Tramitación en el Congreso
Reforma de seguridad sigue sin respaldo en el Senado y Gobierno enfrenta los últimos días de urgencia
Con 12 días restantes dentro del plazo de urgencia simple, la reforma constitucional de Seguridad del Gobierno sigue sin reunir los apoyos necesarios en el Senado.
La iniciativa, forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y crea un nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública para enfrentar amenazas graves vinculadas al crimen organizado y el terrorismo.
Ese punto concentra la principal controversia, pues el diseño original permitía al presidente decretar la medida por 120 días y renovarla por otros 120 sin autorización previa del Congreso. Durante ese periodo podrían restringirse libertades como la locomoción y la reunión. El Ejecutivo rebajó la urgencia de suma a simple después de constatar que no estaban los 29 votos necesarios en el Senado.
Durante el TeDeum, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que ha sostenido reuniones con parlamentarios para conversar sobre la agenda ACOT y buscar acuerdos que permitan destrabar su tramitación.
El senador socialista Gastón Saavedra, integrante de la Comisión de Defensa y del comité que revisa la propuesta, cuestionó que el Gobierno haya ralentizado la tramitación sin lograr todavía un acuerdo político.
Una postura más dura planteó el diputado FRVS Jaime Mulet, quien el 31 de agosto presentó, junto a otros parlamentarios, el proyecto de resolución 218, que pide al presidente retirar esta reforma constitucional y priorizar otras iniciativas de seguridad que ya están en el Congreso.
Mientras esa reforma sigue trabada, otras piezas de la agenda sí avanzaron. El Congreso despachó el proyecto que amplía de 12 a 24 horas el plazo de flagrancia para actuaciones policiales y hasta 48 horas cuando interviene la Policía Marítima.
También continúa pendiente el proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), que está en Comisión Mixta para resolver diferencias entre ambas cámaras. A esto se suma la discusión del proyecto que busca extender hasta 180 días la retención de extranjeros con orden de expulsión.
