ALTA OCUPACIÓN EN LOS RECINTOS PENITENCIARIOS

Gendarmes agotados y hacinamiento: la realidad de cárceles de la región

El Presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (ANSOG), Provincial Elqui y Secretario de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), Jokan Garrido, advierte que bastaría con que llegaran 20 internos para que Huachalalume colapse.
domingo, 7 de mayo de 2023 · 11:33

Desde hace un tiempo, dirigentes de Gendarmería de la Región de Coquimbo vienen alertando respecto a la situación de la ocupación en los distintos recintos penitenciarios de la Región de Coquimbo, debido a que al menos 3 de los 5 establecimientos disponibles para estos fines, estarían colapsados.

Respecto a esto, el Presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (ANSOG), Provincial Elqui y Secretario de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), Jokan Garrido, aseguró que en el Complejo Penitenciario (CP) Huachalalume, donde ejerce labores, la situación es crítica.

“En el CP Huachalalume, actualmente tenemos 2278 internos y nuestra capacidad máxima es de 2318, pero como tenemos dependencias que están en malas condiciones y considerando que llegan internos regionales de prisión preventiva todos los días, más internos de otras regiones, lo más probable es que si llegarán 20 personas ya estaríamos colapsados”, alertó el dirigente.

Ahondando en esto, Garrido explicó que en Huachalalume tienen módulos de 120 internos y otros de 80, agregando que “lo normal es que cada uno de los módulos esté cubierto por un gendarme, pero cuando tenemos grandes cantidades de funcionarios con permisos estatutarios, -por vacaciones, días administrativos o licencias médicas-, hemos llegado a tener hasta 2 o 3 funcionarios, para alrededor de 400 internos”.

Garrido también advirtió que en los Centros de Detención Preventiva (CDP) de Ovalle e Illapel están al límite de su capacidad, ya que tienen alrededor 250 y 180 internos respectivamente, por lo que según él, “hay hacinamiento, porque son unidades pequeñas y además son infraestructuras viejas, con malas condiciones sanitarias, tanto para la población penal, como para los funcionarios, sumado a que estos son pocos, -aproximadamente 80 en Ovalle y 60 en Illapel-, y tienen que cumplir con las labores administrativas y trato directo a la vez”.

A la problemática de la cantidad de internos se suma la peligrosidad de estos, puesto que según lo relatado por Garrido en Huachalalume “hay reos que son miembros del Tren de Aragua y de otras bandas organizadas internacionales, de hecho, aquí tenemos la contaminación criminológica de mayor gravedad en Chile, ya que hay 147 internos de Población Penal de Riesgo (PPR), y ni siquiera en Colina 1 y 2 o en la Penitenciaría hay esa cantidad”.

El gendarme también hizo hincapié en que a esta situación, se debe sumar la falta de implementos, alegando que “aunque nosotros tenemos trato directo con la población penal, no trabajamos con armamento, solo con el bastón institucional que entrega el servicio y los oficiales con grado de sargento para arriba con un sable, lo que muchas veces no se usa, porque podría ser un arma de doble filo”.

“Uno ingresa esperando salir vivo, porque es uno de nosotros enfrentando a los internos, no hay refuerzo y ellos podrían sublevarse, solo a través de las cámaras podría detectarse alguna agresión para poder actuar, sin embargo aún existe el respeto por nuestra institución”, expresó Garrido.

En lo que respecta a las posibles respuestas o soluciones que esperan de las autoridades a cargo, el dirigente argumentó que “nosotros queremos que se subsane la falta de capital humano en todas las regiones, pero sobre todo en la zona norte, ya que poca gente quiere trabajar aquí, debido a que la calidad de vida es muy cara versus los ingresos y la gran mayoría de los internos de alta peligrosidad están en los centros penitenciarios del norte, y aunque afortunadamente no hemos tenido funcionarios asesinados por la población penal, si hemos tenido heridos de gravedad y hemos recibido amenazas”.

Sumado a esto, Garrido agregó que “queremos que se mejoren las dependencias y se nos dote de implementos de seguridad, ya que el 80% de las veces, son los mismos funcionarios quienes tienen que financiar botas y parkas, -entre otros-, para complementar el uniforme”.

“En septiembre del año pasado, el Gobierno anunció que nuestra región sería una de las seis que recibiría recursos para aumentar los implementos de seguridad, pero hasta el momento no ha pasado nada y acá ni siquiera tenemos un chaleco anti cortes para cada funcionario, hay 1 para hasta 4 funcionarios, los que perfectamente podrían ser atravesados por las lanzas que fabrican los reos, que pueden llegar a medir hasta 3 metros”, recalcó el gendarme.

Además de esto, Garrido dijo que “esperamos que mejoren las dependencias, porque estas van empeorando año a año, pero hasta el momento no hemos tenido una respuesta concreta respecto a esto”.

“Nosotros solidarizamos con Carabineros completamente, porque ellos son la primera línea de contención frente a la delincuencia, pero nos gustaría que se nos brindara el mismo apoyo”, manifestó el dirigente, refiriéndose al apoyo brindado a las policías por parte del Gobierno.

Cabe destacar que si bien el Complejo Penitenciario (CP) de Huachalalume es el más grande la región, en el territorio también están los Centros de Detención Preventiva (CDP) de Ovalle, Combarbalá, Illapel y Vicuña, el que está destinado para reclusión nocturna, además del Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado (CIP-CRC) en La Serena, mejor conocido como el Hogar de menores “Talay”.

 

Redistribución de internos

Al ser consultados por este tema, desde la Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región de Coquimbo evitaron referirse al tema, señalando que ya habían dado una respuesta en ocasiones anteriores a este medio por este mismo tópico.

Con relación a esto, se tiene que a mediados de marzo de este año, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Coquimbo, Rubén García informó al diario El Día que el ministerio estaba realizando un levantamiento de información sobre el estado actual de las cárceles, en términos de ocupación, infraestructura y habitabilidad, informe que la ya habría derivado al nivel central.

En esa oportunidad, también anunció que “como ministerio estamos trabajando en la elaboración de nuevos protocolos, para determinar la redistribución de internos tomando en cuenta su nivel de peligrosidad y se actualizarán los reglamentos penitenciarios”.

Ante la consulta específica por esta eventual redistribución de internos, -según su nivel de peligrosidad-, a nivel regional, desde la Seremi se indicó que la respuesta debía ser emanada desde Gendarmería, ya que ellos son los mandatados a encargarse de los traslados de internos de una unidad a otra.

 

Respuesta de Gendarmería

Por su parte, al preguntarle al Director Regional de Gendarmería, Coronel Luis Muñoz sobre este tema, este contestó que Gendarmería de Chile, en el contexto del Plan Nacional de Seguridad Penitenciaria enmarcado en la Política Contra el Crimen Organizado, cuenta con una estrategia regional y nacional de traslados de internos.

“Ante una situación de sobrepoblación que requiera la movilización de población penal desde y hacia otros centros, se activa y se implementa esta acción de manera proactiva y resguardando la seguridad de la sociedad en su conjunto”, puntualizó el Director.

El Coronel Muñoz, también especificó que Gendarmería de Chile “aplica esta estrategia con internos de baja condición de peligrosidad y/o prontos al término de su condena, y que además su traslado no considere un riesgo para la sociedad ni a otros centros penitenciarios”.

“En este proceso, se adoptan todas las medidas de seguridad para la comunidad, para las autoridades correspondientes y es parte de la estrategia de Seguridad Pública”, sostuvo el Coronel.