VIOLACIÓN DE MORADA, LESIONES Y ABUSO SEXUAL

Calvario: La historia del hombre que pasó 4 meses preso en Huachalalume siendo inocente

El Ministerio Público decidió no perseverar y no acusar por falta de antecedentes serios que demostraran su presunta responsabilidad; a la par de pericias que confirmaron su versión de los hechos.
jueves 11 de agosto de 2022

120 días estuvo en prisión preventiva Claudio González, de 63 años y sin antecedentes penales por tres delitos que no cometió.

El hombre fue sindicado por lesiones menos graves, violación de morada y abuso sexual, presuntamente cometidos el 31 de marzo, pero el Ministerio Público comunicó al Juzgado de Garantía su decisión de no perseverar en la causa, por no contar con antecedentes suficientes para acusarlo.

Desde el lunes 1 de agosto está en libertad, pero no sin antes pasar por un difícil proceso al interior del centro penitenciario de Huachalalume, por delitos que no cometió.

Hoy, busca dejar atrás lo que tuvo que vivir, y que solo pudo frenar por el trabajo de su defensa, que solicitó pericias que resultaron clave para probar su inocencia.

 

La fecha es una que no olvidará fácilmente, ese día fue inculpado por supuestamente haber ingresado a un domicilio ubicado en un cité de calle Valparaíso, en Las Compañías, denunciado por una mujer por tocaciones y lesiones.

González fue llevado a control de detención, donde el defensor penal público de La Serena, Juan Pablo González, se opuso a que se decretara la medida cautelar de prisión preventiva, por falta de pruebas del delito y su participación en él.

Sin embargo, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y lo envió a prisión, situación que fue apelada por el abogado en la Corte de Apelaciones, donde sufrieron un segundo golpe al ratificarse la resolución.

Para demostrar la inocencia de su representado, el defensor solicitó la realización de peritajes psicológicos, sociales y de investigación criminalística que pudieran esclarecer el caso.

“Con esas pericias, en julio solicité al juzgado una audiencia para sustituir la prisión preventiva pero fue rechazada, apelé a la Corte de Apelaciones que nuevamente confirmó la privación de libertad”, dijo el abogado.

Una vez finalizados los informes, fueron concluyentes. No había alteraciones de personalidad en el imputado y se reafirmó su versión de los hechos.

El imputado había ido con un amigo a un recinto de trabajadoras sexuales, donde se produjo una discusión. Incluso sufrió lesiones en una pelea con sujetos que llegaron al lugar.

Las residentes llamaron a Carabineros y cuando estos llegaron, fue sindicado por agresión y abuso sexual.

“Finalmente el 1 de agosto, la Fiscalía solicitó al tribunal una audiencia para comunicar su decisión de no perseverar en este procedimiento porque no reunió antecedentes para acusar al imputado, quien fue puesto en libertad ese mismo día”, relató el defensor.   

 

Casos como el de Claudio González, han existido muchos en la Región de Coquimbo e incluso, van en aumento.

Según cifras de la Defensoría Penal Pública, en lo que va del año, un total de 46 personas que pasaron por prisión preventiva han sido dejadas en libertad por situaciones similares. Ya sea porque se demostró en juicio su inocencia o el Ministerio Público decidió no perseverar ante falta de antecedentes serios.

El alza es marcada. De hecho, los de esta primera mitad del año, son más casos de los 42 que se registraron en todo 2021.

Yasna Rojas, jefa de Estudios de la DPP regional, reconoció que “es una preocupación constante” y cruzó los datos con análisis que han hecho desde la Subsecretaría de Justicia, que muestran que en los últimos 12 años mientras las prisiones preventivas han ido al alza (16,1%), la cantidad de condenados baja.

“Estamos teniendo cada vez más personas en las cárceles sin estar condenados y ha ido bajando el número de personas condenadas. Si uno eso lo traduce en el hecho de que en la ley está el principio de presunción de inocencia, se nos produce una contradicción”, dijo.

Asimismo, si bien recalca que existen delitos graves, que afectan la integridad de las personas e impactan en la opinión pública, afirma que estos “deben ser investigados y dictarse condena como corresponde a quienes resultan responsables”. Sin embargo, recalca que a juicio de la Defensoría “existe un uso desmesurado de la prisión preventiva”.

“Hay que ser cuidados, porque hay distintos factores que influyen en esto, pero es algo que hay que tener en cuenta”, finalizó.

 

Frente a la percepción de la opinión pública que, concuerda Rojas, mira con ojo crítico el rol de la Defensoría Penal Pública, recalca que toda persona tiene derecho a ser representada por un abogado. Asimismo, agrega que por lo que se ha visto a nivel legislativo, la tendencia ha sido aumentar sanciones en algunos delitos y limitar el acceso al cumplimiento de estas en libertad.

“El endurecimiento de algunas leyes va en contra de la creencia de que tenemos un modelo garantista. Las últimas modificaciones legales han sido endurecer las penas, evitar la pena sustitutiva en delitos contra la propiedad, robos o en la ley de control de armas”, indicó.