“Loteos brujos”: el desafío pendiente del Estado para evitar catástrofes

Producto de las intensas precipitaciones que afectaron a la región, la municipalidad de La Serena realizó un balance de las consecuencias del reciente sistema frontal y reiteró que no autorizará ni regularizará la construcción de viviendas en cauces naturales o zonas con riesgo de inundación.

Desde el municipio señalaron que la prioridad está puesta en apoyar a las familias que perdieron sus viviendas, pero insistieron en que estas no pueden volver a instalarse en sectores que representen un peligro ante futuros eventos climáticos.

En ese contexto, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, sostuvo que "no es momento de buscar culpables, sino de resolver los problemas de los vecinos que perdieron sus viviendas o resultaron afectados por el temporal. Aquí necesitamos el apoyo de todos los estamentos del Estado para reubicar a estas familias y evitar que regresen a zonas de peligro. Como municipio, hemos trabajado en dar la primera respuesta a la emergencia llegando con alimentación, agua y abrigo, pero requerimos iniciar un plan macro junto al gobierno para buscar terrenos seguros".

La jefa comunal aseguró entender "la profunda necesidad habitacional que llevó a las personas a asentarse ahí, pero no queremos que vuelvan a quedar expuestas. Estamos totalmente dispuestos a colaborar y entregar toda la información técnica que tenemos mapeada sobre los lugares aptos y aquellos donde está estrictamente prohibido edificar".

Prohibición de construir en zonas de riesgo

Desde la Dirección de Obras Municipales (DOM) recordaron que la legislación vigente prohíbe la construcción de viviendas en áreas catalogadas como zonas de riesgo por los instrumentos de planificación territorial.

Según explicaron, la normativa no contempla excepciones que permitan otorgar permisos de edificación para uso habitacional en estos sectores, ya que la restricción busca resguardar la seguridad de las personas y la infraestructura.

Asimismo, indicaron que la Ley General de Urbanismo y Construcciones obliga a las direcciones de obras a rechazar proyectos que se emplacen en terrenos definidos como zonas de riesgo, salvo que exista una modificación previa de la planificación territorial o que se hayan ejecutado las mitigaciones contempladas expresamente por la legislación.

Frente a este escenario, el municipio llamó a la comunidad a no dejarse engañar por la venta de loteos irregulares o promesas de construcción en terrenos con restricciones, recomendando solicitar el Certificado de Informaciones Previas (CIP) antes de comprar un inmueble o iniciar cualquier obra.

Loteos irregulares

La municipalidad también advirtió que quienes hayan adquirido terrenos mediante la denominada "compra de derechos" en subdivisiones o loteos irregulares no cuentan con autorización para construir, especialmente cuando se trata de zonas de riesgo, donde la prohibición es absoluta.

Además, recordaron que la Ley General de Urbanismo y Construcciones prohíbe subdividir, lotear o desarrollar nuevos asentamientos fuera de los límites urbanos sin las autorizaciones correspondientes de los organismos competentes, por lo que la venta de derechos en estas condiciones constituye una infracción a la normativa vigente.

Gestión estratégica del territorio

A su vez, la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, abordó la necesidad de fortalecer la gestión del territorio fiscal como herramienta para enfrentar desafíos habitacionales y de desarrollo.

"El patrimonio fiscal pertenece a todos los chilenos y tiene un enorme potencial para contribuir a enfrentar los desafíos del país. Nuestra tarea es pasar de una lógica centrada principalmente en administrar inmuebles a una gestión estratégica del territorio: saber qué tenemos, protegerlo, recuperar lo que corresponde y activar aquellos activos que pueden generar inversión, vivienda, seguridad y mejores oportunidades para las personas y las regiones", señaló.

La secretaria de Estado agregó que entre los próximos desafíos de la cartera están reducir los tiempos de tramitación, recuperar terrenos fiscales ocupados irregularmente, disminuir la morosidad, impulsar nuevas licitaciones y avanzar en un catastro digital interoperable.

Finalmente, Parot afirmó que "en estos primeros 120 días distinguimos con honestidad lo recibido de lo transformado, y asumimos que la tarea recién comienza (...). Reafirmamos nuestra convicción: el territorio fiscal es uno de los principales activos de Chile, y gestionarlo estratégicamente es la herramienta para enfrentar las tres emergencias —de seguridad, económica y social— y construir un país de propietarios, más seguro y con más oportunidades para todas y todos".