“Operación El Dorado”: tribunal deja en prisión preventiva a siete imputados

El Tribunal de Garantía de Illapel acogió parcialmente la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público en la audiencia de formalización de la denominada “Operación El Dorado”, investigación que indaga una presunta red dedicada al tráfico de drogas, corrupción de funcionarios, lavado de activos e ingreso de elementos prohibidos al Centro de Detención Preventiva de Illapel.

Tras revisar los antecedentes expuestos durante la audiencia, la magistrada Andrea Rojas concluyó que existen elementos suficientes para tener por acreditada, en esta etapa inicial del proceso, la existencia de diversos delitos y la participación de varios de los imputados, resolviendo aplicar medidas cautelares diferenciadas según el grado de vinculación atribuido a cada uno.

Uno de los puntos centrales de la resolución dice relación con el delito de ingreso, facilitación o posesión de aparatos de telecomunicaciones prohibidos al interior de recintos penitenciarios.

Respecto del funcionario de Gendarmería S.M.M, la magistrada sostuvo que su participación aparece respaldada por evidencia extraída desde el teléfono celular incautado de un interno, existiendo comunicaciones relacionadas con el ingreso clandestino de dispositivos móviles y otros elementos al recinto penal.

En el caso de R.C.C, el tribunal estimó que existen antecedentes que permiten atribuirle participación en el ingreso de elementos prohibidos, considerando una declaración de un testigo reservado y registros audiovisuales incorporados por la fiscalía.

Asimismo, la jueza consideró que las interceptaciones telefónicas permiten sustentar, en esta etapa, la imputación respecto de V.S.F, M.O.R., I.L.P. y J.V.C por hechos relacionados con el ingreso y facilitación de tecnología prohibida al interior del establecimiento penitenciario.

Prisión preventiva 

Luego de analizar la necesidad de cautela, la magistrada decretó la prisión preventiva de V.S.F.; M.O.R.; I.L.P.; S.M.M., C.C.M.; C.L.R. y D.L.M.

Respecto a los cuatro primeros. el tribunal estimó acreditados los delitos de asociación criminal, tráfico ilícito de drogas, cohecho, lavado de activos e ingreso de elementos prohibidos a recintos penitenciarios.

La resolución señala que la libertad de estos imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad debido a la gravedad de los delitos investigados, las penas asociadas y la existencia de una estructura organizada que habría operado desde el interior del Centro de Detención Preventiva de Illapel.

En este contexto, la magistrada sostuvo expresamente que el gendarme V.S.F. “el Hombre” es sindicado como el líder de la red, mientras que C.C.M “el Carnicero” habría cumplido un rol de intermediario. También existirían antecedentes que dan cuenta de eventuales maniobras destinadas a ocultar dinero mediante terceros.

En cuanto a las proveedoras C.L.R. y D.L.M., ambas imputadas por tráfico ilícito de drogas, el tribunal estimó que las circunstancias familiares expuestas por las defensas no resultan suficientes para sustituir la prisión preventiva, considerando la cantidad de droga incautada y la gravedad de los hechos investigados.

Arresto domiciliario total

A diferencia de los demás funcionarios imputados, la magistrada rechazó la prisión preventiva solicitada para R.C.C.

Según la resolución, durante la audiencia no se acreditaron antecedentes suficientes para vincularlo a los delitos de asociación criminal y tráfico de drogas.

La jueza sostuvo que los antecedentes presentados describen una conducta asociada a actos de corrupción de carácter individual, por lo que estimó desproporcionada la medida cautelar más gravosa.

En consecuencia, le impuso arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición absoluta de comunicarse con los demás imputados de la causa.

Por otra parte, J.O.F. y E.C.P. quedaron sujetos a arresto domiciliario parcial nocturno, arraigo nacional y firma mensual, mientras que J.V.C. deberá cumplir arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás coimputados.

El plazo de investigación quedó en 120 días.