de respuesta asistencial.

Proceso correcto

Consultado por El Día sobre la denuncia, el director del Servicio de Salud Coquimbo, Ernesto Jorquera, aseguró que cualquier participante de una licitación pública que estime haber sido perjudicado tiene el derecho de presentar las reclamaciones que considere pertinentes.

“Para eso existen los tribunales y, en este caso, uno específico, que es el Tribunal de Compras Públicas. Nosotros responderemos de manera formal respecto de los antecedentes que nos sean requeridos”, señaló Jorquera.

La autoridad explicó que este tipo de procesos considera múltiples factores de evaluación, por lo que algunas empresas pueden interpretar que fueron perjudicadas en determinados aspectos de la licitación.

“Son procesos en los que intervienen muchos elementos. Se evalúa la oferta técnica, que tiene una alta ponderación; también la propuesta económica, además de aspectos como los servicios de postventa, los plazos de entrega y el cumplimiento de los requisitos formales. Todos estos factores son evaluados y ponderados de acuerdo con criterios previamente establecidos, lo que finalmente determina al oferente adjudicado”, indicó.

Jorquera agregó que, en ocasiones, la forma en que se presentan los antecedentes o la interpretación de los resultados puede llevar a que algún participante considere que era el legítimo ganador del proceso.

“En ese contexto, responderemos a todo lo que nos solicite el Tribunal de Compras Públicas. Mientras tanto, entendemos que el procedimiento de la institución fue el correcto y que los equipos encargados de la evaluación realizaron adecuadamente el análisis y la presentación formal de los antecedentes”, dijo Jorquera.