Conflicto por $60 mil de droga gatilló baleo a joven: Imputado reconoce confusión en ataque

Una jornada crucial para el esclarecimiento del baleo a un adolescente en Avenida Pacífico -registrado a fines de julio- se vivió ayer en el Juzgado de Garantía de La Serena, con la formalización de uno de los imputados en el caso de homicidio calificado en grado de desarrollo frustrado.

Se trata del hombre de 32 años que fue detenido este martes en Arica, mientras intentaba cruzar a Perú por un paso no habilitado, tras semanas prófugo por el hecho que aún mantiene en delicado estado a un joven de 16 años de edad.

Cabe señalar que hasta el momento se ha logrado identificar a tres personas como partícipes de los hechos. Los otros dos son una mujer, pareja del imputado, y el otro es el autor material del disparo en la vía pública. La primera también está detenida y podría ser formalizada el día de hoy, mientras que el segundo fue reportado como fallecido por las autoridades peruanas, tras verse involucrado en un conflicto entre bandas rivales tras su escape a Lima.

El hecho ha causado conmoción, asombro y temor en la opinión pública, además de algunas dudas por asuntos a determinar, como el móvil del delito, aspecto que comienza ya a esclarecerse, pese a que persisten testimonios que se contraponen, cuya comprobación será necesaria para establecer la participación de cada imputado en la causa de cara a un juicio, más aún considerando que frente a una familia que espera por justicia, el principal responsable ha muerto.

Para comprender lo sucedido, hay que volver a los hechos. Todo ocurrió la noche del miércoles 27 de julio, cuando un padre y su hijo de 16 años salieron a la vía pública tras ser contactados por personas interesadas en un joystick que el adolescente tenía a la venta en internet. Salieron del departamento donde hasta hace pocas semanas vivían, en Avenida Pacífico, cerca de la intersección con Cuatro Esquinas, y caminaron hasta la vereda de enfrente, donde se emplaza un apart hotel.

A los pocos minutos, llegó de manera sorpresiva un grupo de personas en un automóvil, uno de ellos con un arma en su mano. Al verlos, el padre advierte a su hijo y corre, siendo seguido por el sujeto armado, que no logró darle alcance. Al perderlo, el individuo se devolvió al punto donde se encontraba el adolescente, que se quedó paralizado por el miedo, y le propinó un disparo sin mediar palabras.

Los hechos se difundieron ampliamente en redes sociales, a través de un video captado desde la cámara de seguridad del establecimiento residencial, donde se ve al adulto gritar por ayuda mientras los sujetos escapan rápidamente del lugar.

Las primeras teorías surgieron desde el mismo padre, quien en entrevistas con canales de televisión reveló que semanas antes del ataque había sido amenazado por residentes del mismo condominio, tras descubrir una red de tráfico de drogas y prostitución en los edificios, hecho que había denunciado ante la Policía de Investigaciones.

Pero pese a que la alerta del hombre fue reconocida por la PDI, el subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios, afirmó en entrevista con El Día que esa arista estaba descartada como desencadenante del disparo. En esa oportunidad, el detective indicó que otra teoría comenzaba a tomar fuerza, aunque prefirió no revelar los detalles, por la reserva en la causa.

Sin embargo, fuentes de nuestro medio adelantaron que el caso se manejaba como una “confusión” de parte de los atacantes, que pensaban saldar cuentas con otras personas que estaban en el mismo condominio. Ese antecedente fue confirmado ayer por el fiscal de La Serena, Carlos Vidal, quien relató la dinámica de los hechos ante el tribunal, para formalizar la causa.

Profundizando en dicha confusión, el persecutor explicó que todo comenzó con una transacción de “tussi” (una droga sintética) a través de una aplicación de citas y encuentros casuales.

Según detalló Vidal, el imputado, un hombre de nacionalidad venezolana y dedicado al transporte de pasajeros a través de aplicaciones móviles, fue contactado por dos sujetos (chilenos) a través de la app Grindr, donde se dedicaba a vender drogas. Pactaron un encuentro y acordaron la venta de la sustancia por 60 mil pesos, trato que terminó en un conflicto menor, pero que pronto escaló a un homicidio frustrado.

Es entonces cuando las versiones se entrecruzan, incluso entre los imputados. Según el venezolano, los compradores le pasaron billetes falsos, por lo que volvió al condominio de Avenida Pacífico a encararlos. Según su novia, otra de las imputadas, fueron intimidados y los chilenos los amenazaron con pistolas para robarles el tussi y un teléfono celular.

Ese último relato, eso sí, concuerda con parte de lo declarado por el conserje del edificio, quien declaró en calidad de testigo que la mujer permaneció en la entrada del condominio, diciéndole que la habían asaltado.

El hombre, por otro lado, también mencionó pistolas, pero dijo que al entrar al condominio para encarar a los compradores, estos lo amenazaron con el arma y él huyó.

Los chilenos, por otro lado, contaron que luego de la compra de la droga, el venezolano intentó asaltarlos, al ver que manejaban mucho dinero en efectivo, por lo que prefirieron irse a otro lado.

¿Y cómo desencadena todo en el disparo al adolescente? Los venezolanos contactaron a otros conductores de aplicaciones y volvieron al lugar, buscando saldar cuentas. Fue cuando la mujer se quedó en la entrada y los dos hombres buscaron a los compradores, momento exacto en que salen el padre y su hijo a esperar a quien les iban a comprar el joystick. Según el imputado, los chilenos que compraron la droga eran dos jóvenes de no más de 25 años, uno más pequeño en estatura que el otro y con ropas parecidas a quienes terminaron siendo las víctimas.

Un momento clave, registrado por la cámara de seguridad, es cuando los extranjeros se acercan, uno persigue al padre, mientras el imputado se queda en el punto donde estaban parados. Cuando el otro sujeto vuelve, el detenido hace un gesto con la mano hacia el adolescente y el segundo le dispara en la cabeza.

Según el venezolano, había notado que fue una confusión y le había indicado a su compañero que no le disparara al joven, pero en audiencia, el fiscal Vidal recalcó que “a ojo de todo espectador, claramente le señaló que disparara”.

Desde la transacción de la droga hasta el regreso de los imputados a los departamentos, pasaron entre 20 y 25 minutos.

Luego del disparo, los sujetos huyeron en tres vehículos y se perdió su rastro hasta que el trabajo de la PDI logró dar con los vehículos y realizar un seguimiento en el norte del país, desde donde intentaron escapar a Perú. Uno lo logró, quien disparó el arma, pero cuando Interpol logró ubicarlo, ya había sido asesinado. La pareja, en tanto, pretendía pasar al país vecino cuando fueron capturados por la PDI.

Para el fiscal Carlos Vidal, los hechos constituyen un delito de homicidio calificado (frustrado), debido a que los imputados actuaron de manera concertada, con un ataque premeditado -acercándose en dos oportunidades al lugar- y cometieron el grave delito contra un menor de edad, hecho que pesa en la ley.

Según los argumentos del persecutor, la mujer se encontraba en la entrada para avisarles cuando salieran los hombres y el imputado tenía conocimiento de que el atacante tenía un arma, dando “la orden” del disparo, tras confundirlo con los sujetos que buscaban.

De esta forma, se configuraban los tres aspectos fundamentales del Código Procesal Penal para formalizar y pedir la prisión preventiva; la existencia del delito, la participación del imputado en los hechos (en calidad de autor) y la necesidad de cautela por ser un peligro para la seguridad de la sociedad, en un delito que, por cierto, tiene asignada una pena probable de presidio mayor en su grado medio (de 10 años y 1 día a 15 años de cárcel), por lo que no es posible alcanzar una pena sustitutiva.

Por otro lado, señaló que se suma a estos hechos un delito de porte ilegal de armas de fuego, también en calidad de autor. A esto se adhirió la parte querellante, en representación de la Defensoría de los Derechos de la Niñez.

Los planteamientos fueron debatidos por la defensora penal pública Rosa Álvarez, quien construyó sus argumentos tras una breve conversación privada con su representado, el que compareció de forma telemática desde Arica.

Álvarez se opuso a la solicitud de la Fiscalía, señalando, en primer lugar, que el imputado relató una dinámica diversa a las conclusiones del persecutor. Además, alegó que no existe en los antecedentes del Ministerio Público un video del primer acercamiento de los involucrados al condominio, para demostrar que hubo una conducta sostenida en el tiempo; recalcó junto con ello que tampoco se expusieron las conversaciones entre los conductores de aplicaciones móviles, pese al vaciado de los teléfonos en la investigación; y, por último, afirmó que no existió intención de su representado en acabar con la vida de la víctima, sino que pretendía obtener el dinero por la venta, y el homicidio se configuró por una decisión que tomó en ese instante el otro sujeto, hoy fallecido en Perú.

Otro aspecto relevante en su argumentación, es que el fiscal construyó un relato con base en “un gesto” registrado por la cámara, del cual no hay audio para afirmar que se trata de una orden de matar.

El debate fue seguido de forma atenta por el magistrado Claudio Ayala, quien pasó a resolver. Para el juez, la Fiscalía demostró con antecedentes claros los tres principios antes señalados, recalcando que evidentemente había un propósito de agredir, y pese a la confusión, se afecta de todas formas la vida de una persona, con un disparo en una zona vital del cuerpo.

Por otro lado, concordó con Álvarez en que no se puede configurar el delito de porte ilegal de armas de fuego, pero por el peso de lo expuesto en cuanto al homicidio calificado, decretó la prisión preventiva del imputado.

A petición de la defensora, el sujeto cumplirá con la cautelar en Arica, por razones de seguridad, considerando la reciente agresión y torturas a dos internos extranjeros en la cárcel de La Serena, caso conocido durante la semana pasada y enmarcado en el reciente homicidio en Puerta del Mar de La Serena.

El plazo para la investigación de los hechos se fijó en 70 días, un período más breve que el solicitado por Fiscalía, ya que a juicio de Ayala, se cuenta con una investigación bastante avanzada. Esta tiene 381 fojas con antecedentes y evidencias del hecho recabadas por la Fiscalía.

Según lo recabado por El Día, la mujer involucrada será sometida a un proceso similar, con un control de detención en Arica y posterior formalización telemática desde el Juzgado de Garantía de La Serena, lo que podría ocurrir el día de hoy.

Tras la audiencia, el fiscal Carlos Vidal valoró que los antecedentes fueran acogidos por el juez e indicó que “producto de estas diligencias es que se ha logrado establecer a los partícipes (del delito), sujetos que agredieron con un arma de fuego a un menor de edad y quien ha quedado gravemente herido a raíz de estos hechos”.

Por otro lado, señaló que “las diligencias de investigación continúan, se ha juntado un grupo importante de antecedentes de carácter científico por la orden dada a la Brigada de Homicidios de La Serena (...) continuaremos con las diligencias esperando tener los mismos resultados respecto a otros sujetos”.

Cabe señalar que por orden del tribunal, no se puede dar a conocer los nombres de los imputados.

La presencia de la prensa en la audiencia fue resistida por la abogada de la Defensoría de la Niñez, sin embargo, el juez permitió la divulgación de información del caso, con el resguardo de no revelar identidades de las personas involucradas, quienes no han sido condenadas y gozan de presunción de inocencia.
No respetar dicha orden, puede significar sanciones para el medio.