Nueva norma del uso de la fuerza: destacan certezas para policías y ciudadanía

La aprobación de las nuevas Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) por parte del Congreso Nacional abre un nuevo escenario para la actuación de las policías y de las Fuerzas Armadas en determinadas circunstancias, al establecer criterios legales que regulan el empleo de la fuerza durante sus procedimientos. La iniciativa quedó en condiciones de ser promulgada como ley luego de recibir el respaldo de la Sala del Senado al informe de la Comisión Mixta, con 29 votos a favor, 15 en contra y una abstención.

Uno de los aspectos destacados de la normativa es la incorporación de principios como la necesidad, la proporcionalidad, la legalidad y la gradualidad, junto con deberes asociados a la actuación de los funcionarios, entre ellos la identificación, la advertencia, el resguardo de la integridad de terceros y el registro de los procedimientos.

Para Jorge Tobar, magíster en Criminología, este avance representa una noticia relevante, principalmente porque entrega mayor certeza a quienes deben tomar decisiones en situaciones complejas y de riesgo.

“En cualquier proceso socioinstitucional, y muy especialmente en lo policial, la toma de decisiones exige contar con certezas que le permitan a un agente de seguridad pública —y, en su caso, a militares cuando son llamados a apoyar las acciones de orden público— avanzar en un procedimiento sobre terreno conocido”, sostuvo.

En esa línea, el experto planteó que la ausencia de reglas con rango legal generaba un escenario de incertidumbre para los funcionarios al momento de intervenir, con consecuencias que, según indicó, podían llegar incluso al ámbito penal.

“El suelo anterior en que debían desplazarse era una toma de decisiones sobre arena movediza que te podía llevar a la cárcel, y eso ocurrió muchas veces”, afirmó.

Un marco también para la ciudadanía

Sin embargo, Tobar recalcó que los alcances de las RUF no se limitan a entregar un marco de actuación a las instituciones encargadas de la seguridad pública. A su juicio, también permitirán que la ciudadanía conozca los criterios que deben orientar estos procedimientos y pueda exigir un comportamiento acorde con las reglas establecidas.

“La comunidad también se beneficia de esto, pues sabrá cómo debe y cómo no debe reaccionar ante un carabinero, detective, marino o militar, y también sabrá exigirle a las policías un comportamiento debido sobre la base de algo conocido y mutuamente aceptado”, explicó.

La normativa contempla una escala de actuación que considera desde el despliegue disuasivo y las técnicas de comunicación hasta el uso de medios menos letales y, bajo determinadas condiciones, de armamento potencialmente letal. Este último se establece como una medida excepcional, aplicable cuando las alternativas previas resulten insuficientes y concurran las circunstancias previstas en la ley.

Complemento a la Ley Naín-Retamal

Otro de los puntos abordados por Tobar fue la relación entre las nuevas reglas y la Ley Naín-Retamal, frente a los cuestionamientos que surgieron durante la discusión legislativa.

Al respecto, aseguró que ambas normativas no entran en conflicto, sino que se complementan, lo que consideró especialmente relevante para los funcionarios de Carabineros que enfrentan procedimientos de creciente complejidad y riesgo.

Finalmente, Tobar destacó los antecedentes de la elaboración de estas reglas y el trabajo que, según señaló, Carabineros desarrolló junto a la Cruz Roja Internacional desde 2013.

De acuerdo con el experto, gran parte del contenido de la nueva normativa tiene su origen en ese trabajo, que durante años se mantuvo como una regulación interna de carácter administrativo para orientar el uso de la fuerza por parte de los funcionarios de la institución.