ISP estima que casi 5 mil trabajadores podrían estar expuestos a metales en la región

La exposición laboral a metales y metaloides representa una preocupación para el Instituto de Salud Pública (ISP) en la Región de Coquimbo, debido a las brechas que podrían existir en la identificación de trabajadores expuestos y en el seguimiento de sus condiciones de salud.

Aunque la minería concentra parte importante de estos riesgos, las actividades de soldadura, construcción, metalurgia y operaciones portuarias también pueden involucrar contacto con sustancias potencialmente dañinas.

Así lo planteó Boris Benavides, jefe del Departamento de Salud Ocupacional del ISP, quien durante esta semana encabezó diversas actividades de capacitación dirigidas a fiscalizadores de la seremi de Salud, organismos administradores de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y empresas de la región.

El despliegue busca mejorar la aplicación de los protocolos de vigilancia, considerando que las evaluaciones ambientales y médicas de los trabajadores podrían no estar desarrollándose de manera suficientemente exhaustiva.

De acuerdo con los antecedentes disponibles de Mutual de Seguridad, más de 500 personas se encuentran bajo vigilancia de salud en la región y existirían más de 25 empresas con exposición a metales y metaloides. Entre los elementos identificados figuran principalmente arsénico y manganeso, además de plomo en algunas actividades.

Sin embargo, el ISP estima que el universo de trabajadores expuestos podría situarse entre 2.000 y 5.000 personas. Se trata de una proyección y no de un catastro confirmado, pues el organismo reconoce que todavía no dispone de información completa para dimensionar el problema a nivel regional.

Benavides explicó que las empresas deben solicitar a sus organismos administradores evaluaciones cualitativas y cuantitativas de los riesgos. A partir de esos antecedentes, las mutualidades deben concurrir a las instalaciones en un plazo no superior a 30 días y desarrollar las medidas correspondientes.

La protección, precisó Benavides, no puede limitarse a la entrega de elementos de protección personal o respiratoria. También deben implementarse controles de ingeniería, como sistemas de ventilación localizada y otras soluciones destinadas a disminuir la exposición en los lugares de trabajo. El objetivo es verificar que estas medidas se encuentren efectivamente operativas.

Consecuencias sanitarias

Pero el riesgo tampoco se restringe a la actividad minera como se señalaba al inicio, pues en los trabajos de soldadura, por ejemplo, la composición de las varillas utilizadas puede determinar la presencia de sustancias como arsénico, plomo o cadmio. Por ello, estas labores requieren identificar los componentes involucrados y evaluar las condiciones en que se desarrollan. La misma preocupación se extiende a industrias metalúrgicas y metalmecánicas, obras de construcción y recintos portuarios donde se reciben minerales.

En ese sentido, uno de los principales motivos de preocupación son las consecuencias sanitarias de la exposición ante los metales. Según Benavides, cuatro de los seis elementos abordados por el protocolo —arsénico, cadmio, cromo hexavalente y plomo— son cancerígenos. El manganeso y el mercurio también pueden provocar daños a la salud, entre ellos intoxicaciones agudas y lesiones cutáneas, como dermatitis.

La exposición puede producirse por vía respiratoria o por contacto con la piel, por lo que las evaluaciones deben considerar las características de cada labor. En este contexto, el seguimiento médico resulta fundamental para detectar posibles efectos y evaluar la evolución de los trabajadores expuestos.

El especialista aclaró que el protocolo está dirigido específicamente a quienes manipulan estos elementos o realizan funciones dentro de las empresas, por lo que vivir cerca de una instalación minera no implica necesariamente estar expuesto en las mismas condiciones. Más bien, la eventual exposición de personas que habitan en sectores aledaños depende de factores como los procesos productivos, las emisiones y las condiciones ambientales, por lo que no puede establecerse una relación directa únicamente por la proximidad.

Responsabilidades y fiscalización

Para el jefe del Departamento de Salud Ocupacional del ISP, la falta de información no puede atribuirse exclusivamente a una fiscalización insuficiente, ya que las empresas y las mutualidades también tienen responsabilidades que deben cumplir, entre ellas informar periódicamente sobre la cantidad de trabajadores expuestos, las evaluaciones médicas realizadas, las mediciones ambientales y los niveles de exposición detectados.

El protocolo establece que los organismos administradores deben entregar estos antecedentes a la seremi de Salud durante febrero de cada año. Esa información permite conocer la situación de las empresas y determinar si las medidas preventivas están siendo aplicadas adecuadamente.

En caso de incumplimientos, la autoridad sanitaria puede otorgar un plazo de 30 días para subsanar las deficiencias detectadas. Si estas no se corrigen, las empresas o mutualidades involucradas pueden quedar expuestas a sanciones económicas.

Benavides sostuvo que uno de los problemas identificados es el desconocimiento de los trabajadores respecto de los riesgos y de las obligaciones preventivas. Aunque el protocolo fue establecido mediante una resolución del Ministerio de Salud en 2023, la exposición a metales y metaloides constituye una preocupación histórica en el norte del país.

Por ello, la normativa contempla que los trabajadores expuestos reciban información al menos una vez al año sobre los peligros asociados, las medidas de protección y la forma de reconocer posibles signos de intoxicación aguda o crónica. Para el especialista, fortalecer la difusión y la capacitación es indispensable para mejorar la prevención.

Además, Benavides destacó la participación de una delegación del instituto, incluida su directora, en un seminario programado en la Universidad de La Serena.

Cabe destacar que las actividades del ISP en la región también han incluido talleres sobre fiscalización de cámaras hiperbáricas y calderas, desarrollados junto a profesionales de la seremi de Salud y dirigidos a abordar los riesgos asociados a estas instalaciones en hospitales y otras empresas.