Funcionarios públicos en alerta ante fecha límite para desvinculaciones

Se acerca el 30 de noviembre, día que genera ansiedad y nerviosismo entre los funcionarios del sector público, ya que es la fecha tope para dar a conocer qué funcionarios a contrata verán renovados sus funciones un nuevo año y quienes no. Respecto a esto, fuentes cercanas al diario El Día, señalaron que en el Gobierno Regional (GORE) y otros servicios públicos de la región se estaría barajando remover a algunos funcionarios de sus puestos para destinarlos a otros e incluso se habla de que, simplemente, no se renovará el contrato de varios trabajadores.

Pese a esto, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) de la Región de Coquimbo, Patricio López, aseguró que “aunque hay rumores al respecto, lo cierto es que hasta el momento ningún dirigente de los distintos servicios nos ha avisado de que vayan a desvincular gente, pero de todas formas, se debe tener en cuenta que por lo general esto se avisa el mismo día 30”. 

En apoyo a esto, López garantizó que ya están preparados en caso de que se notifique su desvinculación a algún funcionario.
“La ANEF apoya jurídicamente a los funcionarios y a las asociaciones, de hecho, estas tienen la obligación de reportar a quienes presentan continuidad de servicios o desvinculación a través de unas plantillas el día 30, lo que es clave para ver si tenemos que dirigirnos directamente a la Contraloría o Tribunales, porque se debe analizar caso a caso”, especificó López. 

Para el presidente regional de la ANEF, esto es importante, ya que “la experiencia nos dice que no podemos dejar estas cosas a última hora, por eso, contamos con un grupo de abogados pertenecientes a los distintos servicios públicos, quienes apoyamos a todos estos funcionarios”. 

En cuanto a las desvinculaciones llevadas a cabo durante el Gobierno Regional de Krist Naranjo, López recalcó que según la información que manejan, solo se ha dejado de renovar contrato a personas que cuentan con “confianza legítima” de la gobernadora regional y aquellos trabajadores que han sido sancionados por sumario.

Por su parte, la presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de los Gobiernos Regionales (FENAGORE), Náyade Aguirre, puntualizó que “en otros Gobiernos Regionales del país, ya se dieron las cartas notificando renovación de la contrata para el año 2023, tal y como lo hicieron algunos Intendentes en años anteriores, porque aunque la ley señala que para no renovar o despedir, no se puede hacer más allá del 30 de noviembre, si se puede entregar antes de la fecha”.

En cuanto a esto, fuentes del GORE, -quienes prefirieron resguardar su identidad-,, argumentaron que estas notificaciones no se habrían entregado, porque Krist Naranjo aún no habría tomado una decisión al respecto, lo que se debería a que la gobernadora y su círculo de confianza estarían ocupados con la investigación que está llevando a cabo la Contraloría en el GORE, a raíz de las denuncias realizadas por maltrato y acoso en su contra. 

Al ser consultada respecto a si se han reunido con la gobernadora regional o si es que manejan información respecto a los funcionarios que verían sus contratos renovados, la presidenta de la Asociación de Funcionarios del GORE de Coquimbo, Beatriz Hidalgo, evadió la pregunta e indicó que como directiva están atentos al proceso de renovación de las contratas, agregando que “no daremos entrevistas con el objeto de respetar los procesos administrativos internos y resguardar la dignidad y tranquilidad de nuestros funcionarios, quienes han sido informados de las gestiones que hemos llevado a cabo ante la jefatura superior del servicio”.

El consejero regional por la provincia del Choapa, Cristian Rondanelli, también se refirió a este tema, y cuestionó, “yo me pregunto si es que durante noviembre, la presidenta de la Asociación de Funcionarios del GORE de Coquimbo, Beatriz Hidalgo, se reunió con la gobernadora para tratar este tema y plantearle su preocupación referente a los funcionarios”. 

En apoyo a esto, el consejero regional recalcó que “a mí me preocupa que el 30 de noviembre nos encontremos con alguna sorpresa, pero por mi parte, -y creo que el Consejo Regional se plegara a esto en pleno-, estaremos dispuestos a defender a los funcionarios del GORE, porque ellos no son responsables de las gestiones de las jefaturas de confianza de la gobernadora, ante la situación de ejecución presupuestaria que estamos viviendo”. 

La abogada y magíster en Derecho Público, María José Lira, -quien en numerosas ocasiones ha defendido a funcionarios públicos en este tipo de situaciones-, explicó que “en el caso de los funcionarios a contrata, las renovaciones y las no renovaciones tienen que informarse con 30 días de anticipación, por eso la fecha límite es el 30 de noviembre”.

“El caso de los honorarios es más precario que el de los contratas, porque se supone que están contratados para labores específicas, a las que se les puede poner término en cualquier momento, ante lo que pueden acudir al Juzgado Laboral, para que se les reconozca su relación laboral, se les aplique las normas del Código del trabajo y puedan lograr que les paguen por sus años de servicio, aviso previo y algunas indemnizaciones extras”, indicó la abogada.