Eventual manipulación del RSH pone bajo análisis los controles para acceder a la gratuidad

Las eventuales consecuencias administrativas, penales y académicas que podría generar una presunta manipulación del Registro Social de Hogares (RSH) por parte de una funcionaria de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social para facilitar el acceso a la gratuidad a su hijo, fueron abordadas por expertos, luego de que la Contraloría Regional de Coquimbo remitiera al Ministerio Público los antecedentes de la denuncia.

De acuerdo con la presentación, la funcionaria, cuya identidad se mantiene bajo reserva, habría modificado la composición de su grupo familiar en el RSH, retirando a su hijo de su hogar para incorporarlo al registrado por su madre. Según sostiene el denunciante, esta modificación habría tenido como finalidad alterar la situación socioeconómica del joven para que pudiera acceder al beneficio de la gratuidad en educación superior.

No obstante, la denuncia aún no acredita la existencia de una irregularidad. De hecho, la Contraloría determinó que correspondía al Ministerio Público establecer si los antecedentes podrían configurar algún delito y remitió la información a la fiscalía regional de Coquimbo. Paralelamente, la seremi de Desarrollo Social y Familia decidió instruir un sumario administrativo para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

En este contexto, para la abogada y magíster en Derecho Público, María José Lira Marti, la situación reviste especial relevancia precisamente por la función que cumple la repartición involucrada.

“De ser efectiva la denuncia, estaríamos ante un hecho de la máxima gravedad institucional”, sostuvo, explicando que el sumario administrativo busca establecer eventuales responsabilidades disciplinarias y que, de acreditarse los hechos, podrían existir consecuencias que incluso contemplen la destitución e inhabilitación de la funcionaria.

A su juicio, la gravedad estaría determinada no solamente por la eventual obtención irregular de un beneficio, sino también por el vínculo de la funcionaria con el organismo encargado de administrar información relacionada con el Registro Social de Hogares.

“Es una gravísima falta al principio de probidad, por ser una funcionaria del ministerio que administra el RSH, si se determina que usó su cargo o facultades para defraudar al Estado”, afirmó.

La especialista agregó que las eventuales responsabilidades administrativas y penales deben analizarse de manera independiente. Esto significa que el sumario que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social no reemplaza la investigación que pueda efectuar la fiscalía, ni esta última impide que se determinen responsabilidades dentro de la administración pública.

En esa línea, Lira explicó que, de comprobarse las conductas denunciadas, podrían eventualmente analizarse figuras penales como fraude al Fisco, adulteración de instrumentos públicos u obtención fraudulenta de prestaciones del Estado, aunque recalcó que corresponde a la investigación determinar si alguna de estas hipótesis resulta aplicable.

Pero las eventuales consecuencias no necesariamente quedarían circunscritas a la funcionaria, pues la abogada planteó que también deberá establecerse el nivel de conocimiento que pudo haber tenido el estudiante beneficiado respecto de una eventual irregularidad.

El impacto en la política de gratuidad

Desde la perspectiva educativo, el caso también abre una discusión respecto de la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sin perder de vista el objetivo de la gratuidad y otros instrumentos de apoyo destinados a estudiantes de menores ingresos.

El experto en educación Mario Benavides sostuvo que situaciones como la denunciada deben ser consideradas dentro de un contexto más amplio de fiscalización de los recursos públicos, aunque planteó que no deberían llevar a cuestionar por sí solas el propósito de la política pública.

“En muchas situaciones, no tan solo en este aspecto, se han visto efectivamente faltas a la probidad por parte de algunos funcionarios públicos que, de una u otra manera, se han beneficiado particularmente”, señaló.

Sin embargo, calificó el episodio como una situación “puntual” y “marginal”, y sostuvo que este tipo de casos también puede servir para identificar espacios donde es necesario aumentar los controles.

“Debe existir un mayor rigor en la asignación, en este caso, de la gratuidad”, afirmó, apuntando a la necesidad de fortalecer los mecanismos que permiten verificar los antecedentes utilizados para determinar el acceso a beneficios.

Benavides destacó que la gratuidad constituye una política orientada a ampliar las posibilidades de acceso a la educación superior para estudiantes de menores ingresos.