Familias de Quebrada de Islón deberán ser reubicadas ante riesgo de inundaciones

La Quebrada de Islón, en el sector rural de La Serena, se encamina a un proceso distinto al de otras zonas afectadas por el sistema frontal en la Región de Coquimbo. Mientras en distintos sectores damnificados las familias comenzaron las labores de limpieza y reconstrucción de sus viviendas, en este punto se determinó que el nivel de riesgo impide volver a habitar en los terrenos afectados por la activación de quebradas.

El escenario fue abordado durante una visita del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, junto a autoridades regionales, quienes recorrieron las viviendas dañadas y se reunieron con los vecinos del sector. El objetivo ahora es avanzar en soluciones transitorias que permitan sacar a las familias del área de riesgo mientras se desarrolla un eventual proceso de reubicación definitiva.

Richard Herrera, residente del sector y uno de los dirigentes que ha coordinado a las familias afectadas, en conversación con Diario El Día, explicó que la situación de la quebrada presenta características particulares respecto de otros puntos de la región.

“Esta es la zona cero que le llamamos nosotros, y que, sin lugar a dudas, es una de las zonas más afectadas de la región. Este sector quedó catalogado como una zona de inundación. Por lo tanto, aquí no opera la palabra reconstrucción, porque ya en ningún caso se va a poder volver a reconstruir. Lo que aquí opera es la reubicación”, puntualizó.

Según relató, esta definición también modifica el tipo de ayuda que requieren los damnificados, ya que la entrega de materiales para reparar o reconstruir viviendas no representa una solución para quienes deberán abandonar el lugar.

“Nosotros hemos intentado recibir algunas ayudas con materiales de construcción y todas esas cosas, y les hemos dicho que para nosotros no opera esa ayuda, porque no podemos construir nada ahí”, sostuvo.

Herrera aseguró además que durante la visita realizada al sector, el ministro Iván Poduje informó a los vecinos que los terrenos afectados serían sometidos a un proceso de expropiación para posteriormente transformarlos en terrenos fiscales, con el objetivo de evitar que vuelvan a instalarse viviendas en la zona inundable.

La principal preocupación de las familias, sin embargo, está puesta en el corto plazo. Mientras la reubicación definitiva puede tomar varios años, una parte de los residentes continúa en viviendas dañadas o regresó al sector debido a la falta de alternativas habitacionales.

Entrega de subsidios

Desde la seremi de Vivienda y Urbanismo confirmaron que se trabaja en la entrega de subsidios de arriendo para las familias que permanecen dentro de los polígonos de riesgo.

“Junto al ministro Iván Poduje concurrimos hasta el sector de Islón, donde nos entrevistamos con las familias afectadas. Recorrimos sus viviendas, vimos el nivel de daños que tenían y, obviamente, el riesgo que corren sus vidas al permanecer en el lugar”, señaló el seremi del MINVU, Pablo Cuadra.

La autoridad regional sostuvo que las características del terreno y los daños provocados por la emergencia no permiten garantizar condiciones de seguridad para quienes permanecen en el sector.

“La salida de la quebrada Santa Gracia y la poca resistencia que tuvieron las viviendas no nos dan seguridad de que esas familias puedan estar fuera de riesgo”, remarcó.

Ante este escenario, Cuadra explicó que la instrucción entregada por el titular de Vivienda apunta a acelerar la salida de los residentes mediante soluciones de arriendo. “El ministro nos ha instruido al ministerio y a la seremi de la Región de Coquimbo otorgar subsidios de arriendo a las familias que están expuestas a los polígonos de riesgo, que son hoy día los de la quebrada de Islón”, acotó.

Al menos 50 familias serán reubicadas

De acuerdo con Richard Herrera, el catastro elaborado a partir de información de SENAPRED, las fichas FIBE y antecedentes levantados por el SERVIU, permitiría identificar a cerca de 50 familias que eventualmente deberán ser reubicadas. Sin embargo, el grupo que requiere una solución inmediata sería considerablemente menor.

“Si usted me pregunta cuántas familias son, yo creo que no son menos de 50 familias. Ahora, lo urgente son 28 o 29 familias que necesitamos sacar ahora ya”, esbozó.

La diferencia responde a que no todas las viviendas ubicadas dentro del polígono de afectación sufrieron daños directos. Algunas se encuentran en sectores de mayor altura y no recibieron el impacto del agua, pero de todas maneras quedarían comprendidas dentro del área que, a futuro, deberá ser desocupada.

El problema es que la reubicación definitiva no será inmediata, pues Herrera estima que la adquisición de terrenos, la elaboración de proyectos habitacionales y su posterior ejecución podrían tomar al menos un año y medio en el mejor de los escenarios.

Por otro lado, el dirigente advirtió que “ahora se viene un nuevo temporal y hay varios vecinos que todavía están en el lugar, en condiciones precarias, con las casas hechas pedazos, sin luz, sin agua y con el serio riesgo de que ahora vuelva a pasar básicamente lo mismo con la quebrada”.

Cabe indicar que la situación se vuelve aún más compleja debido al cierre del recinto que anteriormente funcionó como albergue. De acuerdo con el dirigente, el establecimiento debió retomar sus funciones habituales, por lo que las familias quedaron nuevamente sin una alternativa de alojamiento.