Senadores proponen multas y presidio por matrimonios migratorios

Un reciente proyecto de ley ingresado por los senadores Iván Flores (DC), Danisa Astudillo (PS), Paulina Núñez (RN) y Paulina Vodanovic (PS) busca sancionar penalmente los matrimonios y acuerdos de unión civil (AUC) celebrados con fines migratorios. La iniciativa surge en un contexto donde el Registro Civil informó que los AUC entre chilenos y extranjeros se duplicaron de 2024 a 2025, generando cuestionamientos sobre posibles usos fraudulentos para obtener beneficios migratorios.

Los proponentes del proyecto argumentan que, aunque el Registro Civil no puede establecer fraude por sí solo, es una práctica cada vez más común en países con alto flujo de migrantes que personas en situación irregular contraigan matrimonio o AUC para obtener residencia temporal o definitiva. Este fenómeno, según los senadores, no solo obedece a la buena voluntad, sino que también existirían redes de intermediación que, a cambio de dinero, contactan a ciudadanos chilenos o extranjeros residentes para simular estos vínculos.

Inspirado en el modelo francés, el proyecto busca cerrar una «vacío en la legislación que hoy permite que personas suscriban un matrimonio o AUC y luego lo invoquen para obtener beneficios migratorios fraudulentamente, pues en realidad nunca buscaron mantener una vida en común». La propuesta subraya que estas conductas, que atentan contra la fe pública y la administración, no pueden quedar impunes.

Las sanciones propuestas son las siguientes:

• Quien celebre un matrimonio o AUC con una persona extranjera en situación migratoria irregular, con el propósito de eludir la ley de migraciones y obtener beneficios, enfrentará presidio menor en su grado medio y multa de 10 a 20 UTM. Si reincide, la pena aumenta a presidio menor en su grado medio a máximo y multa de 21 a 50 UTM.
• Las mismas penas se aplicarán a la persona extranjera en situación irregular que contraiga matrimonio o celebre un AUC bajo estas condiciones.
• Quien organice, promueva, facilite o intermedie con ánimo de lucro en la celebración de estos vínculos, será sancionado con presidio mayor en su grado mínimo y multa de 51 a 100 UTM. Esta sanción también aplica a extranjeros en situación regular que realicen estas intermediaciones.

Además, cualquier beneficio migratorio (residencia, nacionalidad) obtenido por estos medios será revocado y la persona quedará impedida de obtenerlo nuevamente, incluso si invoca una causal distinta. La discusión sobre el flujo migratorio y sus implicaciones se ha vuelto recurrente en distintas esferas, desde el mercado inmobiliario hasta los desafíos de integración cultural, incluyendo el debate sobre la regulación de recursos estratégicos y la fiscalización de bienes públicos.

Este proyecto de ley busca impactar directamente en la forma en que se gestionan los procesos de regularización migratoria en Chile, buscando desincentivar el uso fraudulento de instituciones civiles y fortalecer la integridad del sistema legal, ante un aumento de casos que alertan a las autoridades.