Este martes se tomará una decisión

Pablo Bracchitta: imputado en "Papaya Gate" solicita su sobreseimiento del caso

Este lunes, durante una extensa audiencia, la fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado y los querellantes, expresaron su rechazo a la petición del exgerente de las cuestionadas empresas que vendieron una serie de terrenos al gobierno regional, operación que, según el Ministerio Público, significó un grave daño patrimonial al GORE.
La compra de los terrenos fue impulsada con la idea de desarrollar un complejo deportivo que compensara la pérdida de las antiguas canchas de la exCordep, utilizadas para la construcción del nuevo hospital de La Serena. (Foto: El Día)
La compra de los terrenos fue impulsada con la idea de desarrollar un complejo deportivo que compensara la pérdida de las antiguas canchas de la exCordep, utilizadas para la construcción del nuevo hospital de La Serena. (Foto: El Día)
lunes 21 de septiembre de 2026

La defensa de Pablo Bracchitta Krstulovic solicitó este lunes el sobreseimiento definitivo de su representado en el marco de la investigación del denominado "caso Papaya Gate", una de las causas por currupción de mayor connotación pública en la Región de Coquimbo y que indaga la adquisición de terrenos por parte del Gobierno Regional para la construcción de un complejo deportivo en las dependencias de la exsCordep, cedidas previamente para el proyecto del nuevo hospital de La Serena.

La petición fue discutida este lunes durante una extensa audiencia desarrollada en el Juzgado de Garantía de La Serena, instancia en la que su defensa sostuvo que no existían antecedentes que permitan atribuir responsabilidad penal a Bracchitta, mientras que el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y los querellantes particulares solicitaron rechazar tal solicitud. 

Al respecto, el abogado defensor, David Segall, planteó que Bracchitta nunca ejecutó conductas constitutivas de delito entre los años 2018 y 2020, período investigado por el Ministerio Público.

En concreto, afirmó que las acciones realizadas por su representado se limitaron a actividades propias de cualquier vendedor dentro de una negociación inmobiliaria, tales como gestionar tasaciones, presentar terrenos, inscribir propiedades y cobrar los documentos de pago asociados a la transacción.

En ese sentido, insistió en que la posición jurídica de su cliente debe analizarse desde esa perspectiva y no como la de un funcionario público o un actor con capacidad de decisión dentro de los organismos estatales que aprobaron la compra.

Uno de los puntos centrales del alegato estuvo relacionado con las tasaciones de los terrenos. Según la defensa, la controversia penal tiene su origen en diferencias respecto de la valoración de los predios.

Segall explicó que en enero de 2019 Bracchitta encargó tasaciones cuyos resultados se situaban en torno a los 4 mil millones de pesos, pero aseguró que dichos informes siempre fueron considerados como antecedentes referenciales y no determinantes para fijar el precio final, siendo el valor de mercado y el acuerdo entre las partes los elementos que realmente definían el precio de venta.

En esa línea, la defensa sostuvo que el monto ofertado por los propietarios era el mismo que venían promoviendo desde años anteriores y que incluso había sido presentado en negociaciones previas con el Servicio de Salud Coquimbo.

Asimismo, citó antecedentes atribuidos al exadministrador regional, José Cáceres, quien habría señalado en declaraciones a la fiscalía en 2019 que las tasaciones constituían únicamente una referencia y que el precio final dependía de lo acordado por las partes involucradas.

La defensa también enfatizó que Bracchitta no intervino en decisiones administrativas, recordando que la iniciativa fue revisada y aprobada por diversas instituciones, entre ellas el Ministerio del Deporte, la municipalidad de La Serena, el Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo Regional.

La implicación de Bracchitta en el caso

Cabe recordar que Pablo Bracchitta se desempeñó como gerente general de las sociedades Guayacán SpA, La Herradura SpA, La Serena SpA, El Faro SpA, Pan de Azúcar SpA y Cerro Grande SpA, todas pertenecientes al grupo empresarial CPS (Casas por Siempre), propietario de los terrenos que finalmente fueron vendidos al Gobierno Regional.

Según la investigación desarrollada por la fiscalía, José Cáceres, exjefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional y, posteriormente administrador regional, mantenía vínculos comerciales desde 2016 con los propietarios de las sociedades inmobiliarias involucradas en la operación, relación que el Ministerio Público considera relevante para acreditar la existencia de un conflicto de interés.

En ese contexto, la fiscalía sostiene que Bracchitta gestionó e impulsó la venta de los terrenos teniendo conocimiento de que la operación resultaba altamente favorable para los vendedores y perjudicial para el Gobierno Regional, además de estar al tanto de la situación que afectaba a Cáceres y a los representantes de las sociedades inmobiliarias.

Los cargos de la fiscalía

Durante la audiencia, el fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad de la Fiscalía Regional de Coquimbo, Ricardo Soto, manifestó que existen antecedentes suficientes para sostener la participación del imputado en los hechos investigados.

“Nosotros mantenemos que a día de hoy existen antecedentes que dan cuenta de participación, como fue señalado en audiencias anteriores, y por lo tanto hemos pedido al tribunal que se rechace la solicitud de sobreseimiento (de Pablo Brachitta)”, indicó.

El persecutor sostuvo que durante la investigación se han reunido antecedentes que permiten acreditar "la existencia de un conflicto de interés que era evidente entre los vendedores y el Gobierno Regional. Existía conocimiento de ese conflicto de interés y por lo tanto entendemos que también la resciliación del contrato original y la firma de los nuevos contratos con el fin de saltar la toma de razón de Contraloría son antecedentes graves que eran conocidos además por los imputados, entre ellos el señor Bracchitta”, afirmó.

En términos similares se pronunció el abogado querellante, Luis Acevedo, quien además, valoró que el tribunal rechazara nuevamente los intentos por excluir a su representada de la causa.

“Nuevamente se intentó por la defensa de Bracchitta de excluir a la parte querellante del procedimiento, cuestión que ya había sido resuelta por la Corte de Apelaciones rechazando esa exclusión y permitiéndonos continuar con la causa”, destacó. 

Respecto del fondo de la solicitud, Acevedo espera que "sea rechazado el sobreseimiento definitivo (de Bracchitta), toda vez que no hay ninguna forma de que su inocencia sea algo indubitado, sino que, por el contrario, hay antecedentes para afirmar que es culpable de los hechos que se imputan”.

Tras escuchar los argumentos de todas las partes, el tribunal dejó la decisión en estudio, cuya decisión se conocerá este martes al mediodía.