“Diamante Verde”: la causa narco que remeció a Ovalle llega a juicio en octubre

El próximo 26 de octubre comenzará en Ovalle el juicio oral del denominado caso “Diamante Verde”, una investigación que no solo quedó marcada por la incautación de droga, armas y dinero, sino también por la controversia generada luego de que los principales imputados recuperaran su libertad tras el pago de millonarias fianzas durante la etapa inicial del proceso.

La causa, liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad junto a la Policía de Investigaciones (PDI), busca acreditar la existencia de una estructura criminal dedicada a la producción, procesamiento y comercialización de cannabis a gran escala, con operaciones en la provincia de Limarí y distribución hacia distintas regiones del país.

La investigación contempla la acusación contra una decena de imputados por delitos asociados al tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos.

De acuerdo con antecedentes del Ministerio Público, la prueba que será presentada durante el juicio está programada inicialmente para 15 jornadas, aunque la defensa estima que el proceso podría extenderse por cerca de dos meses debido al volumen de evidencia reunida, además de la cantidad de testigos y peritos convocados.

La polémica por las fianzas

Uno de los episodios que marcó la causa ocurrió tras la formalización de los 23 imputados, cuando el Juzgado de Garantía de Ovalle decretó prisión preventiva para varios de ellos por peligro de fuga, fijando además una caución de dos millones de pesos por persona.

El pago de estas fianzas permitió que los imputados recuperaran su libertad, situación que generó críticas desde el Ministerio Público, que recurrió ante la Corte de Apelaciones de La Serena.

Posteriormente, el tribunal de alzada acogió los argumentos de Fiscalía y ordenó la detención de los involucrados, iniciándose un proceso de búsqueda que permitió la recaptura de 16 de las 20 personas que permanecían prófugas desde septiembre de 2024.

Una investigación de largo alcance

La denominada Operación Diamante Verde se inició tras un trabajo conjunto entre la PDI y la Fiscalía de Focos Investigativos, que permitió identificar a una organización dedicada al cultivo y procesamiento de cannabis en sectores rurales de Ovalle.

En una primera etapa, cerca de un centenar de detectives provenientes de distintas regiones participaron en procedimientos realizados en el sector de Mantos de Hornillos, donde fueron incautados más de 1.600 kilos de cannabis lista para su comercialización.

La investigación se extendió por más de un año y medio, permitiendo establecer los distintos roles que cumplirían los integrantes de la organización y reunir antecedentes sobre el origen y destino de los recursos obtenidos.

Posteriormente, una segunda fase operativa incluyó el allanamiento simultáneo de 28 inmuebles en sectores urbanos y rurales de Ovalle.

Durante estos procedimientos fueron incautadas armas de fuego, municiones, 19 vehículos, tres motocicletas, más de $283 millones en efectivo, US$4.500 y 111 kilos de droga procesada, parte de la cual se encontraba oculta bajo tierra.

Las diligencias culminaron con la detención de 23 personas adultas, quienes fueron formalizadas por diversos delitos vinculados a la estructura investigada.

Entre los inmuebles intervenidos también figuró un local comercial tipo “Grow Shop” ubicado en el centro de Ovalle, que según la investigación habría sido utilizado como fachada para la importación y comercialización de semillas e insumos destinados a cultivos ilegales.

Condenas previas y estrategia investigativa

Desde Fiscalía destacaron que la causa ya registra condenas respecto de otros involucrados.

En total, seis personas fueron condenadas por lavado de activos; tres por tráfico de drogas; una por microtráfico; dos por tenencia ilegal de armas y municiones; una por microtráfico y tenencia de municiones; y otra por microtráfico, tenencia de municiones, fuegos artificiales y cultivo de cannabis.

Según el Ministerio Público, estos resultados forman parte de una estrategia enfocada en perseguir organizaciones criminales y rastrear las ganancias obtenidas mediante actividades ilícitas.

La situación de los acusados

El abogado defensor Carlo Silva, quien representa a parte de los acusados, explicó que actualmente solo uno de sus representados permanece privado de libertad, mientras que el resto modificó sus medidas cautelares durante el desarrollo de la investigación.

“Tenemos un imputado que se encuentra privado de libertad y al que se le atribuye un rol de liderazgo dentro de la organización. El resto de los imputados que representamos se encuentra con medidas cautelares ambulatorias”, señaló.

El defensor agregó que existe un grupo de personas que no ha comparecido ante la justicia desde el inicio de la causa.

“Hay tres o cuatro imputados que no se han presentado desde el comienzo de la causa. Puede ocurrir que decidan comparecer directamente al juicio. Nuestra recomendación es que lo hagan porque contamos con una estrategia de defensa y con peritajes contables para discutir especialmente los cargos relacionados con lavado de activos”, sostuvo.

Con el inicio del juicio oral programado para fines de octubre, la causa entrará en una etapa clave para determinar las eventuales responsabilidades penales de los acusados en una de las investigaciones por narcotráfico y lavado de activos más relevantes desarrolladas en la Región de Coquimbo durante los últimos años.