Facturas observadas, boletas falsas y transferencias: las piezas que complican a los acusados

Una nueva jornada del juicio oral por el presunto fraude en la Corporación Municipal Gabriel González Videla estuvo marcada por las declaraciones de dos testigos clave para la investigación: la exencargada de Control Interno, Ludy Corvalán, y la comisario de la Policía de Investigaciones, Marcela Gómez, quien encabezó gran parte de las diligencias desarrolladas por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos.

Ambos testimonios permitieron reconstruir el origen de la investigación administrativa que posteriormente dio paso a la causa penal, además de exponer los antecedentes reunidos durante varios años de indagatorias respecto de eventuales irregularidades en el uso de recursos públicos vinculados al área de Salud.

Denuncia anónima

Durante su declaración, Corvalán explicó que en enero de 2022 fue designada fiscal de una investigación administrativa iniciada tras una denuncia anónima remitida a la Contraloría General de la República.

Según indicó, aunque los primeros antecedentes estaban relacionados con una denuncia por acoso laboral, el foco cambió cuando comenzaron a surgir antecedentes vinculados a presuntas irregularidades en programas de salud administrados por la corporación.

La exfuncionaria señaló que el documento mencionaba directamente a la entonces coordinadora de programas de salud, Nicole Cadena Munita, además de otras personas incluidas en una nómina que motivó las primeras diligencias.

A partir de ello, solicitó antecedentes a distintas unidades, especialmente al Departamento de Finanzas, donde detectó situaciones que calificó como irregulares.

Entre los hallazgos mencionó dos facturas emitidas por la empresa Mucad SPA, cuyo único socio era Cristian Muñoz, esposo de Nicole Cadena. Tras revisar la documentación, afirmó que dichos documentos no eran reconocidos por el Servicio de Impuestos Internos, situación que generó observaciones respecto de una eventual utilización de facturas falsas.

Asimismo, sostuvo que encontró boletas de honorarios sin respaldo suficiente para acreditar la realización efectiva de los servicios informados.

Corvalán declaró además que algunas personas que figuraban emitiendo boletas no mantenían vínculo con la corporación y que, en otros casos, observó diferencias entre firmas estampadas en documentos y aquellas registradas en contratos.

Los antecedentes fueron expuestos a la administración de la época y dieron origen a informes que posteriormente derivaron en sumarios administrativos.

El sistema de pagos

Otro de los aspectos abordados fue el mecanismo utilizado para el pago de prestadores de servicios a honorarios.

Según explicó, el procedimiento exigía un contrato de prestación de servicios, una orden de trabajo y la posterior presentación de una boleta de honorarios acompañada de un informe con las labores realizadas.

La documentación era revisada por coordinadores, jefaturas y por la dirección del Departamento de Salud antes de ser remitida a Recursos Humanos. Posteriormente era ingresada al sistema MINERVA y enviada al Departamento de Finanzas para validar los antecedentes y autorizar las transferencias.

Sin embargo, Corvalán reconoció que existían casos en que algunas boletas ingresaban sin toda la documentación exigida, la que posteriormente era complementada para regularizar el trámite.

Las diligencias de la PDI

La comisario Marcela Gómez, por su parte, explicó que la primera orden de investigar llegó a la Brigada de Delitos Económicos durante 2022 y que, a medida que avanzó la causa, se fueron sumando nuevas querellas y antecedentes.

La oficial detalló que la acción judicial inicial fue presentada por Mabel Iturra en representación de la corporación y apuntaba a presuntas irregularidades en programas de salud.

Entre los primeros antecedentes aparecían mencionados Carlos Rodríguez Maturana, Tania Muñoz Fredes y la empresa Mucad SPA.

Respecto de esta última, señaló que existe una investigación específica relacionada con facturas canceladas por servicios que eventualmente no habrían sido ejecutados.

Informe de Contraloría

Uno de los antecedentes más relevantes incorporados a la investigación corresponde a un informe de la Contraloría General de la República.

Según relató la comisario Gómez, el organismo concluyó que 19 personas habrían emitido boletas de honorarios por servicios no prestados a la Corporación Municipal Gabriel González Videla, observando montos que superarían los 700 millones de pesos.

Paralelamente, la PDI realizó pericias a teléfonos celulares incautados durante la investigación. Aunque no fue posible revisar la totalidad de la información extraída, la oficial aseguró que sí se obtuvieron antecedentes considerados relevantes.

Entre ellos destacó registros encontrados en el teléfono de Cristian Muñoz y comprobantes de transferencias de dinero entre algunos de los involucrados, antecedentes que fueron incorporados a la carpeta investigativa y expuestos durante la audiencia.

Con estas declaraciones, el juicio continúa avanzando hacia su etapa final. Durante los próximos días se espera la presentación de nuevos testigos y peritos antes de dar paso a los alegatos de clausura, instancia que será clave para determinar las eventuales responsabilidades en una de las causas de presunta corrupción más relevantes que ha enfrentado la Corporación Municipal Gabriel González Videla.