Ley Ricarte Soto: cuestionan recorte de más de $22.000 millones en Presupuesto 2027

La propuesta de Presupuesto 2027 presentada por el ejecutivo abrió una nueva discusión en torno al financiamiento de la Ley Ricarte Soto, luego de que el proyecto contemplara una reducción de recursos para el Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo.

De acuerdo con los antecedentes de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), el fondo asociado a esta normativa pasaría de $189.696 millones en 2026 a $166.951 millones en 2027. La diferencia nominal alcanza los $22.745 millones, pero al considerar el efecto de la inflación, la disminución real bordea los $28 mil millones, equivalente a cerca de un 14%.

La situación ha generado preocupación entre parlamentarios, especialmente porque, en paralelo, se tramita en el Congreso una iniciativa destinada precisamente a fortalecer el financiamiento permanente de tratamientos de alto costo.

Garantía de continuidad

Uno de los primeros en manifestar inquietud fue el senador Sergio Gahona, quien advirtió sobre los posibles efectos que podría tener la reducción presupuestaria.

“La principal preocupación es que se limite la incorporación de nuevos tratamientos y aumente la incertidumbre de las familias. El gobierno ha asegurado que los tratamientos actuales están resguardados, y debemos exigir que ese compromiso se cumpla con recursos suficientes y oportunos”, señaló.

El parlamentario agregó que respaldará la responsabilidad fiscal, pero también impulsará un financiamiento que garantice la continuidad de las terapias para quienes enfrentan enfermedades de alto costo.

Desde una postura más crítica, el senador Daniel Núñez cuestionó la magnitud de la rebaja presupuestaria y sus eventuales consecuencias para los pacientes.

“El presupuesto 2027 reduce en más de $22 mil millones los recursos destinados a esta ley. Eso deja en riesgo la incorporación de personas que requieren tratamientos y medicamentos de alto costo. En la Región de Coquimbo existen más de mil pacientes oncológicos activos y las familias tienen derecho a saber cómo se garantizará el acceso oportuno a sus tratamientos”, sostuvo.

Núñez aseguró que buscará reponer los recursos durante la discusión legislativa y exigirá garantías por parte del Ministerio de Salud para que ningún beneficiario quede sin cobertura.

La preocupación también fue compartida por la diputada Nathalie Castillo, quien calificó como “inaceptable” la reducción de recursos destinados a la Ley Ricarte Soto.

La parlamentaria recordó que la Región de Coquimbo registra la mayor prevalencia de enfermedad de Fabry del país, por lo que insistió en la importancia que tiene esta cobertura para numerosos pacientes y sus familias.

“Exigiremos la restitución de estos recursos. No permitiremos que un ajuste fiscal termine afectando prestaciones que están vinculadas directamente con la salud y la vida de las personas”, afirmó.

En la misma línea, la diputada Carolina Tello planteó que el principal desafío será garantizar que la disminución presupuestaria no afecte la continuidad de los tratamientos.

“Lo importante es saber cómo se asegurará que ninguna persona quede sin su terapia por falta de recursos. No podemos aprobar un presupuesto sin esa claridad”, indicó.

No habrá suspensión de tratamientos

Sin embargo, no todas las voces han cuestionado la propuesta. El diputado Erich Grohs defendió la necesidad de optimizar el gasto público y sostuvo que la explicación entregada por el ejecutivo apunta precisamente a mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos.

“El Estado debe dejar de ser una máquina de despilfarro. No se trata de desproteger a los pacientes, sino de garantizar que cada peso se use de manera eficiente y transparente. Si el gobierno asegura que las coberturas continuarán, entonces debe respaldar esa afirmación con cifras claras y financiamiento suficiente”, señaló.

Frente a las críticas surgidas desde distintos sectores políticos, desde el gobierno insistieron en que la reducción presupuestaria no significará la suspensión de tratamientos para los beneficiarios de la Ley Ricarte Soto.

El vocero regional de Gobierno, Darwin Cortés, sostuvo que las familias requieren certezas y aseguró que la continuidad de las prestaciones ha sido ratificada por el Ministerio de Salud.

“La ministra de Salud ha señalado que el ajuste contemplado en el Presupuesto 2027 no interrumpirá la entrega de medicamentos para quienes cumplen los requisitos de la Ley Ricarte Soto, incluyendo a los pacientes actuales y a quienes ingresen a patologías ya cubiertas por el sistema”, explicó Cortés.

La autoridad agregó que el ejecutivo tiene la responsabilidad de garantizar esa cobertura y que continuará trabajando para asegurar los recursos necesarios.

Asimismo, indicó que el presupuesto está abierto a discusión y las críticas deben responderse con antecedentes. "Pero afirmar que los pacientes perderán sus medicamentos no corresponde a lo que ha informado la ministra. Podemos debatir las asignaciones con firmeza, pero no generar una incertidumbre a las familias", afirmó.