ABOGADA QUERELLANTE TENDRÁ REUNIÓN CON FISCAL DEL CASO

Caso Anaís Godoy: A un año y medio de reabierta la causa no hay formalización

La joven se suicidó en 2020, dos años después de ser víctima de una violación. El caso había sido archivado por la Fiscalía y fue reabierto tras la presión mediática por la muerte de la víctima, sin mayores avances hasta la fecha. Abogada acusa “desidia” de la Fiscalía y afirma que existen pruebas p
jueves 14 de abril de 2022

Sin ver mayor avance en las investigaciones, los querellantes del caso de Anaís Godoy buscan que las instituciones actúen y el Ministerio Público formalice al hombre imputado por la violación a la adolescente.

El sujeto fue sindicado por la propia víctima como el autor del ataque sexual que sufrió en medio de las celebraciones de Fiestas Patrias de 2018, en la Pampilla de San Isidro en Vicuña. Caso que, recordemos, había sido archivado por la Fiscalía por falta de pruebas, en medio de un duro proceso que desencadenó en que la joven se quitara la vida en junio de 2020.

Tres meses después de la muerte de Anaís, y ante la presión mediática liderada por su familia y agrupaciones feministas que apoyaron el caso, se reabrió la causa, dando un nuevo impulso a los anhelos de justicia, pero desde entonces ha pasado un año y siete meses, sin resultados concretos.

Las alarmas de la familia de Anaís se reactivaron este mes de febrero, cuando supieron que el imputado había salido de la cárcel, donde ingresó para cumplir condena por otros delitos. Según comenta Ángela Ramírez, prima de la víctima, les habían indicado que entre octubre y noviembre de 2021 podría realizarse la formalización, “pero llegamos a abril y nada ha pasado”.

En la actualidad solo existe una orden de no acercarse a la familia, pero no hay más cautelares que resguarden tanto su seguridad como el desarrollo de las indagatorias, por lo que la necesidad de avanzar se vuelve urgente para los afectados.

“No tenemos miedo con que él esté suelto, pero sí queremos asegurarnos de que no pueda hacerle lo mismo a otras niñas. Es una gran pena, porque la justicia no está haciendo su pega. Nosotros hemos metido harta bulla con el tema, hemos hecho varios encuentros, tocatas y marchas, para pedir que se agilice un poco el tema, pero no se ha logrado”, lamenta Ángela.

Desde la familia critican el trabajo de Fiscalía, alegando que en primera instancia “no creyó la denuncia de Anaís” y no ordenó nuevas diligencias, archivando la causa, y una vez reabierta, todo sigue igual.

En conversación con El Día, la abogada Francisca Millán, miembro del equipo jurídico de AML Defensa de Mujeres, que representa a la familia a través de una querella, advirtió que desde que se reabrió el caso “no se ha avanzado mayormente, hasta el punto de que el imputado alcanzó a cumplir condena por otro delito y salió en libertad, sin que se haya avanzado siquiera en la formalización”.

La jurista describe como “desgastante” el largo camino por impulsar “el trabajo y celeridad por parte de la Fiscalía”, alegando la existencia de una “desidia institucional” que, desde su perspectiva, “subestima el relato de las víctimas” y posterga los procesos para obtener justicia en casos tan delicados como este.

“Lo que esperamos es que la Fiscalía decida formalizar al imputado por el delito y que esto abra una nueva discusión de las medidas cautelares que se requieren y que sean de mayor intensidad”, indica Millán, ahondando en que se trata de un sujeto con amplio prontuario delictual.

“A pesar de que se trata de delitos de distinta naturaleza, develan una conducta delictiva y, por tanto, la única forma de asegurar el éxito de esta investigación es que vuelva a estar en prisión y es una discusión que se debe dar prontamente y que en el fondo va a depender también de la celeridad que la Fiscalía implemente para este proceso”, complementó.

Las abogadas piensan presentar sus requerimientos en una reunión que sostendrán pronto con el fiscal del caso, “con quien pretendo abordar todos los antecedentes con que cuenta la carpeta, para ver cuál va a ser el camino que va a tomar el ente persecutor ahora”, dijo.

La abogada Millán reconoce que se trata de un caso complejo y afirma que “el desafío probatorio es importante”, pero recalca que “es una característica en este tipo de delitos, entonces, no contar con testigos, por ejemplo, no puede ser una razón para no investigar de manera diligente”.

La abogada indica que “existen otros tipos de pruebas, a lo mejor no de naturaleza tan directa, pero que sí nos pueden ayudar a hacer una especie de construcción del puzzle que significa estar frente a este tipo de delitos, para así poder darle un panorama al tribunal que permita considerar, más allá de toda duda razonable, la culpabilidad del imputado”.

Asimismo, agrega que para que el “razonamiento probatorio” funcione en este tipo de causas, se requiere de una “perspectiva de género”, que sea consciente de “la naturaleza y las dinámicas de estos tipos de delitos” en la forma en cómo se evalúa la prueba rendida.

“Si lo hago como con un delito de robo con violencia o lesiones, obviamente no vamos a poder dar con ese mismo estándar. Esto requiere que, aún manteniendo el estándar, se evalúe con perspectiva de género para poder tener la claridad del fenómeno y la verosimilitud del relato de la víctima y todos los otros hechos indiciarios”, agrega.

En este punto, la jurista ahonda en un antecedente que a su juicio resulta fundamental para probar la comisión del delito: “el imputado se encontraba con una tobillera que lo sitúa en el lugar de los hechos de manera fidedigna y ni siquiera con todo el tiempo que ha pasado esa información ha sido aportada a la investigación, lo que demuestra en el fondo que existe una prueba con la que se puede trabajar, pero el principal problema está en el impulso de la persecución penal, que tiene una desidia gigante a hacerse cargo de esto de manera eficiente”, indica.

En medio del caso se produjo además un cambio del fiscal que lidera las indagatorias. Hoy esta tarea recae en las manos del persecutor Gianni Stagno, quien durante el año pasado habría mantenido al menos dos conversaciones con la familia, la primera de manera preliminar al recibir la carpeta investigativa y la segunda a mediados de año, con todos los antecedentes sobre la mesa.

Según comentan desde la familia, el fiscal reconoció entonces contar con varios indicios que permiten probar el delito de violación, sin embargo, estaban pendientes algunas diligencias, precisamente, por ejemplo, la la georreferenciación de la tobillera electrónica del imputado.

Dentro de las pruebas también está la declaración de la víctima y una carta que fue encontrada entre sus vestimentas tras el suicidio, en el que relata el doloroso proceso que vivió tras la violación. Además, informes psicológicos dan cuenta de que la joven sufrió estrés postraumático producto de la agresión sexual.

Consultado por El Día, el fiscal Gianni Stagno indicó que “está coordinada una reunión entre las nuevas abogadas de la familia de la víctima para informarles los avances de la investigación y sobre las decisiones que se adopten sobre los pasos a seguir. El imputado está actualmente sujeto a medida de protección judicial de prohibición de acercarse a los familiares, domicilio o cualquier lugar donde éstos se encuentren, por orden del juez de Garantía de Vicuña. Dichas medidas que se puede ordenar sin formalización previa”.