Camioneros de la zona siguen en paro pese a acuerdo de algunos gremios

Luego de largas jornadas de negociaciones con el rubro de transportistas de carga, -y tras las declaraciones emitidas por el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, quien emplazó a los camioneros por falta de fundamentos para llegar un acuerdo, insistiendo en que es el sector privado el responsable de ajustar las tarifas que les pagan a los transportistas-, la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) y la Federación de Dueños de Camiones de la Región de Valparaíso (FedeQuinta) anunciaron este domingo haber llegado a un acuerdo con el Gobierno para deponer sus paralizaciones.

En cuanto a los puntos acordados en dicho acuerdo, el delegado presidencial regional de Coquimbo, Rubén Quezada señaló que en estos se incluyen la mantención de la vigencia del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO), mediante el incremento de $1.500 millones de dólares para este fondo, a través del proyecto de Ley de Presupuesto 2023, lo que en sus palabras, “es un beneficio para todos los chilenos, porque regula las alzas de todos los combustibles”.

Además de esto, en el acuerdo se estableció que el Ejecutivo enviará un proyecto de ley, para que el precio del diésel se mantenga sin cambios por un plazo de 120 días, a través de un mecanismo transitorio, y tras este período se considerarán ajustes cada 21 días, con un máximo de 15 pesos por litro, por un año.

También se incluyó la extensión de la vigencia del beneficio de reintegro parcial del impuesto específico al menos por un año; y la conformación de una mesa de trabajo encabezada por los Ministros de Transportes y Economía, la que además ser integrada por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y representantes de Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC) con el fin de abordar mecanismos que permitan ajustar la tarifa de los generadores de carga del transporte, ante las eventuales fluctuaciones del precio de los combustibles.

“Como el Gobierno no se puede hacer cargo de un conflicto entre privados, levanta esta mesa con dos ministros para liderar el proceso de acuerdo entre los productores y los transportistas”, detalló el delegado presidencial.

Sumado a esto, se contempló el mejoramiento de las condiciones de seguridad de las zonas de descanso y el diseño de un plan operativo de Carabineros, para mejorar la seguridad en las carreteras en temas de iluminación, barreras de protección, señaléticas, entre otras cosas.

Al ser consultado por la negativa de la Confederación de Camioneros Fuerza del Norte y la Confederación de Camioneros Centro-Sur, -desde donde se indicó que mantendrían sus movilizaciones-, el delegado afirmó que “más que centrarse en los descolgados, hay que resaltar que aquí hay un acuerdo de 7 agrupaciones distintas de todo el país”.

“La gran mayoría de los gremios recibió bien este acuerdo y aunque obviamente algunos no quedarán conformes, no se puede desconocer que históricamente esta es la propuesta más onerosa que ha hecho un Gobierno en estas materias”, recalcó el delegado presidencial.

Ahondando en esto, Quezada destacó que “cuando recibimos el Gobierno, el MEPCO contaba con 750 millones de dólares y en esta administración la cifra se incrementó a 3000, a los que se suman estos 1500 millones de dólares, sumado a la estabilización del diesel, que es lo que más utilizan los camioneros y todo en un contexto de variaciones internacionales, lo que implica que el país completo está asumiendo el riesgo de destinar recursos para mantener fijo este precio”.

En cuanto a las medidas que podrían tomarse si eventualmente las movilizaciones se mantuvieran en la región, el delegado presidencial sostuvo que “la gente es libre de manifestarse, pero lo que hemos visto es un llamado directo a bloquear las rutas y como dijo el subsecretario Monsalve, esa no es una afrenta al Gobierno, es un ataque a todo el país, incluyendo a los damasqueros de Salamanca, a los hospitales que necesitan sus insumos médicos y a cualquier ciudadano que quiera realizar su vida normal”.

Quezada también argumentó que “aunque no puedo asegurar cómo van a reaccionar cada una de las personas que está apostada en la ruta, sí puedo garantizar que nosotros haremos valer el Estado de Derecho y mantendremos las rutas despejadas”.