DEBATE POLÍTICO Y DERECHOS HUMANOS
Indultos presidenciales: muerte de lautarista reabre debate sobre beneficios humanitarios
El fallecimiento de Juan Aliste Vega, exintegrante del Movimiento Juvenil Lautaro, reactivó el debate político sobre los alcances de los indultos presidenciales. La controversia surgió luego de que parlamentarios republicanos confirmaran que, días antes de morir, había solicitado el beneficio al Presidente José Antonio Kast, argumentando razones de salud vinculadas a un diagnóstico de cáncer.
Desde el Partido Republicano han promovido la posibilidad de establecer indultos humanitarios para personas privadas de libertad que enfrenten enfermedades terminales o condiciones médicas graves. En Chile Vamos, en tanto, sectores como Renovación Nacional y Evópoli han manifestado disposición a discutir alternativas, entre ellas la conmutación de penas, que permite sustituir una sanción por otra forma de cumplimiento sin eliminar la condena.
Desde la oposición, el rechazo se concentra en cualquier beneficio para personas condenadas por violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, al considerar que podría favorecer la impunidad.
Posturas y límites
El diputado Marco Antonio Sulantay (UDI) sostuvo que es necesario debatir los alcances de la atribución presidencial, aunque con restricciones. “Debe mantenerse, pero en forma acotada; analizado caso a caso y con restricciones claras y concretas”, señaló. Además, planteó excluir a condenados por delitos contra niños, narcotráfico, crimen organizado y terrorismo, entre otras conductas.
Por su parte, la diputada Nathalie Castillo (PC) respaldó discutir la conmutación de penas por enfermedades terminales, siempre que existan criterios médicos rigurosos y se respeten los derechos de las víctimas. Sin embargo, enfatizó que no deben otorgarse beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad.
“Ningún beneficio para criminales de lesa humanidad”, afirmó, advirtiendo que las razones humanitarias no deben convertirse en una vía hacia la impunidad.
Así, el caso volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre las atribuciones del ejecutivo, los criterios médicos y jurídicos para conceder beneficios y las garantías de justicia para las víctimas, en medio de posiciones divergentes sobre los límites del poder presidencial.
