Riesgo para el gobierno: desafueros amenazan con alterar equilibrio político en el Senado

El reciente fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que acogió el desafuero del senador Miguel Ángel Calisto por las causas de fraude al Fisco y fraude de subvenciones, ha encendido las alarmas en el gobierno. 

Aunque la resolución aún debe ser ratificada por la Corte Suprema, la eventual salida temporal de Calisto -sumada a las indagatorias que afectan a otros integrantes de la Cámara Alta- proyecta un escenario de alta incertidumbre capaz de reconfigurar el frágil equilibrio político existente en el Senado.

Cabe señalar que bajo el marco constitucional vigente, el parlamentario desaforado queda inmediatamente suspendido de su derecho a participar en las deliberaciones y de votar en la Sala. Sin embargo, no pierde su escaño ni su dieta parlamentaria mientras no exista una sentencia condenatoria a firme.

Esta figura legal genera una consecuencia directa sobre la aritmética legislativa, al reducirse el número total de senadores en ejercicio.

Actualmente, con un Senado integrado por 50 miembros, el quórum de mayoría absoluta exige 26 votos. De confirmarse la suspensión de Calisto, el universo de parlamentarios en ejercicio descendería a 49, fijando la mayoría en 25 sufragios. No obstante, la inquietud es mayor al considerar un eventual desafuero de otros legisladores indagados por el Ministerio Público, como Camila Flores, Alejandro Kusanovic, Sergio Gahona, Loreto Carvajal y Matías Walker.

Un eventual "efecto dominó" alteraría sustancialmente la gobernabilidad interna. Si a la situación de Calisto se sumara la de la senadora Camila Flores, el pleno quedaría con 48 integrantes, provocando un empate técnico: el oficialismo pasaría a contar con 24 votos frente a igual número de la oposición. En un escenario aún más complejo, si se añadiera el desafuero de Alejandro Kusanovic, el total caería a 47 senadores, reduciendo la fuerza del oficialismo a 23 apoyos propios y dejándolo en minoría frente a los 24 de la oposición. Y la situación iría a peor para el gobhierno en caso de un desafuero del senador Gahona. 

Ante la falta de mecanismos institucionales de reemplazo temporal en la Cámara Alta y el creciente debate público sobre la continuidad del pago de dietas a autoridades suspendidas, tanto el Senado como la Cámara de Diputadas y Diputados analizan ajustes reglamentarios para abordar estas contingencias.

Las reacciones en el ámbito político reflejan visiones contrastantes. Desde la UDI, el diputado Marco Antonio Sulantay optó por la cautela institucional. “Las acciones judiciales no se comentan. Soy un convencido de que es necesario mantener siempre la prudencia de opinar en este tipo de casos, porque cualquier punto de vista expresado puede interpretarse como una presión de un poder del Estado sobre otro”, aseguró. 

En una postura divergente, el diputado opositor, Bernardo Salinas, enfatizó la primacía de la probidad por sobre el cálculo político. “Más allá del análisis político o de cómo queda el equilibrio dentro del Senado, la señal es súper potente e importante, ningún parlamentario puede estar por sobre la ley. Lo crucial en un Estado de derecho es la transparencia y el uso estrictamente apegado a la norma de los recursos de todos los chilenos. No me interesan los equilibrios dentro del Senado producto de esto; lo que hay que preservar siempre es la honestidad”, puntualizó. 

En la misma línea, la diputada del PC, Nathalie Castillo, indicó que si se concretan otros desafueros, particularmente de parlamentarios que han respaldado al Gobierno, “podríamos avanzar hacia un escenario de mayor equilibrio entre oficialismo y oposición, poniendo límites a la intención del ejecutivo de imponer reformas regresivas que perjudican directamente a las personas”, como los recientes recortes, afirmó, que contempla la ley de Presupuesto 2027.