¿Cuál fue el motivo? Embargan más de 100 bienes de la Corporación Gabriel González Videla

Un embargo de más de un centenar de bienes se concretó durante la jornada de este jueves en dependencias de la Corporación Municipal Gabriel González Videla (C.G.G.V.), luego de una orden emanada del Tribunal de Letras de La Serena en el marco de una demanda por el cobro de facturas impagas que superan los $101 millones.

El procedimiento incluyó el retiro de equipos computacionales, artículos tecnológicos y mobiliario de oficina, los que fueron inventariados, rotulados y trasladados desde las dependencias de la corporación por receptores judiciales.

La acción judicial tiene su origen en una deuda que se remonta al año 2022 y que está relacionada con dos licitaciones públicas destinadas a trabajos de conservación y mejoramiento de infraestructura en el Colegio Javiera Carrera. Según los antecedentes del caso, las obras contratadas no fueron ejecutadas en su totalidad por la empresa constructora a cargo.

Posteriormente, las facturas asociadas a dichos trabajos fueron adquiridas mediante factoring por la empresa BL Capital SpA, entidad que inició las acciones legales correspondientes tras no recibir el pago comprometido.

Desde la actual administración de la corporación señalaron que intentaron evitar el embargo mediante gestiones judiciales y conversaciones con la empresa acreedora. Sin embargo, los esfuerzos para alcanzar un acuerdo o reprogramar la deuda no prosperaron.

El secretario general de la Corporación Gabriel González Videla, Eduardo Rodríguez, confirmó la diligencia y explicó que la institución se encontraba notificada de la medida.

“Estábamos notificados del retiro de los bienes producto de un embargo de parte de la empresa BL Capital, a la que le debemos dos facturas por un total de 101 millones de pesos”, sostuvo.

Rodríguez afirmó que la deuda corresponde a compromisos generados durante la administración anterior, cuando la corporación era sostenedora de la educación pública municipal, y reconoció que actualmente no existen recursos disponibles para asumir el pago.

“Lamentablemente es una deuda heredada de la administración anterior y nosotros no tenemos la liquidez para asumir esas dos facturas. Tenemos que someternos al embargo, no nos queda otra opción”, indicó.

Pese al impacto de la medida, desde la corporación aseguraron que la atención al público y el funcionamiento interno no se verán interrumpidos. Para ello, se activó un plan de contingencia que contempla la reposición de mobiliario y equipamiento mediante recursos almacenados en bodegas institucionales.

Según explicó Rodríguez, los bienes retirados serán reemplazados progresivamente con el objetivo de garantizar que los funcionarios puedan continuar desarrollando sus labores habituales y mantener la operatividad de los distintos servicios que presta la entidad.