Proyecto de “Traición Institucional”
Manouchehri y Cicardini apuntan contra la infiltración del narco en instituciones públicas
El diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini, ambos del Partido Socialista, anunciaron que impulsarán un proyecto de ley para crear el delito de “traición institucional”, con el objetivo de enfrentar la infiltración del crimen organizado en organismos del Estado.
La propuesta apunta a sancionar especialmente a autoridades y funcionarios públicos que utilicen su cargo para colaborar con organizaciones criminales, facilitar sus actividades o procurar impunidad para sus integrantes.
La iniciativa contempla penas de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, estableciendo sanciones mayores cuando las conductas involucren a personas que desempeñen funciones en áreas consideradas sensibles, como seguridad pública, inteligencia, persecución penal, cárceles y control de fronteras.
El proyecto será presentado de manera paralela en el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados. Actualmente, ambos parlamentarios se encuentran buscando respaldos transversales para avanzar en su ingreso al Congreso.
“Chile cruzó un umbral. El crimen organizado ya no solo quiere controlar las calles, está penetrando el Estado. Ya hemos conocido decenas de casos de narcotráfico dentro de instituciones encargadas de nuestra seguridad”, sostuvo Manouchehri.
El diputado agregó que “la autoridad o funcionario que use su cargo para proteger al narco tendrá cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Las penas serán mayores cuando se trate de áreas sensibles como policías, inteligencia, cárceles o fronteras”.
FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA
Otro de los aspectos de la propuesta apunta directamente al vínculo entre organizaciones criminales y la actividad política.
El proyecto establece un delito específico para sancionar el financiamiento de campañas y partidos políticos con recursos provenientes del crimen organizado. La norma alcanzaría a candidatos, jefes de campaña, administradores electorales y responsables financieros de partidos que actúen con conocimiento del origen criminal de los recursos.
La senadora Daniella Cicardini advirtió que la infiltración de estas organizaciones constituye un riesgo que supera el ámbito estrictamente policial.
“Cuando el crimen organizado logra comprar a un funcionario, conseguir información reservada o financiar una campaña, deja de ser solamente un problema policial. Se convierte en una amenaza para la democracia”, sostuvo.
La parlamentaria agregó que el objetivo es impedir que estas redes logren instalarse dentro de las instituciones. “Quien trabaje para el narcotráfico no puede seguir representando ni trabajando para el Estado. Por eso estamos buscando un respaldo transversal. Frente al crimen organizado, el sistema político tiene que actuar unido y sin ninguna contemplación”, afirmó.
La iniciativa se encuentra todavía en una etapa previa a su ingreso formal, mientras Cicardini y Manouchehri continúan las conversaciones para sumar apoyos de parlamentarios de distintos sectores.
