Estas son las alternativas para ubicar desaladora en la región de Coquimbo

Fue en septiembre pasado cuando el Ministerio de Obras Públicas, dio a conocer su cartera de concesiones para el periodo 2022-2026.  Ello, en un contexto de contracción económica al que se enfrenta hoy el país y en particular, la Región de Coquimbo.

En total, son 13.258 millones de dólares que el ministerio pretende invertir en los próximos cuatro años, cartera que incluyen iniciativas de diversos tipos que van desde licitaciones de carreteras, aeropuertos, tranvías, cárceles, y teleféricos, hasta el megaproyecto del tren rápido Santiago-Valparaíso.

En lo que respecta a la Región de Coquimbo, destacan dos obras: la concesión de la Ruta 5 La Serena - Los Vilos, por 718 millones de dólares, y el llamado a licitación para una planta desaladora por 286 millones de dólares.

Sobre esta última iniciativa está previsto que el llamado a licitación de la desaladora sea en 2025, según estableció el calendario del MOP, periodo que desde algunos sectores observan con preocupación de no haber cambios en la pluviometría que pueda modificar el delicado panorama hídrico de la región y que generalmente, estos proyectos tardan en desarrollarse y entrar en operación en casi una década.

En el marco de un webinar desarrollado por el Consejo de Políticas de Infraestructura, CPI, realizado este martes, dedicado justamente a analizar los proyectos de desalación que están contemplados en la Cartera de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, uno de los proyectos que se revisó fue justamente el que atañe a la Región de Coquimbo.

Adolfo Martín, director de Contratación Internacional de la empresa Cadagua, filial de la multinacional española Ferrovial S.A., y cuya expertís se centra, precisamente, en tratamiento de agua y desalación, siendo la actual titular de este proyecto, dio a conocer algunos detalles del actual estado de la iniciativa.

Declarado de interés público por parte del MOP, cabe recordar el proyecto tiene como objetivo dotar a la región de un sistema de desalanización para responder a la creciente demanda de agua de la región.

En ese sentido, el proyecto se encuentra iniciando la llamada Fase 1, en donde se desarrollará la iniciativa en cuanto a pre diseño, realizando las ingenierías básicas que corresponden en esta etapa (topografía, batimetría, etc).

Previamente, sin embargo, en la llamada Fase 0, se seleccionó, entre otros estudios, la que podría ser la ubicación de la futura planta al momento de construirse.

Al respecto, Adolfo Martín, director de Contratación Internacional de Cadagua, explicó que “se plantearon cuatro alternativas de proyectos para cubrir la demanda de agua de las tres cuencas de la región y su localización: la alternativa 1, con la planta localizada al norte de La Serena para brindar servicios a la cuenca del Elqui, la alternativa 2, al sur de Coquimbo, en La Herradura, para dar servicios en una única planta a las cuencas de Elqui y Limarí, la alternativa 3, con la planta localizada en Talinay para dar servicios a la cuenca del Limarí y por último, la alternativa 4, con una planta ubicada en Los Vilos, para dar servicios a la cuenca del Choapa”.

Martín detalla que para dar con la mejor ubicación, se estableció una serie de criterios para establecer un “orden de valoración”, atendiendo a aspectos tales como ingeniería (complejidad constructiva), demanda y evaluación social (demanda de agua potable y de la actividad agrícola, tiempo de ejecución y rentabilidad social), expropiaciones (plazos y área a expropiar) y medio ambiente y PAC (inserción territorial y compatibilidad con los instrumentos de Planificación Territorial, IPT, y potencialidad de ampliar el servicio).

Con esos criterios, afirmó Adolfo Martín, “se escogió la alternativa 1, con la planta localizada al norte de La Serena y dando servicios a la cuenca del Elqui”. No obstante lo anterior, agregó, “el Ministerio de Obras Públicas, mediante oficio de paso a Fase 1 en diciembre de 2021, instruyó también para que se continuara con la alternativa 3, localizada en Talinay y para dar servicios a la cuenca del Limarí”.

Según Martín, ahora el desafío es desarrollar las fases 1 y 2 del proyecto de desaladora según el calendario tentativo del MOP, “es decir, comenzar la fase 1 en el último trimestre de 2022, la fase 2 en el último trimestre de 2023 (anteproyecto y estudios definitivos), con el objetivo de licitar y adjudicar la concesión en el año 2025”.

LENTITUD

Pero más allá del proceso normal fijado para la tramitación de esta desaladora, lo que preocupa es el contexto en que estos proyectos se desarrollan, pues el marco regulatorio y la falta de capacidad técnica son vistas como frenos para el desarrollo de desaladoras.

Eso fue parte de los temas que se conversaron en el webinar organizado por el CPI, en donde su presidente, Carlos Cruz, señaló que, al tener en contexto de cambio climático que afecta al país, “muchas de las medidas de gestión que se están implementando no son suficientes. Cuando uno ve las cifras de cómo ha evolucionado el recurso hídrico en los últimos años, se da cuenta de que aquí hay un cambio que es muy radical, y como cambio radical creemos que es importante abordarlo, pensando en que los proyectos de esta naturaleza (las desaladoras) tienen tiempos de maduración hasta que comienzan a prestar sus servicios”, dijo.

Agregó que si se parte ahora con ello, “deberíamos estar a finales de estas décadas o a principios de la próxima, ya contando con fuentes de recursos hídricos adicionales que nos permitan enfrentar este cambio. Son al menos diez años y, por tanto, si no le damos el sentido de urgencia ahora, creemos que podemos llegar tarde y muchas veces nos ha pasado en el país que llegamos tarde con nuestras propuestas de infraestructura”.

Por su parte, Luis Felipe Elton, jefe de División de proyectos de la dirección de Concesiones del MOP, expresó que los proyectos de desaladoras “han sido recomendados por el consejo de concesiones, vamos a desarrollar las primeras fases de los estudios, pues son proyectos interesantes que tienen rentabilidad social”.

En ese sentido, reconoció que la institucionalidad todavía está al debe en el aspecto técnico, especialmente en cuanto a contar “con un mandante público que sea decidido, y que tenga las competencias y los conocimientos adecuados”. 

Desde la Asociación Chilena de Desalinización, ACADES, su secretario ejecutivo, Francisco de la Barra, puntualizó que “en los casos en que el sistema de concesiones se plantee como una opción para desarrollar estos proyectos, debieran efectuarse ajustes importantes al marco legal y regulatorio, especialmente para acelerar proceso administrativo y traspasos de riesgos que hoy el MOP no está dispuesto a asumir y que terminan en un mayor costo para el usuario final”.