Ley del Mono: extienden plazos y amplían viviendas a regularizar

La Cámara Baja avanza en la revisión de la Ley N.º 20.898, conocida como la “Ley del Mono”, una normativa que busca simplificar el proceso de regularización de viviendas y ampliaciones autoconstruidas, o aquellas que carecen de permisos municipales o recepción definitiva. Este mecanismo permite a los propietarios obtener tanto el permiso de edificación como la recepción final en un solo trámite, siempre que la construcción cumpla con estándares técnicos, de seguridad y habitabilidad.

La regularización de estas propiedades no solo otorga certeza legal a los dueños, sino que también facilita futuras transacciones como compraventas y permite que las ampliaciones se consideren en el avalúo fiscal. Actualmente, la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados está analizando una serie de modificaciones para ampliar los plazos, el avalúo fiscal y la superficie máxima de las propiedades que pueden acogerse a esta ley.

El proyecto en trámite, que incluye indicaciones del Ejecutivo, tiene como objetivo principal que “más personas puedan poner al día los papeles de sus viviendas”, según un reporte de prensa de la Cámara Baja. Para lograrlo, se propone una extensión significativa en el plazo para regularizar y una ampliación de las construcciones elegibles.

En particular, la comisión ha propuesto extender hasta el 31 de diciembre de 2029 la posibilidad de obtener el permiso de edificación y la recepción definitiva de forma simultánea. Esta medida está dirigida a propietarios cuyas viviendas fueron construidas antes del 28 de noviembre de 2025 y que no cuentan con recepción definitiva (total o parcial), ubicadas tanto en áreas urbanas como rurales.

Además de la extensión de plazos, las modificaciones en estudio para la Ley del Mono consideran elevar el avalúo fiscal máximo de 1.000 a 2.000 UF para acogerse a este régimen de regularización. Para este efecto, se requerirá un certificado del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Otro cambio relevante es la ampliación de la superficie máxima de las viviendas incluidas en el procedimiento de regularización, pasando de 90 a 120 metros cuadrados. El reporte de prensa aclara que ambos límites (avalúo fiscal y superficie) no aplicarán a las viviendas beneficiadas con subsidios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo destinados a mejoramiento o ampliación.

Finalmente, para viviendas aisladas, pareadas o continuas de hasta dos pisos y una superficie igual o inferior a 120 m², “se exigirá contar con una resistencia al fuego mínima F15 en todos sus elementos y componentes soportantes, siempre que el muro de adosamiento o divisorio cumpla con las exigencias establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones”. Estas propuestas buscan modernizar y hacer más accesible el proceso de regularización de propiedades en el país, ofreciendo una oportunidad a miles de familias que aún no han formalizado sus construcciones.