Más de 10 años de cárcel arriesgan cabecillas de fraude en la Corporación GGV

El juicio oral por el millonario fraude al interior de la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena entró en su etapa final, luego de varias semanas de presentación de prueba documental, pericial y testimonial, en una causa que investiga una defraudación superior a los $762 millones.

En ese contexto, el abogado querellante de la municipalidad de La Serena, Adrián Vega, sostuvo a Diario El Día que tanto la fiscalía como los querellantes consideran acreditada la participación de los principales acusados en el mecanismo defraudatorio.

“Respecto de las penas solicitadas por la fiscalía y los querellantes contra los principales operadores del mecanismo de defraudación a la corporación municipal — Nicole Cadena, su esposo Cristian Muñoz y Bélgica Guerra —, entendemos que se han presentado pruebas suficientes para acreditar el papel que tuvo cada uno de ellos en la defraudación, lo que los convierte en autores del delito”, señaló.

La investigación del Ministerio Público sostiene que entre 2019 y 2024 habría operado una estructura organizada destinada a desviar recursos públicos mediante boletas ideológicamente falsas, pagos por servicios inexistentes y posteriores transferencias de dinero hacia quienes lideraban la operación.

Según explicó Vega, desde la parte querellante se mantiene la tesis de que los hechos corresponden a un fraude al fisco, debido al origen público de los recursos involucrados, "y que no pueden ser considerados de índole privada, más allá de que sean administrados por una corporación que, en su origen, es una organización de derecho privado, pero que tiene una regulación de orden público”, afirmó.

El abogado añadió que, a juicio de los querellantes, la naturaleza pública de la corporación queda reflejada en que ésta es constituida por la municipalidad y administra fondos destinados principalmente a salud y programas sociales.

Asimismo, indicó que Nicole Cadena y Bélgica Guerra tendrían la calidad de funcionarias públicas, mientras que Cristian Muñoz “tenía conocimiento de las circunstancias objetivas del tipo penal”.

“Por esa razón, y por el hecho de que además se agrega el delito de lavado de activos, las penas propuestas superan los diez años de privación de libertad para cada uno de ellos”, agregó.

Durante el desarrollo del juicio, la fiscalía ha presentado cerca de mil documentos, además de peritajes tributarios, informes financieros y declaraciones de funcionarios de Contraloría y la PDI, buscando acreditar la existencia de una organización estructurada para cometer las defraudaciones.

En jornadas anteriores, el propio Vega ya había sostenido que las declaraciones de algunos imputados reforzaban la tesis de una asociación ilícita liderada por Cadena y Muñoz.

Alegatos de clausura

Respecto a las próximas etapas del proceso, el juicio ingresará ahora a la fase de alegatos de clausura.

“Corresponde ahora la etapa de alegatos de clausura, en la cual los intervinientes — la fiscalía, los querellantes y las defensas — darán cuenta de sus fundamentos y argumentaciones para solicitar las penas correspondientes o, en el caso de las defensas, las absoluciones que estimen pertinentes”, indicó Vega. 

En esa línea, aseguró que la municipalidad de La Serena mantiene una evaluación positiva respecto de cómo se ha desarrollado la prueba presentada en el tribunal.

“Se han acreditado los hechos expuestos en la acusación y la calificación jurídica, observada en una línea temporal, dará debida cuenta de la participación de cada uno de los acusados en un esquema defraudatorio organizado, en el cual existirían líderes, mandos medios y personas en la línea más baja de recepción de dineros y retransmisión hacia las jerarquías más altas de esta asociación”, aseguró.

Cabe recordar que un total de 9 personas ya se encuentran condenadas por el millonario fraude que afectó a la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena, sentencias que se dictaron en el Juzgado de Garantía de La Serena mediante procedimientos abreviados.

En cuanto al desglose de estas penas, tres personas fueron condenadas por el delito de fraude al fisco, una persona fue condenada por estafa y fraude al fisco y cinco fueron condenados por obtención fraudulenta de recursos del Estado.