Desalojo de La Varilla continúa a la espera y sin fecha concreta

En julio de este año, el desalojo de La Varilla parecía comenzar a tomar forma.

El 13 de ese mes, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, anunciaba que había solicitado formalmente al Ministerio de Seguridad Pública intervenir el asentamiento luego de reunirse con el ministro Martín Arrau. En aquella oportunidad aseguró que existía “luz verde” para avanzar y manifestó su expectativa de que pronto pudieran concretarse acciones específicas.

Incluso se informó de una planificación preliminar que proyectaba concretar la medida dentro de dos meses. La información instaló la expectativa de que el procedimiento pudiese materializarse durante septiembre. Sin embargo, al día 4 de ese mes todavía no se había ingresado formalmente la solicitud necesaria para incorporarlo al calendario de desalojos.

Es que más que un plazo administrativo incumplido, es un proceso que involucra a distintas instituciones y necesita completar una serie de etapas antes de llegar a una eventual intervención. Y sin fecha y acciones concretas, la alcaldesa Daniela Norambuena volvió a cuestionar la situación que se vive en el sector y planteó la necesidad de una actuación más amplia del Estado. “Lo que sucede en La Varilla denota la total ausencia de control estatal", criticó. 

En ese sentido, la interrogante actual es cuándo las gestiones podrán transformarse en un procedimiento concreto. Según sostienen desde el municipio, actualmente se está colaborando con los organismos involucrados y proporcionando los antecedentes requeridos, formalizando gestiones ante los organismos con competencias en la materia.

Explicación ante la espera

Desde la delegación presidencial regional, en tanto, sostienen que los procesos de desalojo y restitución administrativa requieren una planificación que considere variables legales, técnicas y de seguridad.

El delegado presidencial Víctor Pino Fuentes explica que una intervención de estas características debe contar con las condiciones necesarias antes de avanzar hacia su ejecución. “Los procesos de restitución administrativa y desalojo de ocupaciones irregulares responden a una planificación técnica minuciosa que prioriza la seguridad, el cumplimiento de los márgenes legales y la evaluación constante del riesgo territorial”, indicó. 

Para la autoridad, además, el hecho de que un sector no se encuentre en la nómina inmediata de procedimientos no quiere decir que haya dejado de ser considerado. “Los calendarios de restitución se configuran de acuerdo a múltiples factores que deben converger. Que un sector no figure en la nómina inmediata de ejecuciones no significa que esté invisibilizado; responde a que se encuentra en una etapa donde se debe hacer un levantamiento catastral y análisis jurídico previo para garantizar que, al momento de ejecutar la medida, se cuente con todo el respaldo legal y operativo necesario”, afirmó. 

Lo señalado por la autoridad permite explicar parte de la distancia entre el anuncio realizado en julio y la situación actual del procedimiento. En septiembre ya se había advertido que faltaban pasos administrativos para trasladar un eventual desalojo hacia su fase operativa.

A ello se suma la complejidad particular de La Varilla. Antecedentes publicados previamente por El Día muestran que en el sector existen realidades distintas, desde campamentos y ocupaciones ilegales hasta pequeños agricultores y familias vinculadas a arriendos productivos regularizados por Bienes Nacionales.

Desde la delegación aseguran, en todo caso, que las coordinaciones con el municipio continúan y que también se han desarrollado gestiones desde el nivel central. “Ya se han hecho visitas técnicas y distintos avances. Se continúa también levantando antecedentes para consolidar el diagnóstico territorial y definir la factibilidad temporal de las intervenciones dentro de los próximos meses”, puntualizó. 

De esta forma, si bien se habla de avances y de intervenciones dentro de los próximos meses, hasta ahora no se ha comunicado una fecha específica para ejecutar el desalojo.

Los pasos necesarios para una intervención

Otro de los puntos que permite entender por qué el procedimiento todavía no llega a su fase definitiva tiene que ver con las atribuciones y responsabilidades de los diferentes organismos involucrados.

La seremi de Seguridad Pública, María José Duarte, explica que el ingreso de un procedimiento al calendario de desalojos corresponde a la delegación presidencial regional. Respecto de los antecedentes necesarios para sustentar las resoluciones, la seremi agrega que estos deben ser aportados por las entidades que poseen derechos sobre los terrenos. 

Seguridad Pública participa, por su parte, en la evaluación de riesgos y la coordinación con las policías frente a un eventual procedimiento. De acuerdo con Duarte, ese trabajo puede comenzar incluso antes de que concluya completamente la etapa jurídica y administrativa.

“La seremi de Seguridad Pública puede intervenir desde la planificación del desalojo, para evaluar riesgos y coordinar con las policías las medidas de seguridad. Su participación no requiere esperar al término de la etapa jurídico-administrativa, ya que la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública asigna funciones de resguardo del orden público y coordinación estratégica”, explicó. 

Pero planificación no significa ejecución inmediata. Para concretar un desalojo, recalca la autoridad, tiene que existir el respaldo que jurídicamente permita llevar adelante la medida.

A modo de comparación, Duarte menciona el procedimiento que actualmente se desarrolla en la extoma INIA de Los Vilos. “Ya estamos trabajando en una mesa intersectorial junto a la municipalidad de Los Vilos para coordinar el desalojo. El proceso en este municipio presenta avances significativos en su etapa jurídico-administrativa, y continuamos articulando las acciones necesarias entre las instituciones involucradas”, dijo. 

Así, mientras desde los organismos gubernamentales se explican las etapas que todavía debe recorrer una eventual restitución, desde el municipio serenense mantienen la presión para alcanzar una solución y sostienen que el problema requiere la intervención de distintas instituciones del Estado.