"Ahora estoy reventada": La polémica foto de condenada por parricidio desde Huachalalume

Diversas fotografías han circulado en el perfil de Facebook de A.C.C (24) en las últimas semanas, joven condenada el pasado 22 de marzo por el asesinato de su padre, Aníbal Cortés, ocurrido en Tierras Blancas el año pasado. La última imagen, publicada el día después del veredicto, muestra una mesa con cigarros, dinero en efectivo y una sustancia que pareciera ser droga (cocaína), junto al mensaje “hablen con razón, ahora estoy reventada”, al interior del recinto penitenciario de Huachalalume.

Más allá de la gravedad que implicaría que un reo consuma droga en la cárcel, de acuerdo al Reglamento Interno de Recintos Penitenciarios y la normativa de Gendarmería, está prohibido que los internos manejen teléfonos celulares u otro tipo de aparatos de telecomunicaciones, exponiéndose a sanciones como la suspensión de sus visitas o traslado a otros módulos de castigo, en caso de ser sorprendidos en estas conductas.

En efecto, al detectar esta práctica, se levanta un parte al interior del recinto de reclusión, se incauta el equipo y se pesquisa la publicación del contenido, estableciendo las sanciones antes mencionadas, proceso que es revisado en todo momento por el Juzgado de Garantía y supervigilado por la defensa de los detenidos.

“Desde un análisis criminológico de la situación, es complejo, pues en general, la sociedad mira a la cárcel como un recinto de sanción, con un tratamiento rígido de las normas y un objetivo de reeducación y resocialización y evidentemente, de existir este tipo de conductas, se perjudica la imagen del recinto penitenciario como un lugar de reforma”, comenta a Diario El Día el abogado Carlo Silva.

Sin dejar de mencionar que no está prohibido que, al interior de los espacios comunes de las cárceles, los reclusos pueden reunirse e interactuar con sus pares, Silva precisa que lo que está restringido es la libertad de los internos y que la infracción, en el caso de A.C.C, es el ingreso de un aparato celular al penal y la publicación del contenido en redes sociales.

Misma perspectiva plantea Eleodoro Osorio, vicepresidente provincial Elqui de ANFUP (Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios), quien detalla que “es una lucha permanente por erradicar el ingreso de los teléfonos a las cárceles, pero es un trabajo muy difícil”.

Si bien, durante la pandemia, debido a la prohibición de visitas de familiares a los penales, estuvo autorizado el ingreso controlado de celulares, con la finalidad de permitir que los internos sostuvieran videollamadas, hoy nuevamente el uso de teléfonos móviles está prohibido y los equipos fueron retirados.

“Si hoy en día, circulan teléfonos en los penales, es sin autorización de Gendarmería. Es una situación compleja y se hacen operativos de manera constante, donde se requisan teléfonos celulares, pero vuelven a ingresar a los penales. Es una situación de nunca acabar”, recalca Eleodoro Osorio.

RESGUARDAR LA IMAGEN PROCESAL

Por otra parte, plantea Carlo Silva, también es responsabilidad de la defensa de los internos, recomendar a sus representados mantener conductas responsables y ajustarse a la normativa al interior de las cárceles, entendiendo que “vulgarizar la comunicación al interior de las cárceles no es lo más adecuado. Hay que cuidarse de estas situaciones para mantener una imagen procesal adecuada. Recordemos que todos los días llegamos a los tribunales para pedir algo al juez y no podemos estar expuestos a estas situaciones”.

EVITAR LA COMUNICACIÓN DESDE LOS PENALES

Es importante mencionar, además, que existe un proyecto de ley ingresado en 2022, que busca establecer como delito el ingreso clandestino y por cualquier vía, de instrumentos electrónicos de comunicación a recintos penitenciarios y aumenta las sanciones en caso de que el responsable de la entrada del equipo sea un abogado defensor.

Además, el cuerpo legal, presentado por diputados socialistas, radicales y demócratas cristianos establece que en los penales del país se instalen sistemas de inhibición de señal telefónica, lo que apunta a evitar las comunicaciones desde el interior de las cárceles y con ello, se frene el desarrollo de bandas criminales y las estafas telefónicas.

El diputado Juan Manuel Fuenzalida señala a nuestro medio que “ya se publicó la ley que prohíbe el uso de aparatos celulares dentro de los recintos penitenciarios. Es un tema que ya se está tratando y que requiere que el gobierno le ponga urgencia, ya que, si no lo hace, el proyecto demorará tres o cuatro años. Esperemos que el gobierno reaccione frente a esta nueva realidad, porque están asesinando carabineros y no tome tribuna ni mire desde el palco”.

FORTALECER LA GESTIÓN DE GENDARMERÍA

Junto con manifestar su preocupación por este tipo de situaciones, la diputada Carolina Tello detalla que el pasado miércoles 22 de marzo, la Comisión de Constitución de la Cámara despachó a Sala un proyecto de ley que refuerza el rol de Gendarmería de combate al crimen organizado en los penales.

Además, en el Senado se encuentra el proyecto de ley que transforma a Gendarmería en una institución con acreditación y entrega de títulos técnicos y profesionales, lo que busca fortalecer su gestión fiscalizadora y preventiva.

“Esperamos que se avance fuertemente en estas herramientas y que se sumen a recursos que hagan frente al ingreso indiscriminado de celulares, drogas y otros elementos que ayudan a mantener los círculos criminales al interior de las cárceles y cortan los espacios de rehabilitación”, planteó la parlamentaria.

Cabe señalar, además, que según explicaron desde la Seremi de Justicia a Diario El Día, la entidad estatal se encuentra recopilando información sobre el caso, considerando que todos los antecedentes se encuentran en materia investigativa interna.