La cronología del primer caso de corrupción con cárcel efectiva en la región

Reportajes Diario El Día

"Si yo caía, íbamos a caer todos". La frase quedó suspendida durante algunos segundos en la sala del Tribunal Oral. No era una declaración cualquiera. Era la respuesta de Bélgica Guerra a las confesiones que, horas antes, había realizado Nicole Cadena. También era la síntesis de una investigación que, durante más de dos años, fue revelando cómo una red integrada por funcionarios de la Corporación Gabriel González Videla y particulares logró defraudar al Estado por más de $762 millones mediante boletas ideológicamente falsas, informes de actividades inexistentes y una compleja trama de transferencias bancarias.

Lo que comenzó como una serie de observaciones administrativas terminó convirtiéndose en uno de los casos de corrupción pública más importantes que ha conocido la Región de Coquimbo y en el primero que concluyó con condenas de cárcel efectiva por fraude al Fisco.

Pero esa historia no comenzó en un tribunal ni con una detención.

Mucho antes de las confesiones, del juicio oral y de la sentencia, la Corporación Municipal Gabriel González Videla seguía funcionando como cualquier otra entidad encargada de administrar la salud y la educación municipal de La Serena. Cada día, miles de personas acudían a los distintos recintos asistenciales y establecimientos educacionales sin sospechar que, al interior de la institución, se estaba gestando una maquinaria que terminaría por derrumbar la confianza en uno de los organismos públicos más relevantes de la comuna.

Documentos, planillas de pago, boletas de honorarios, informes de gestión, decretos y programas de salud que, revisados de manera aislada, parecían formar parte de la rutina administrativa. Sin embargo, al analizarlos en conjunto, comenzaron a aparecer inconsistencias que no lograban explicarse. Fue entonces cuando la Contraloría Regional inició una fiscalización que terminaría marcando un antes y un después.

EL INFORME QUE CAMBIÓ LA HISTORIA

El 20 de febrero de 2024, Diario El Día publicó los principales antecedentes de un lapidario informe elaborado por la Contraloría Regional de Coquimbo. El documento evidenciaba una serie de irregularidades al interior de la Corporación Gabriel González Videla y cuestionaba severamente los mecanismos de control existentes.

Ese fue el punto de partida de una investigación que, poco a poco, iría revelando una realidad mucho más compleja, cuyos orígenes se remontaban a 2019. Lo que inicialmente aparecía como desórdenes en la administración de recursos públicos terminó transformándose en claras sospechas de delitos. No solo se observaron graves deficiencias en los controles internos, sino que posteriormente se acreditaría la existencia de un mecanismo destinado a desviar recursos públicos durante varios años mediante la emisión de boletas de honorarios por trabajos que jamás fueron ejecutados.

El informe de Contraloría se convirtió en una verdadera hoja de ruta para la investigación. Incluso hoy, el abogado querellante y exfiscal regional, Adrián Vega, reconoce que la labor del organismo fiscalizador fue decisiva.

"Fue fundamental. La fiscalizadora declaró de modo muy detallado y ordenado cómo fue elaborado el informe de Contraloría, marcando la pauta de las diligencias que la Fiscalía realizó posteriormente para darle cuerpo probatorio a la tesis fiscal", explica.

LOS NOMBRES DETRÁS DE LA INVESTIGACIÓN

Mientras las diligencias avanzaban bajo reserva, Diario El Día comenzó a reconstruir quiénes eran las personas que aparecían reiteradamente en los antecedentes recopilados por los investigadores. Uno de los primeros nombres fue el de Nicole Cadena Munita.

Hasta entonces era conocida por desempeñarse como coordinadora de programas y proyectos del Departamento de Salud de la Corporación, donde había experimentado un rápido ascenso. Sin embargo, a medida que avanzó la investigación, pasó a convertirse en una de las principales protagonistas de la trama, al quedar vinculada con la validación de informes de actividades y pagos que posteriormente fueron cuestionados.

Pocos días después apareció otro nombre clave: Bélgica Guerra Galleguillos, secretaria del Departamento de Salud, una funcionaria de absoluta confianza, con amplio conocimiento del funcionamiento interno de la Corporación y de sus procesos administrativos.

Ambas terminarían sentadas en el banquillo de los acusados.

En medio del creciente escándalo apareció otra voz que hasta entonces había permanecido en silencio. A fines de febrero de 2024, el entonces alcalde de La Serena, Roberto Jacob, decidió referirse públicamente al caso. Lo hizo respaldando a Lorena Casarín, directora del Departamento de Salud.

Las publicaciones de Diario El Día también dieron cuenta de las diferencias internas y del creciente desgaste que enfrentaba la Corporación. La permanencia de Lorena Casarín comenzó a ser cuestionada públicamente mientras avanzaban las revelaciones sobre el fraude. Finalmente, fue separada de sus funciones a comienzos de marzo de 2024.

Mientras la ciudadanía conocía cada día nuevos antecedentes, la Fiscalía y la Policía de Investigaciones desarrollaban un minucioso trabajo para reconstruir el recorrido del dinero defraudado.

No bastaba con demostrar que las boletas eran falsas. Era indispensable seguir la ruta de los recursos, una tarea que terminaría revelando una red mucho más amplia, integrada por la pareja de Nicole Cadena, Cristian Muñoz, y otras diez personas conocidas durante la investigación como los "boleteros".

SEGUIR EL DINERO

Si algo tenía claro el Ministerio Público era que, si el fraude había permanecido oculto durante años, era porque el dinero nunca permanecía inmóvil. Una vez efectuados los pagos, los recursos iniciaban un recorrido por distintas cuentas bancarias, pasando de una persona a otra para dificultar el seguimiento de su origen y destino.

Según explica a Diario El Día el abogado querellante Adrián Vega, ese trabajo constituyó uno de los aspectos más complejos de toda la investigación.

"La retransferencia de los dineros desde cada una de las cuentas de los boleteros hacia las cabecillas. Hubo que levantar numerosas cuentas corrientes y analizarlas al detalle para determinar el flujo del dinero", recuerda.

Lo que inicialmente parecían pagos aislados terminó revelando un patrón de funcionamiento. Con el avance de las diligencias, el seguimiento de esas transferencias permitió descubrir movimientos bancarios que, en total, bordeaban los $1.700 millones, cifra que daba cuenta de la magnitud del entramado financiero analizado por los investigadores.

Mientras la Fiscalía avanzaba con absoluta reserva, los medios de comunicación intentaban completar el rompecabezas.

Las publicaciones de Diario El Día fueron revelando nuevas aristas del caso. Los perfiles de Nicole Cadena y Bélgica Guerra permitieron comprender que ambas no eran funcionarias recién incorporadas a la Corporación, sino personas que conocían en profundidad su funcionamiento interno. Esa experiencia, según la investigación, resultó determinante para aprovechar las debilidades de control existentes.

Para Adrián Vega, precisamente ese aspecto convierte esta causa en un precedente distinto respecto de otros delitos contra la administración pública registrados en la región.

"Es llamativo que mandos medios hayan tomado la iniciativa de defraudar por el monto en que lo hicieron, aprovechándose de las brechas procedimentales y la falta de fiscalización de la entidad responsable", sostiene.

Hasta entonces, los principales casos de corrupción pública conocidos en la Región de Coquimbo solían estar asociados a autoridades políticas o altos cargos. En esta oportunidad, la investigación apuntó a funcionarios de nivel intermedio que, según la tesis finalmente acogida por el tribunal, utilizaron el conocimiento que tenían de la estructura administrativa para sostener durante años un mecanismo fraudulento.

Cada nueva diligencia confirmaba que el caso era mucho más amplio de lo que inicialmente se había pensado. La pregunta ya no era si existían irregularidades. La verdadera interrogante era cuánto lograría acreditar la Fiscalía en un juicio oral y convertir cada documento, cada transferencia bancaria y cada informe en una prueba judicial.

Durante el juicio oral, esa labor quedó reflejada especialmente en las declaraciones de los peritos financieros, analistas del Ministerio Público y funcionarios de la Policía de Investigaciones, quienes recurrieron incluso a mapas conceptuales, cuadros comparativos y planillas para explicar de manera gráfica cómo se había movido el dinero.

Aquellas exposiciones resultarían decisivas para acreditar no solo el fraude al Fisco, sino también el delito de lavado de activos.

"Fue el conjunto de la prueba, pericial y testimonial, el que conformó una trama de antecedentes que hizo a los acusados confesar los hechos. En cuanto al lavado de activos, fue fundamental la declaración de Ángela González, analista de SACFI, y de la funcionaria de la PDI Rosario Hunter, quienes explicaron de manera muy gráfica la responsabilidad de los acusados mediante mapas conceptuales y planillas", recuerda Adrián Vega.

Si bien la defensa insistía en que ese delito no podía acreditarse, el tribunal llegó a una conclusión distinta.

Fue recién durante el juicio oral cuando se conoció en detalle el trabajo investigativo desarrollado durante más de dos años y cuando fue posible escuchar directamente a los protagonistas de la causa y sus confesiones.

FRENTE AL TRIBUNAL

Después de más de dos años de investigación, miles de documentos revisados, cuentas bancarias analizadas y decenas de diligencias, llegó el momento que terminaría definiendo el destino judicial de los acusados.

El 25 de mayo de 2026, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena comenzó a escuchar una historia que la Fiscalía había construido de manera meticulosa. Durante semanas desfilaron detectives, analistas financieros, funcionarios de la Contraloría Regional y peritos especializados. Uno tras otro fueron reconstruyendo el mecanismo que permitió desviar más de $762 millones desde la Corporación Gabriel González Videla.

Uno de los momentos más impactantes del juicio ocurrió cuando Nicole Cadena decidió reconocer su participación en los hechos. Visiblemente emocionada, manifestó estar profundamente arrepentida y admitió haber recibido cerca de $340 millones provenientes del fraude.

Aquella confesión marcó un antes y un después dentro del proceso.

Por primera vez, una de las principales acusadas reconocía públicamente la existencia del mecanismo investigado por la Fiscalía. Sin embargo, lejos de cerrar la discusión, sus declaraciones abrieron un nuevo capítulo.

Cadena intentó explicar las responsabilidades y el rol que, según su versión, habían desempeñado otras personas dentro de la estructura. Rápidamente, sus dichos fueron cuestionados.

Horas más tarde fue el turno de Bélgica Guerra, quien pronunció una de las frases que terminaría convirtiéndose en el símbolo del juicio.

"Si yo caía, íbamos a caer todos".

Más que una declaración, aquella frase resumía la complejidad de una investigación en la que las responsabilidades se entrecruzaban entre distintos funcionarios y particulares.

Guerra contradijo parte importante de lo señalado previamente por Cadena y dejó en claro que no estaba dispuesta a asumir en solitario la responsabilidad por los hechos investigados.

EL PESO DE LA EVIDENCIA

Para el abogado querellante, Adrián Vega, nunca existió una verdadera incertidumbre respecto del desenlace del juicio.

"Los imputados decidieron confesar los hechos y otra cosa era discutir la calificación jurídica. Destacamos que el tribunal haya acreditado el delito de lavado de activos, cuestión que la defensa negaba tajantemente", explica.

Ese aspecto resultó especialmente relevante. Durante todo el juicio, la defensa sostuvo que no existían antecedentes suficientes para acreditar el delito de lavado de activos. Sin embargo, las declaraciones de los analistas financieros y de los funcionarios de la Policía de Investigaciones terminaron convenciendo al tribunal de que los recursos obtenidos mediante el fraude habían sido objeto de un proceso destinado a ocultar su origen ilícito.

Después de semanas de audiencias, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena emitió su veredicto.

Trece personas fueron declaradas culpables por su participación en el fraude que afectó a la Corporación Gabriel González Videla.

Los jueces establecieron que entre 2019 y 2021 operó un mecanismo destinado a obtener pagos irregulares mediante boletas de honorarios e informes de actividades falsos, correspondientes a trabajos que nunca fueron ejecutados.

Nicole Cadena y Bélgica Guerra fueron declaradas culpables de fraude al Fisco y lavado de activos. En tanto, Cristian Muñoz y otros diez acusados fueron condenados por fraude de prestaciones estatales y lavado de activos.

No obstante, el tribunal también descartó parte de la acusación presentada por el Ministerio Público. Todos los imputados fueron absueltos del delito de asociación ilícita criminal y de los cargos por falsificación y uso malicioso de instrumento público, al estimar que esas conductas quedaban absorbidas por el fraude al Fisco que sí fue acreditado durante el juicio.

El 11 de julio de 2026 llegó el desenlace definitivo. La sala volvió a llenarse desde temprano. Esta vez no habría extensas declaraciones ni nuevos testimonios. Solo restaba conocer las penas que el tribunal impondría a cada uno de los condenados.

Nicole Cadena y Bélgica Guerra fueron sentenciadas a ocho años de presidio efectivo, además del pago de una multa de 100 UTM. En tanto, Cristian Muñoz recibió una pena de siete años de cárcel efectiva, junto con multas de 100 UTM y 15 UTM.

Respecto de los otros diez condenados, el tribunal impuso penas que fluctuaron entre 840 y 1.082 días de presidio. Sin embargo, atendida su participación y las circunstancias concurrentes, se les concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena, además de multas que oscilaron entre 3 y 10 UTM.

Con esta sentencia, la Región de Coquimbo registró por primera vez un caso de fraude al Fisco que concluyó con penas de cumplimiento efectivo.

Para el abogado querellante, Adrián Vega, el fallo constituye una señal clara para quienes administran recursos públicos.

"Las penas son altas. En este caso fueron siete años para el señor Muñoz y ocho para la señora Cadena y la señora Guerra, pese a existir circunstancias atenuantes. Eso tiene un efecto disuasivo", sostiene.

Sin embargo, a juicio del exfiscal regional, el principal aprendizaje que deja este caso va mucho más allá de las condenas.

"Las organizaciones afectadas deben colaborar con la Fiscalía y ejercer las acciones penales que correspondan. El caldo de cultivo para este tipo de delitos es la ausencia de sistemas de cumplimiento normativo rigurosos, auditorías permanentes y cruces efectivos de información. En este caso se cargaban gastos a programas cuyos presupuestos ya estaban ejecutados con profesionales reales, utilizando recursos generales de salud para pagar a los boleteros", explica.

La historia de la Corporación Gabriel González Videla no terminó con la lectura de la sentencia. Por el contrario, abrió un debate sobre la forma en que se administran los recursos públicos y sobre la eficacia de los mecanismos de control destinados a prevenir hechos similares.

Lo que comenzó con un informe de la Contraloría Regional terminó transformándose en una investigación penal que dejó al descubierto las debilidades de un sistema. La caída de la Corporación no es solo la historia de un fraude superior a $762 millones. Es también el relato de cómo una fiscalización administrativa, una investigación judicial minuciosa y una cobertura periodística persistente permitieron sacar a la luz uno de los mayores casos de corrupción pública que ha conocido la Región de Coquimbo.

Más allá de las condenas, el caso de la Corporación Gabriel González Videla deja una lección que trasciende este proceso judicial. La justicia estableció responsabilidades penales, pero el verdadero desafío será impedir que una historia como esta vuelva a repetirse. Porque detrás de los más de $762 millones defraudados había recursos públicos destinados a mejorar la calidad de vida de miles de personas, una pérdida cuyo impacto resulta imposible de cuantificar.

Frases

"Los imputados decidieron confesar los hechos y otra cosa era discutir la calificación jurídica. Destacamos que el tribunal haya acreditado el delito de lavado de activos, cuestión que la defensa negaba tajantemente", Adrián Vega, abogado querellante

"Siempre digo que un robo con intimidación es gravísimo, pero cuando alguien sustrae 760 millones de pesos destinados a la salud pública también provoca un enorme daño social. Creo que el tribunal tuvo presente ese daño al momento de imponer las penas", Patricio Cooper, fiscal regional

"Fue una decisión estrátegida llevar el caso a juicio oral"

Desde el Ministerio Público, el fiscal regional Patricio Cooper realiza un balance positivo del resultado obtenido tras el juicio oral, asegurando que desde un comienzo existió una decisión estratégica respecto del destino de los principales imputados. Si bien nueve involucrados habían sido condenados previamente mediante procedimientos abreviados, la Fiscalía optó por no negociar con quienes, a su juicio, encabezaban la estructura que permitió concretar el fraude por más de $762 millones en la Corporación Gabriel González Videla.

"Fue una decisión estratégica llevar ese caso a juicio oral. Ya había nueve personas condenadas en procedimientos abreviados, pero respecto de los tres principales imputados decidimos que no habría ninguna negociación. Íbamos a buscar penas efectivas de cárcel. Llevamos a 13 personas a juicio durante un mes, con numerosos peritajes, testigos y distintas defensas. Finalmente logramos condenas efectivas de ocho años para las dos principales exfuncionarias y siete años para Cristian Muñoz", afirma.

Para Cooper, uno de los aspectos más relevantes del fallo fue que el tribunal reconociera el impacto que tuvo el fraude sobre los recursos destinados a la salud pública, estableciendo penas que, a su juicio, marcan un precedente para este tipo de delitos. "Siempre digo que un robo con intimidación es gravísimo, pero cuando alguien sustrae 760 millones de pesos destinados a la salud pública también provoca un enorme daño social. Creo que el tribunal tuvo presente ese daño al momento de imponer las penas", sostiene.

Respecto del veredicto, el fiscal reconoce que existió un único punto de discrepancia con la resolución del Tribunal Oral. "La única parte donde no compartimos completamente la decisión fue respecto de la asociación ilícita. Nosotros considerábamos que existían antecedentes suficientes para acreditarla, pero el tribunal estimó que no. Sin embargo, en términos generales quedamos conformes y por eso no vamos a presentar un recurso de nulidad", explica.

En cuanto a la recuperación de los recursos defraudados, Cooper admite que las posibilidades son limitadas, aunque destaca que la sentencia permitió decretar el comiso de parte del patrimonio de los condenados. "Se decretó el comiso de un inmueble, tres vehículos y dinero perteneciente a una de las condenadas y su marido. Esos bienes pasan al patrimonio fiscal. El resto del dinero, lamentablemente, no se recupera porque precisamente el lavado de activos busca ocultar esos recursos y mezclarlos con dinero de origen lícito", concluye.