Con celular y drogas en su celda: Gendarmería denuncia a Fiscalía caso de Anita Cortes

Indignación ha generado la reciente publicación en redes sociales de Anita Cortés Cortés desde la cárcel de Huachalalume. La joven, condenada como autora del crimen de parricidio, tras atacar en 2022 a su padre con un arma cortopunzante en varias oportunidades hasta causarle la muerte, compartió, tras recibir veredicto condenatorio por parte del Tribunal de Juicio Oral de La Serena, una fotografía en la que se ven cigarros, dinero en efectivo y lo que parece ser droga, junto al mensaje “hablen con razón, ahora estoy reventada”.

El hecho deja ver, una vez más, la facilidad con la que internos cuentan con teléfonos celulares al interior del complejo penitenciario, algo prohibido por ley, e incluso sustancias ilícitas, lo que configura un problema histórico alertado por Gendarmería, que constantemente realiza redadas e incautaciones en las celdas, cada vez con mayor frecuencia.

“Si hoy en día circulan teléfonos en los penales, es sin autorización de Gendarmería. Es una situación compleja y se hacen operativos de manera constante, donde se requisan teléfonos celulares, pero vuelven a ingresar a los penales. Es una situación de nunca acabar”, declaró en la edición de este lunes de El Día Eleodoro Osorio, vicepresidente provincial Elqui de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP).

En este contexto, El Día conversó con el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Rubén García Tapia, quien entregó información en cuanto a las medidas instruidas en torno al caso en particular y las acciones que se realizan tanto a nivel regional como nacional, para atender a una problemática compleja y arraigada en las cárceles del país.

“Hemos solicitado al director de Gendarmería que pueda tomar las medidas del caso, porque evidentemente es un tema de preocupación para la ciudadanía que internos puedan manejar celulares u otros elementos al interior de los recintos penitenciarios”, indicó García sobre el caso cuya protagonista recibió el día de ayer la sentencia de 15 años de presidio como autora de parricidio (ver página 8).

Junto a lo anterior, el seremi confirmó que el hecho fue denunciado por la dirección regional de Gendarmería al Ministerio Público, para que la Fiscalía realice las investigaciones correspondientes del caso.

ACCIONES QUE SE REALIZAN

Pero más allá del caso puntual, es un fenómeno histórico, que en muchas oportunidades constituyen una forma más de “trabajar” para diferentes bandas delictuales, que tienen a parte de sus miembros privados de libertad y que han significado el despliegue de una labor de inteligencia para poner freno a este tipo de hechos.

El seremi Rubén García indicó que la Subsecretaría de Justicia y Gendarmería han realizado una acción coordinada, que ha desencadenado en allanamientos en unidades penales de las 16 regiones del país.

“Desde junio a la fecha, se han realizado 13 allanamientos simultáneos a nivel nacional, cuatro en lo que van del primer trimestre de este año, lo que ha permitido incautar alrededor de 7.500 armas blancas, casi 4 mil celulares y más de 20 kilos de sustancias ilícitas”, detalló.

En este sentido, agregó que se realiza un trabajo instruido a nivel central, a través de la constitución de un equipo destinado a combatir el crimen organizado en los establecimientos penitenciarios.

“Es una instancia que se constituyó el miércoles 22 de marzo con la presencia del subsecretario de Justicia, el subsecretario del Interior, el fiscal nacional, el director de Gendarmería y el alto mando de Carabineros y la PDI, que pretenden generar una instancia de coordinación operativa para disponer de medidas de inteligencia y análisis criminal”, dijo.

En esta labor, informa la autoridad, el complejo penitenciario de La Serena ha sido identificado como uno de los establecimientos prioritarios a intervenir para estos equipos, junto a otros como el de Valparaíso, Colina 1, Colina 2 y Santiago 1 en la capital, y el complejo penitenciario de Antofagasta.

“Todo esto tiene como sentido detectar de manera temprana y desbaratar todo aquello que puedan ser focos embrionarios de actos delictivos, en particular de aquellas bandas delictuales que activan focos delictivos al interior de los establecimientos penitenciarios y también en el medio libre”, agregó.

HAY MEDIDAS A NIVEL REGIONAL

En ese contexto, el seremi de Justicia indicó que se realiza también un trabajo coordinado con el director regional de Gendarmería, “en cuanto a tomar algunas medidas de resguardo en el complejo penitenciario de La Serena”, así como el refuerzo de medidas también en el CDP de Ovalle, las que, advierte, no puede detallar por tratarse de un trabajo de inteligencia.

“Son medidas que nosotros estamos viendo habitualmente y que implican en algunos casos, proyectos de inversión y por eso también estamos trabajando para exponerle al Consejo Regional próximamente una cartera de proyectos en esa dirección”, sostuvo.