Uso de armas letales y proporcionalidad concentran críticas a la ley RUF

El pasado 7 de octubre, el Congreso aprobó el proyecto de ley sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), luego de que ambas cámaras respaldaron el texto acordado por una comisión mixta, que resolvió los desacuerdos surgidos durante la discusión.

El proyecto define cuándo y cómo Carabineros y la PDI pueden utilizar la fuerza durante sus procedimientos, regula la actuación de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad autorizadas por la Constitución y la ley, y establece distintos niveles de respuesta, desde el diálogo y el control físico hasta el uso de armas de fuego, además de las responsabilidades de los funcionarios.

La iniciativa ingresó en 2023 y fue aprobada después de más de tres años de discusión, en una semana marcada por la muerte de dos carabineros y los llamados del gobierno a dar mayor protección jurídica a las policías. 

A pesar de esto, las diferencias al respecto persistieron y según informó Radio Bío Bío, 13 senadores de oposición acudieron al Tribunal Constitucional para que revise la proporcionalidad de la respuesta y a las situaciones en que se permite utilizar fuerza potencialmente letal.

A favor y en contra

En la votación del 7 de octubre de 2026, el Senado respaldó el proyecto de RUF con 29 votos a favor, 15 en contra y una abstención. Los senadores por la Región de Coquimbo Matías Walker y Sergio Gahona votaron a favor, mientras que Daniel Núñez lo hizo en contra. 

Consultado por su determinación, el senador Matías Walker afirmó que “quedé muy tranquilo con mi voto a favor del proyecto RUF, considerando que estuvo tres años y medio en discusión y que finalmente la comisión mixta zanjó las diferencias, con una propuesta aprobada por 111 votos a favor en la Cámara de Diputados”. 

Wlaker explicó que en la Cámara "solo votaron en contra parlamentarios del Partido Comunista y del Frente Amplio. No entiendo cómo el Socialismo Democrático pudo votar en contra del proyecto en el Senado”, agregó.

Walker también argumentó que “el proyecto contempla principios aceptados universalmente por las democracias más modernas: racionalidad en el uso de la fuerza, necesidad, legalidad y responsabilidad. Establece claramente cuáles son las reglas para que las Fuerzas Armadas, las policías y Gendarmería puedan hacer uso de arma letal, por lo tanto, creo que protege a las Fuerzas de Orden y Seguridad y a su vez establece las garantías para la ciudadanía”. 

Precisamente, respecto al tema de la proporcionalidad, Walker señaló que se generó una discusión "que es válida, pero se zanjó democráticamente y hubo una mayoría que estimó que bastaba con el principio de racionalidad en el uso de la fuerza”. 

Por su parte, el senador Daniel Nuñez justificó su voto en contra al informe de la comisión mixta, "por los mismos motivos que expuso la exministra Toha y Cordero, en un artículo del diario El Mercurio. Básicamente porque se eliminó el principio de proporcionalidad, se permite el uso de armas letales en casos que no está en riesgo la vida del policía o miembro FF.AA”. 

En la carta a la que alude el senador Nuñez, los exministros Carolina Tohá y Luis Cordero apoyan que el uso de la fuerza se regule por ley, pero cuestionan que se elimine la exigencia de que la respuesta sea proporcional a la amenaza, advirtiendo que el proyecto permite usar armas potencialmente letales para impedir una fuga o cumplir una orden judicial sin exigir expresamente evaluar el peligro para las personas. 

Los exministros también critican que se amplíe la protección legal de los funcionarios y se eliminen referencias a reglamentos que orientaban su actuación, lo que a su juicio deja demasiadas decisiones en manos de cada policía, lo que genera incertidumbre. 

Reparos

En lo que respecta a la posible aplicación de esta normativa en la Región de Coquimbo, la discusión sobre sus límites también remite al caso de Romario Veloz, quien murió por un disparo de un militar durante una manifestación el 20 de octubre de 2019, en el marco del estallido social. 

Ante este escenario, su madre, Mery Cortez, quien además es activista y defensora de Derechos Humanos, hizo hincapié en que “el uso de la fuerza por parte de militares y policías debe estar sujeto a los principios de necesidad, proporcionalidad, excepcionalidad y respeto irrestricto a los derechos humanos”. 

En ese sentido, afirmó que algunos aspectos como controles independientes, investigaciones oportunas e imparciales, sanciones cuando existan abusos y responsabilidad de los mandos, "sin privilegios ni impunidad", deben ser tomados en cuenta en esta discusión. 

"También es fundamental garantizar la protección de manifestantes y transeúntes, con especial atención a las personas racializadas y migrantes”, insistió.

Cortez, quien dio vida a la Fundación Romario Veloz, también advirtió que “ninguna ley puede convertirse en una autorización para vulnerar derechos ni en una barrera para que las familias accedan a la verdad y la justicia. Como madre, no quiero que ninguna otra familia viva el dolor que vivimos con Romario, porque la seguridad del país no puede ser a costa de la vida de su gente, y las vidas negras también importan y el Estado debe protegerlas”.

Por su parte, Hedy Araya Villanueva, presidenta del Colectivo de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos, expresó su total rechazo a esta ley. 

“Servirá para reprimir a las personas que defienden los Derechos Humanos y las legítimas protestas y no para terminar con la delincuencia. Necesitamos garantías y límites, porque es desproporcionado comparar el uso de un arma con una piedra”, acusó.