¿Qué arriesgarían las menores presentes en el crimen de Héctor Saavedra?

En el momento del asesinato del conductor de aplicaciones, se encontraban dos adolescentes que acompañaban a los imputados, cuya situación es tratada y analizada por el Ministerio Público. Abogado desglosa el accionar del sistema penal ante casos como este y experta ahonda en los factores que llevan a los jóvenes a involucrarse en delitos de alta connotación social.
lunes 07 de febrero de 2022

La presencia de dos menores de sexo femenino, de 12 y 14 años, en el momento del robo y posterior homicidio de Héctor Saavedra, conductor de InDriver asesinado en el sector de El Panul en Coquimbo, abre la interrogante sobre la situación legal y de protección en que las dos preadolescentes quedan tras involucrarse en el crimen.

Recordemos que, tras la formalización, se conoció que ambas acompañaban a los imputados en el delito como pasajeras del vehículo sustraído a Saavedra, e incluso una de ellas subió a sus redes sociales un vídeo de algunos segundos, que mostraba cómo corrían a toda velocidad por la carretera tras el robo del automóvil.

Situación legal

 

Por ahora, se sabe que las dos menores de edad entregaron sus testimonios de los hechos, los que fueron conocidos en la formalización de los dos jóvenes de 17 años que se encuentran formalizados por el delito de robo con homicidio y que se encuentran con internación provisoria mientras dure la investigación que se estableció en 4 meses.

Así también lo indicó tras la audiencia el fiscal de Focos, Freddy Salinas, quien explicó que el proceso continúa junto a la PDI. “Hemos reunido una serie de antecedentes que permiten fundar la participación de los dos imputados en este ilícito. Los principales son medios de prueba gráficas, como videos en los cuales ellos aparecen abordando el vehículo y luego manejando el mismo, una vez que ya se había cometido el ilícito, además de la información que entregó la empresa de transporte a la cual se encontraba asociada la víctima y las declaraciones de una serie de testigos”. Asimismo, Salinas agregó que están trabajando para reunir otros antecedentes y pericias que se encuentran pendientes, que permitirían probar la participación de los imputados en el hecho.

Respecto a la situación de las dos menores, desde el Ministerio Público no emitieron comentarios, indicando que no pueden pronunciarse más allá de lo acontecido en la audiencia de formalización, debido a que las diligencias siguen en curso y cualquier entrega de información, sería revelar antecedentes importantes de la investigación, afectando el proceso.

Posibles escenarios

Para aclarar la situación de los involucrados en el crimen, El Día conversó con el abogado y director de Defensores del Norte, Carlo Silva, quien explica que la ley castiga no solo a los autores directos, es decir “quien robó, asaltó o apuñaló, sino que también a aquellos autores indirectos que sin tomar parte inmediata, es decir, sin disparar ni golpear a nadie, lo presencian en acuerdo o en concierto con los autores directos y no lo evitan y de alguna forma, facilitan medios”.

Silva agrega que, al estar las menores presentes en el momento exacto de la ocurrencia del hecho, el Ministerio Público podría darles la categorización de sólo testigos, o una calidad de imputadas, ya sea como autoras indirectas, cómplices o encubridoras. Asimismo, añade que en este caso sólo sería aplicable la imputación a la joven de 14 años, debido a que la niña de 12 años es inimputable, según lo plantea la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Cuando se trata de menores inimputables que participan de algún delito, tienen la posibilidad de acceder a los sistemas de protección y las medidas que establecen los Tribunales de Familia. “Yo creo que la menor de 12 años, de todas maneras, va a ser parte de un proceso de protección de parte del Tribunal de Familia, porque debe importar el fondo, saber qué ocurre con ella, por qué llegó aquí, en qué situación estaba compartiendo con estos jóvenes”, añade Silva.

Respecto a las posibles sanciones para los menores de 17 años que fueron formalizados por robo calificado con homicidio, Silva explica que este delito para los adultos en régimen normal, tiene una pena muy alta, que parte desde los 15 años y un día. Sin embargo, para los adolescentes “automáticamente, la ley establece una rebaja de pena, o sea, automáticamente partiría de un grado menos y ya no de los 15 años. Pero además debemos recordar que a esta pena se le deben aplicar las circunstancias agravantes, que suben o las atenuantes que bajan y hasta donde yo sé, está la posibilidad de que estos jóvenes puedan acceder a la irreprochable conducta anterior y a la colaboración en el marco del proceso, asumiendo su responsabilidad y esto podría bajar incluso más la condena”.

En este caso, el máximo de condena, sin considerar atenuantes, es de 10 años de internación en un programa de reinserción para que puedan volver al medio libre readaptados. En el caso de la menor de 14 años, si es que llega a ser formalizada, el tiempo máximo de internación es de 5 años, que es lo que establece la Ley para personas de 14 y 15 años. Tiempo al que también se debe considerar las atenuantes y el tipo de delito que se le impute y si es encubridora, cómplice o autor indirecto.

Se debe aclarar también que aun cuando un menor formalizado por un delito y durante el proceso de investigación y juicio cumpla los 18 años, siempre será procesado bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, tanto en el grado de las condenas como el lugar en que debe cumplirlas. De esta manera, deberán ser internados en recintos especiales para adolescentes.

¿Por qué aparecen estas conductas?

En este tipo de hechos, más allá de los procesos legales se debe tener en cuenta también el por qué niños, niñas y adolescentes se ven involucrados o cometen delitos de tal gravedad.

Si bien la vulnerabilidad de los derechos que presentan estos adolescentes no es una atenuante, sí permite cuestionarse a las instituciones y al sistema, “el porqué de la criminalidad juvenil tan emergente, tan dura, tan violenta”, señala el abogado Carlo Silva.

Para el director de Defensores del Norte, existe una subcultura en el ámbito de la delincuencia juvenil, en la que muchos niños, niñas y adolescentes han crecido yendo a visitar a sus padres en cárceles, situación que les marca, de la misma forma en que lo hace la falta de acceso a la educación y a ambientes de protección.

Asimismo, los contextos de desigualdad en que viven y crecen, provocan también una anticultura y el surgimiento de la figura del “antihéroe”, quien es imitado y seguido por estos jóvenes. “Entonces hay un tema muy complejo y hay que explicarlo para saber el porqué vemos la delincuencia juvenil y adolescente y yo creo que está allí, en la subcultura y en la figura del antihéroe que está hoy día estoy jugando con nuestros jóvenes”, comenta Silva.

Factores psicológicos y del entorno

Por su parte, la psicóloga Paula García señala que los factores de riesgo que inciden para que los jóvenes se involucren en prácticas delictuales a temprana edad, se pueden dividir en tres ámbitos: individual, familiar y sociocomunitario.

En el aspecto individual, explica García, “existen dificultades en la regulación emocional, conducta impulsiva, bajo nivel de tolerancia a la frustración, e hitos evolutivos tales como la necesidad de sentirse validado por sus pares o presencia de psicopatologías y comportamientos de riesgo, como consumo de drogas y alcohol, los que podrían ser factores preponderantes de una conducta de tipo más delictiva”, explica la profesional.

En el ámbito familiar, en tanto, existen estresores psicosociales como situaciones de violencia intrafamiliar u otras vulneraciones como maltratos físicos, psicológicos o sexuales que llevan al niño, niña u adolescente a sentirse desprotegido en su ambiente familiar y buscar refugio con pares o adultos de riesgo, haciéndolos vulnerables a estas prácticas. “Por otra parte, los estilos de crianza donde predomine la ausencia de límites de parte de los adultos, o por el contrario un estilo de crianza demasiado coercitivo, también podrían influir negativamente en el niño o adolescente y llevarlo a desarrollar estas conductas”, agrega la psicóloga.

En el nivel sociocomunitario, problemas de aprendizaje y deserción escolar, la ausencia de redes comunitarias y de apoyo, las dificultades económicas y el residir en un ambiente inseguro o en un barrio o sector donde se encuentre normalizado el uso de la violencia y prácticas ilícitas -como el microtráfico y delincuencia- también podrían ser factores influyentes.

Sin embargo, añade la psicóloga, no todos los menores que se encuentren expuestos a riesgos llegarán a ejercer conductas delictivas. “Es vital generar redes de apoyo, visibilizar e intervenir de forma oportuna a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en riesgo y, lo más importante, fortalecer sus propios recursos personales, generan contextos resilientes que disminuyen las posibilidades de que puedan incurrir en delitos”, concluye García.