Proyectos habitacionales, salud y obras emblemáticas concentran las prioridades del CORE

Con poco más de tres meses para cerrar el año, el Consejo Regional (CORE) comienza a concentrar sus esfuerzos en acelerar la ejecución de la cartera de inversiones del Gobierno Regional y destrabar una serie de iniciativas que permanecen pendientes. La preocupación adquiere especial relevancia luego de que la Región de Coquimbo registrara, al cierre de julio, un 32,7% de ejecución presupuestaria, por debajo del 39,2% del promedio nacional y ubicándose en el lugar 12 entre las 16 regiones.

En este escenario, desde el órgano colegiado plantean que el desafío no pasa únicamente por exigir respuestas al ejecutivo regional, sino también por mejorar la coordinación con las unidades técnicas encargadas de desarrollar los proyectos, particularmente municipios y organismos públicos.

La presidenta de la Comisión de Fomento del CORE, Ximena Ampuero, sostiene que una de las dificultades está precisamente en los tiempos de respuesta a las observaciones que realiza el Gobierno Regional. “Hay varias cosas que este 2026 han quedado paradas, pero no solamente echándole la culpa al ejecutivo, sino también entendiendo la necesidad de que las municipalidades puedan responder las observaciones que nosotros les hemos entregado para poder sacar los proyectos a flote”, plantea.

A su juicio, esta articulación resulta determinante para mejorar el ritmo de ejecución, considerando que el GORE actúa como financista, mientras que municipios y otros organismos públicos cumplen el rol de unidades solicitantes o ejecutoras.

Vivienda y emergencia

Uno de los principales focos para los próximos meses estará puesto en la cartera de iniciativas desarrolladas junto al SERVIU. Tanto Ampuero como el presidente de la Comisión de Presupuesto, Max Aguirre, destacan la necesidad de concretar la transferencia de alrededor de $6.000 millones asociada a esta cartera, recursos que permitirían avanzar en proyectos habitacionales y contribuir a elevar el nivel de ejecución regional.

Aguirre plantea, además, que durante este año existe una cartera de pagos que bordearía los $9.777 millones, por lo que el seguimiento de los compromisos será clave durante el último trimestre.

En paralelo, los consejeros colocan bajo la lupa la cartera de emergencia superior a los $18 mil millones aprobada durante el invierno para enfrentar las consecuencias del sistema frontal. El Consejo Regional aprobó una cartera que supera los $18.609 millones, aunque el proceso ha estado acompañado de cuestionamientos sobre la disponibilidad efectiva de los recursos, sus mecanismos de ejecución y la necesidad de contar con los respaldos administrativos y presupuestarios correspondientes.

Para Francisco Corral, presidente de la comisión de Aguas y Recursos Hídricos, el desafío es que durante los meses que quedan se pueda comprobar que los pagos comprometidos efectivamente se materialicen y que las distintas iniciativas cumplan con las condiciones y respaldos exigidos por el CORE.

“Para lo que resta del año, la prioridad debe ser transformar el presupuesto regional en obras y soluciones concretas para nuestra región”, señala.

El consejero también plantea que el saldo disponible del 2% de emergencia debería ser priorizado para la rehabilitación de cauces, bocatomas y accesos rurales, considerando los daños provocados por el sistema frontal.

Proyectos que siguen esperando

Más allá de la ejecución presupuestaria, los consejeros coinciden en la necesidad de destrabar proyectos que se han transformado en iniciativas emblemáticas para la región.

Entre ellos aparecen la Escuela de Medicina de la Universidad de La Serena y el Teatro Regional. En el caso de este último, el Gobierno Regional informó durante este año la reactivación de la iniciativa mediante un estudio de factibilidad por $593 millones, destinado a actualizar el diseño, incorporar las normativas vigentes y desarrollar un modelo de gestión para el futuro recinto.

A ello se suman el estadio de Canela, la cancha de Vega Sur y el Politécnico de Illapel, además de proyectos de postas rurales y establecimientos educacionales, especialmente en la provincia de Limarí.

Ampuero agrega a esta lista la continuidad del programa de empleabilidad, cuya vigencia culmina en octubre, y la necesidad de avanzar desde ya en la definición del próximo convenio GORE-MINSAL. Este último punto cobra importancia debido a que el actual convenio contempla una amplia cartera de iniciativas de salud que requieren seguimiento para evitar nuevos retrasos. Ya en enero, el CORE había fijado como prioridad para 2026 acelerar proyectos asociados al convenio y fortalecer su seguimiento territorial.

Junto con intentar cerrar el año con un mayor nivel de ejecución, otro de los énfasis planteados al interior del CORE apunta a comenzar a ordenar desde ahora el denominado arrastre presupuestario para 2027.