“La región tiene una cartera de inversión relevante”

Álvaro González, subsecretario de Minería, en diálogo con Diario El Día, aseguró que estos primeros seis meses del gobierno han sido de mucho trabajo aunque con una hoja de ruta clara.

“Nuestro objetivo es generar las condiciones para que el potencial minero de Chile se transforme efectivamente en inversión, nuevos proyectos, mayor producción y mejores oportunidades para las regiones”, remarcó.

En esa línea, planteó que el plan del ejecutivo se estructura en tres pilares: certeza jurídica y mejores condiciones para invertir; modernización regulatoria para agilizar proyectos; y fortalecimiento de la institucionalidad minera.

-¿Esto en qué se puede graficar?

“Esto se traduce en medidas concretas que ya están en marcha: simplificación del régimen de patentes mineras, incentivos tributarios para la inversión y la exploración, modernización de permisos y regulaciones, y medidas para fortalecer la pequeña y mediana minería". 

-¿Cómo era el escenario de la minería en general cuando asumieron el gobierno?

“Chile mantiene condiciones extraordinarias para seguir siendo una potencia minera. Tenemos recursos geológicos, experiencia, capital humano, proveedores especializados y una industria reconocida internacionalmente. Pero no estamos produciendo al nivel que queremos y podemos, más aún considerando el actual super ciclo de precios del cobre.

La producción de cobre se ha estancado en los últimos años en torno a los 5 y 5,5 millones de toneladas anuales. Hay razones relacionadas al ciclo minero: nuestros yacimientos son más maduros, las leyes del mineral han disminuido y la minería es cada vez más profunda. Pero también es el resultado de malas políticas públicas que desincentivaron o directamente paralizaron proyectos de inversión”.

-En relación con eso, ¿cuáles son los principales desafíos del sector?

“Uno de los principales desafíos es aumentar la exploración. La minería del futuro se construye hoy. También debemos reducir los tiempos entre una decisión de inversión y la materialización de un proyecto, entregar mayor certeza y recuperar capacidad productiva. Y eso tiene que ir acompañado de mayor productividad y de mejores condiciones para la pequeña y mediana minería.

Hay además un desafío que para nosotros es fundamental: que el crecimiento minero tenga una expresión concreta en las regiones. Más minería tiene que significar también más empleo, proveedores locales, innovación, inversión y oportunidades para las personas”.

-¿De qué manera se buscan abordar dichos desafíos?

“Estamos trabajando simultáneamente sobre regulación, inversión, exploración y certeza jurídica. En materia tributaria, la Ley de Reconstrucción Nacional contempla una disminución gradual del Impuesto de Primera Categoría desde 27% a 23%, junto con mecanismos de invariabilidad tributaria de hasta 20 años, según el tamaño de la inversión. Para una industria intensiva en capital y cuyos proyectos se desarrollan durante décadas, contar con reglas previsibles es relevante. También avanzamos hacia un sistema de patentes mineras más simple y claro, especialmente para pequeños y medianos productores”.

-¿Cómo ve el escenario de la minería en la región?

“Coquimbo tiene una identidad minera muy fuerte y una característica especialmente valiosa: aquí conviven gran minería, mediana minería y una pequeña minería muy extendida territorialmente. La región tiene además una cartera de inversión relevante. Al mismo tiempo, este año tuvimos que enfrentar los efectos de los temporales sobre pequeños productores. Por eso el plan Minería en Marcha tiene un foco especial en Coquimbo y Atacama, con acciones en acceso a faenas, seguridad y reactivación productiva.

En Coquimbo, desde el 29 de septiembre se abren las postulaciones a PAMMA Reactiva, con $100 millones para la región y financiamiento de hasta $3 millones por proyecto para pequeños productores afectados por los eventos meteorológicos. También está Produce Seguro, financiado por el Gobierno Regional y el Consejo Regional y ejecutado por el ministerio, orientado a mejorar las condiciones de seguridad y los procesos productivos de la pequeña minería.

Coquimbo tiene historia minera, capital humano, proveedores y proyectos. La oportunidad está en aprovechar esa base para ampliar la actividad y generar más desarrollo dentro de la propia región”.

-¿Cuáles cree que son los principales desafíos a nivel local?

“La pequeña minería enfrenta desafíos muy concretos en materia de seguridad, productividad, financiamiento, formalización y capacidad para abordar los procesos regulatorios. También necesitamos que Coquimbo siga generando exploración y nuevos proyectos. Una región con esta tradición minera tiene que ser capaz de renovar su cartera y construir oportunidades para las próximas décadas. Y hay un tercer elemento: los encadenamientos productivos. Queremos que cada nueva inversión genere también oportunidades para proveedores regionales, pymes, técnicos y profesionales de Coquimbo. El desarrollo minero adquiere mucho más valor cuando deja capacidades permanentes en el territorio”.

-¿Hay algún proyecto nuevo a nivel local que esté en carpeta?

“Hay iniciativas importantes en distintas etapas. Una muy concreta es El Espino, en las comunas de Illapel y Canela, que actualmente se encuentra en construcción. También está la Extensión de Vida Útil de Minera Los Pelambres, actualmente dentro de la cartera de iniciativas sometidas a evaluación ambiental en la región. Nuestra responsabilidad como Estado es generar condiciones claras y eficientes para que los proyectos que cumplan con la normativa puedan efectivamente desarrollarse, pero a la vez contar con procedimientos eficientes y que entreguen respuestas dentro de plazos razonables”.

-Un tema que se repite bastante desde los gremios locales dice relación con la “permisología”. ¿Cómo se está abordando esta situación?

“Nuestra tarea es avanzar hacia una minería más ágil, moderna y eficiente. Por eso estamos simplificando 55 autorizaciones sectoriales, reorganizándolas en 13 permisos y 18 técnicas habilitantes alternativas. Estas herramientas permiten, en materias de menor riesgo, utilizar declaraciones juradas y fiscalización posterior, agilizando los procesos y facilitando el desarrollo de los proyectos. Todo ello manteniendo los estándares de seguridad minera y protección ambiental que requiere una minería responsable y sostenible”.