"No hay dinero ni pena que compense la pérdida": Abogada de hijo mayor de Aníbal Cortés

Tras meses de investigación y luego de varias jornadas de juicio, el Tribunal Oral de La Serena condenó a Anita Cortés y Andrés Cortina a las penas de 15 y 10 años de presidio, por los delitos de parricidio y homicidio calificado -respectivamente- en torno a la muerte de Aníbal Cortés, comerciante asesinado el año pasado en Tierras Blancas.

Si bien la tramitación de la causa fue rápida en comparación a otros casos, el proceso dejó sensaciones encontradas en las víctimas, debido a las bajas penas obtenidas y, por otro lado, a la irrupción de una estrategia de la defensa que intentó exculpar a la joven de 25 años del crimen de su padre. Esto último, en relación a los dichos de la abogada Enke Fredes, quien piensa tomar la representación de la acusada, para recurrir ante la Corte Suprema y anular el juicio.

En la vereda del frente, la jurista Josefa Troncoso, del estudio Troncoso Asociados, estima que no existe sustento jurídico en dichas afirmaciones. La abogada, que actuó como querellante en representación de Rodrigo Cortés, otro hijo de la víctima, conversó con El Día sobre las impresiones que deja este caso y se refirió a la polémicas declaraciones de la contraparte.

En primer lugar, marca distancia entre su representado, hermano de la acusada, con las estrategias que buscan sacarla de la cárcel. “Él no ha tenido nada que ver con la defensa de Anita y no tenemos certeza de quién contrató a la nueva defensa”, sostiene. Dicho sea de paso, según la misma abogada Fredes, fue contactada específicamente por la madre de la acusada, que no es la misma madre de Rodrigo.

-¿Cómo ven el desarrollo y el resultado del juicio? ¿Están conformes?

“Para mi representado, por una parte, fue de una tramitación bastante rápida, versus lo que normalmente se ve en juicios por delitos de esta gravedad. Creo que las diligencias de la Fiscalía y las solicitadas por esta parte querellante, fueron bastante expeditas, de manera tal que en menos de un año ya tenemos una sentencia.

Sin embargo, lo expedito no resta que nosotros como querellantes no estemos conformes totalmente con lo obtenido en juicio, porque las condenas, en definitiva, están otorgadas en el mínimo legal y por lo tanto, de cierta forma, no se logra el sentido de justicia que se espera en este tipo de casos que son tan graves, sobre todo considerando que había un adulto mayor y que habían personas jóvenes que actuaron en conjunto con premeditación, como bien se estableció en la sentencia.

De hecho, nosotros presentamos acusación particular. No nos adherimos a la acusación del fiscal, por lo mismo, porque creemos que este es un caso total y absolutamente plausible para ser condenado a presidio perpetuo calificado, obteniendo la pena efectiva más alta que nuestra legislación pudiera establecer. Si bien estamos conformes con que los dos responsables han sido condenados, estimamos que (la sentencia) no es proporcional con el mal causado”.

-¿Cuál ha sido la afectación para su representado y cómo está él actualmente? Considerando la magnitud del delito...

“Mi representado hasta el día de hoy, y desde el momento en que sucedieron los hechos, está en una depresión importante. Tiene una calificación diagnóstica por psiquiatra y ha estado con reiteradas licencias médicas, debido a que no ha podido retomar su vida de manera normal. La afectación de un delito de estas características, yo creo que es una de las más grandes que uno puede tener respecto de la muerte de un familiar (...). Si bien tiene una sentencia, la reparación del mal causado, no se logra ni con la pena de cárcel ni con la acción civil -que también nosotros logramos obtener- porque en definitiva, no hay dinero ni pena de cárcel que compense la pérdida de un padre en esas circunstancias”.

-¿Se quedarán con ese resultado  o piensan apelar?

“Previa conversación con mi representado, exponiendo lo que significa apelar y entrar nuevamente a un proceso judicial y entendiendo cuáles son sus pretensiones, él necesita también continuar con su vida. Están las condenas, si bien no satisfacen nuestra pretensión, tampoco nos dejan en absoluto desacuerdo. Entendemos que hay un criterio judicial, no lo vamos a cuestionar desde el punto de vista procesal y lo que mi representado hoy necesita es terminar esta etapa, aunque sabemos que eventualmente la defensa va a recurrir. Nos vamos a enfocar en mantener las condenas actuales, porque entrar a apelar va a ser enlodar todo y  sobre todo para mi representado, podría significar una revictimización”.

-En el desarrollo del juicio, una abogada tomó la representación de Anita y planteaba una suerte de vuelco en el caso. ¿Qué se dijo en juicio?

“De hecho, para nosotros es importante hacer esta nota principalmente por esto, por ese tipo de comentarios, por la poca seriedad que se tomó por parte de otra colega, al hablar de hechos que no fueron manejados en la causa, que no fueron acreditados bajo ningún punto, ni siquiera como móvil. Si bien fueron declaraciones que en algún momento hicieron los imputados y que son de público conocimiento, en el sentido de que era una ‘teoría’, no hay una acreditación, no hay prueba contundente”.

-Esto en relación a los presuntos abusos por parte de don Aníbal...

“Presuntos abusos, de los cuales, hacia atrás en la fecha de los hechos, nunca hubo una denuncia, nunca hubo algún tipo de antecedente respeto de don Aníbal y para la familia eso resulta total y absolutamente atentatorio contra su derecho a la intimidad, su derecho a la honra, principalmente porque no hay una judicialización de esos aspectos. Nosotros entendemos que fue una estrategia procesal para poder justificar el por qué se cometió el delito. Ahora, esta abogada hasta el momento no es la defensora, ella renunció al patrocinio y quien defendió a Anita desde el primer momento fue la Defensoría Penal Pública”.

-Hubo una declaración del co-imputado en audiencia que intentaba, derechamente, exculpar a Anita.  ¿Cómo ven ese antecedente?

“Entendemos que finalmente fue una estrategia de la defensa, que es total y absolutamente válida, pero que no fue lo suficientemente contundente como para sostenerla, porque ni siquiera el tribunal la estimó como una colaboración dentro del juicio. La atenuante de colaboración se estableció principalmente por la primera declaración que hace don Andrés. Esa nueva declaración, si bien no lo esperábamos como querellantes, entendíamos que podía pasar”.

-¿Cree que la defensa cuenta con algún argumento de peso para plantear esto en instancias superiores?

“No. Nosotros mantenemos nuestra postura en que son co-autores. La forma en que estimó el tribunal y valoró la prueba es la correcta, que no hay vicio de ningún tipo y tampoco hay vulneración de garantías constitucionales. Esto se hizo conforme a derecho, conforme a diligencias investigativas que eran adecuadas (…). También creemos que los argumentos que han planteado no son del todo lógicos. Tienen carencias grandes respecto de temas procesales y al carecer de ello, no creo que logren dar vuelta el caso, ni mucho menos absolver a Anita, que -entendemos- es la finalidad de impetrar un recurso”.